Comunicaciones

Notas aclaratorias del Embajador de República Dominicana en Washington

Noviembre 14, 2013
Señor
Carl Meacham
Center for Strategic and International Studies
Washington, DC
Señor Meacham:

Me ha decepcionado profundamente su reporte sobre la presente e inmediatamente pasada situación política del país, que bajo el título “The Dominican Republic: Becoming a one-party state?” fue primeramente filtrado a la prensa internacional y dado a conocer después en un evento del Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) el martes 12. Poco ecuánime y cargado de errores de apreciación mayúsculos, presenta un cuadro distorsionado de la República Dominicana en un flaco servicio al debate académico y a la libre discusión de las ideas que patrocina el CSIS. El listado de personas con quien usted se entrevistó durante el trabajo de campo, colocado al final, evidencia en parte el desequilibrio: de 14 dominicanos consultados, once son políticos de la oposición o personas que han mantenido sistemáticamente puntos de vista adversos a las administraciones del partido de gobierno actual, el Partido de la Liberación Dominicano (PLD).

Más que a un ejercicio académico, el análisis se aproxima a una recopilación de las quejas de los desafectos a las políticas oficiales, a una repetición de juicios de valores con poco o ningún asiento en hechos concretos o evidencias empíricas. Sobresalen los fallos de lógica y todo un serial de conclusiones non-sequitur que roban fortaleza académica al reporte y lo reducen a un amasijo de suposiciones, insinuaciones tendenciosas y proposiciones insubstanciales. En fin, estamos ante un ejercicio torpe de la sabiduría convencional a que aludía Galbraith.

Tanta ligereza conduce a afirmaciones como la siguiente: “Dado que el sistema judicial es visto fuertemente influenciado por el PLD, una cultura de impunidad se ha apoderado de la isla caribeña, en tanto más y más ciudadanos procuran medios extrajudiciales para resolver disputas y administrar conflictos”. ¿Dónde están las evidencias para apuntalar un juicio evidentemente desproporcionado y que reduce temerariamente el país a un Estado sin derechos?

Por otro lado y de manera incorrecta, el tema de los haitianos residentes en la República Dominicana aparece incorporado al área de las relaciones nuestras con los Estados Unidos, como si se tratara de un problema regional o global y no de la incumbencia exclusiva de dos países que comparten la isla de la Española.

La realidad latinoamericana enseña que cuando fracasa el sistema de partidos tradicionales, rápidamente surgen nuevas opciones electorales. Venezuela es el mejor ejemplo. Argumentar que el apoyo electoral al PLD se mantiene elevado debido “a la ausencia de una alternativa viable” contraría esa experiencia. La República Dominicana, por ejemplo, tiene una de las participaciones electorales más altas del Continente, prueba de la vitalidad del sistema de partidos no obstante las deficiencias que estos puedan tener como vehículos de intermediación política en una sociedad democrática. E, incluso, su documento admite que el PRD ha obtenido más del 40% del voto, tanto en las elecciones legislativas del 2010 (41.71%) como en las presidenciales del año pasado (46.95%).

La brújula se pierde cuando usted pretende desvincular la quiebra del banco Baninter de la corrupción cercana a la figura presidencial en el período de gobierno perredeísta. Basta recordar que los gastos presidenciales en el exterior eran pagados con una tarjeta de crédito de ese banco, llamada Pepecard por el apodo del asistente del presidente Hipólito Mejía, aún a su lado, que la manejaba. En este enlace, http://es.groups.yahoo.com/group/foroperiodistas/message/3083, podrá encontrar algunas informaciones para la formación de un mejor juicio al respecto. Pasa usted por alto, además, el uso de fondos salidos de las bóvedas del Baninter para sobornos y la condena de funcionarios por el escándalo del Plan de Renovación de Vehículos (RENOVE). Empero, faltaría a mis obligaciones diplomáticas y erraría en mi propósito aclaratorio si, como su reporte, mis observaciones se convirtieran en baremo de más o menos corrupción de acuerdo al sello partidario de la administración de turno.

La corrupción afecta en igual o mayor medida a todas las sociedades del mundo. Como señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe sobre los derechos humanos en el país, es un mal que toca por igual a los sectores público y privado en la República Dominicana. Combatirla es de rigor, y en ese tenor se inscribe todo el andamiaje legal edificado en los últimos ocho años para hacer más transparente la función pública. Hoy en día, por ejemplo, un estricto régimen de licitaciones abiertas rige las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Nos falta un largo trecho por recorrer, es cierto, pero también una efectiva alianza de todos los sectores para el florecimiento de una cultura ciudadana diferente.

La corrupción no implica solamente la substracción o malversación de fondos públicos. Hay otra más perversa y dañina que es la subversión de las instituciones. Frank Moya Pons, con creces el mejor historiador dominicano y quien fue secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Mejía, dice lo siguiente en la última edición de su Historia de la República Dominicana: “Desde el principio de su administración, Mejía había sorprendido mostrando un gran desdén por la solemnidad del puesto que encarnaba y se refería a la Presidencia como “este carguito”.

“Frecuentemente aparecía en los medios de comunicación refiriéndose a sus adversarios y críticos en términos despectivos y haciendo uso de un lenguaje vulgar que ofendía hasta a sus propios compañeros.

“Muy pronto los dominicanos descubrieron que Mejía tenía un serio problema de personalidad porque no podía conversar más de unos minutos, tanto en privado como en público, sin usar fuertes interjecciones acompañadas de explícitos contenidos sexuales y expresiones sexistas y machistas.

“Por tanto, cuando Mejía expresó que quería ser el candidato presidencial del PRD, muchos de sus compañeros de partido se opusieron abiertamente a sus intenciones.

“El resultado fue una amarga batalla política dentro del partido oficial que desacreditó aún más tanto a Mejía como a su gobierno y a su partido político”.

La consecuencia de esa batalla ha sido la división del Partido Revolucionario Dominicana (PRD). Súmese al caos perredeísta la lucha por la candidatura presidencial para las elecciones del 2016. Atribuir la fractura del partido más importante de la oposición al acuerdo entre su presidente, Miguel Vargas Maldonado, y el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, para votar la Constitución más progresista que ha tenido el país, es repetir las fórmulas manidas que se barajan en un litoral perredeísta, y cuyos voceros más conspicuos aparecen en el listado de sus informantes en Santo Domingo.

El pacto fue una muestra de civilidad, aupada por una clara voluntad ciudadana de dotar al país de un instrumento legal a tono con los nuevos tiempos como quedó demostrado en las intensas jornadas de consulta popular a todo lo largo y ancho del territorio dominicano, durante casi dos años. Sin preocupación alguna por la verdad, ese acuerdo es presentado en el informe como una conjura y no como la concertación indispensable para avanzar una agenda de desarrollo, al margen de consideraciones partidistas.

Para su correcta información, debo señalarle que la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura antecede a la Constitución del 2010. Su establecimiento, mediante la reforma constitucional de 1994, representó un avance notable dado que anteriormente correspondía al Senado tal selección, con el consecuente tráfico de influencia y repartición de cuotas de poder en la judicatura. En la continuación de su línea de parcialidad, se presenta el Poder Judicial durante la administración de Mejía como más probo e independiente. Se le olvidó que los jueces de la más alta corte de justicia de ese entonces fueron escogidos durante la primera presidencia de Leonel Fernández. Los demás magistrados han surgido de un proceso responsabilidad del Consejo del Poder Judicial, al margen del Poder Ejecutivo. Si la selección más reciente, obligatoria por haber caducado la vigencia de la anterior Corte Suprema, correspondió a un Consejo Nacional de la Magistratura con mayor representación oficialista, culpa es, pues, del electorado dominicano que barrió al PRD del Senado de la República y lo disminuyó grandemente en la Cámara de Diputados. Esa fue la voluntad del pueblo dominicano, como también lo fue la elección de Danilo Medina, del PLD, como reemplazo de Fernández, quien, contrario a Mejía, no modificó la Constitución para continuar en el poder.

Pese al reconocimiento internacional de independencia creciente del Poder Judicial, no obstante las fallas propias de una democracia inmadura, el reporte opina lo contrario basado en apreciaciones meramente subjetivas. Traída por los cabellos aparece en el reporte la acusación de uso del Estado para agenciar fondos a favor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) creada por el presidente Fernández. Nueva vez, en un olvido sospechoso, se obvia un punto de importancia capital: la acusación caminó todos los tramos del sistema judicial en la República Dominicana hasta ser desestimada en la última instancia, la Suprema Corte de Justicia.

El ataque velado y abierto al Poder Judicial de la República Dominicana, sostenido en la premisa falsa de que la corrupción y la infiltración de elementos criminales del narco obedecen a la preponderancia de un partido, carece de fundamento. ¿Puede la corrupción por sí sola conducir a un Estado de partido único? Peor aún, sus conjeturas sobre el narcotráfico se estrellan contra las evaluaciones más exigentes al combate de ese flagelo en el país. Por ejemplo, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, indica en un reporte: “Del 2004 al 2008, la evaluación de riesgos apunta a un número significativo de vuelos con drogas desde Venezuela que contrabandeaban cocaína y otros narcóticos a la República Dominicana. Desde esa fecha, el gobierno dominicano ha encabezado un esfuerzo agresivo de interdicción, enfocando la actividad anti-narcóticos en la frontera sur y reduciendo efectivamente el número de vuelos con drogas en el país. En el 2011, la vigilancia del espacio aéreo en el Caribe basada en el uso intensivo del radar reveló una reducción significativa de los vuelos cargados de drogas que ingresaban a la República Dominicana”[1].

Están disponibles los últimos informes del Departamento de Estado sobre los esfuerzos de los países para combatir el tráfico de substancias ilícitas. En ellos salimos con buenas notas y se hace mención explícita de la coordinación eficiente y la cooperación del país. De igual manera, la República Dominicana ha recibido el reconocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por la pronta respuesta a los reclamos de extradición de personas acusadas de narcotráfico.

Por igual arte de factura dudosa, reaparece el déficit presupuestal de los últimos años y se acomoda al expediente de que se trata de un hecho delictuoso. De serlo, los mandatarios de la mayoría de los países desarrollados estarían bajo la acción de la justicia. El faltante presupuestal, que se presenta en el informe con cifras contradictorias de un 50% por un lado y 8% en otro, ha sido reducido de acuerdo al programa fiscal fijado por la administración del presidente Medina, esfuerzos valorados por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina. Se transita sin obstáculo a la meta de situarlo en corto plazo en solo 2.8% del producto y luego eliminarlo. La política fiscal es una herramienta que ha probado ser un estímulo eficaz en tiempos de ralentización de la actividad económica. En la mayoría de los países, las medidas fiscales expansivas fueron consecuencia de la crisis financiera del 2008 que afectó con particular dureza a las economías desarrolladas y cuyos efectos negativos se extendieron por el mundo globalizado.

Llamémosle al desaguisado un error de categoría, o sea la identificación de lo que claramente usted considera malas políticas públicas (endeudamiento, falta de medidas para disminuir la inequidad) con la dominación de un solo partido. No tenemos un sistema parlamentario proporcional sino un gobierno encabezado por un solo partido cuyas políticas pueden ser buenas o malas. ¿O acaso se pueden atribuir los déficits insostenibles de todos esos países europeos a que tienen democracias deficientes? ¿O la enorme inequidad imperante en los EEUU (el uno por ciento de la población en el tope de la pirámide social recibió la quinta parte del ingreso el año pasado, superando el récord establecido en 1928, cuando la gran catástrofe económica) a la ausencia de una oposición?

En la ignorancia adrede o complaciente de los hechos se inscribe la afirmación en el reporte de que a partir del 2004 las políticas públicas han ignorado el tema de la desigualdad y las cuestiones sociales. Por el contrario, la implementación del programa Solidaridad ha tenido un efecto beneficioso en la fábrica social. A un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo corresponde lo que sigue: “En abril del 2010 Solidaridad beneficiaba a uno de cada tres hogares dominicanos -o a un total de 759 mil familias-…Aunque no existen mediciones de impacto propiamente dicho, se sabe que en la República Dominicana la pobreza general se redujo en 7,6 puntos y la pobreza extrema disminuyó de 16,5% en 2004 a 11,8% en 2007, lo cual en buena parte se atribuye a los programas de transferencias condicionadas”[2].

Hay mecanismos de control exigentes y, continúa la evaluación de funcionarios del PNUD, “en Solidaridad la selección de los beneficiarios, el pago de las transferencias y la vigilancia de las condicionalidades no están [a] cargo de una sino de tres entidades diferentes. Este diseño de controles recíprocos disminuye el riesgo de identificación incorrecta de los beneficiarios (puesto que cada familia interactúa con tres agencias separadas) el riesgo de omisiones (que pueden ser detectadas en el trabajo de campo) el de continuación indebida de los apoyos (puesto que las transferencias deben interrumpirse si la familia no cumple sus compromisos o sale de la pobreza) el de desactualización de los registros (por nacimientos, defunciones, cambio de edad de los hijos…) y el riesgo de manejos “clientelistas”, o de fraudes. Por otra parte y dentro del Sistema de Pagos de Subsidios Sociales, el dinero fluye sin intermediarios a la banca privada y de ésta a las familias mediante la “Tarjeta Solidaridad”, que sólo puede usarse para las compras permitidas; en otros PTC por el contrario, los pagos se hacen en efectivo o se abonan a cuentas de ahorro donde la transparencia puede ser menor”[3].

En fin, señor Meacham, su reporte necesita de una reconsideración a fondo para que pueda cumplir el objetivo mínimo de ilustrar a ignorantes de la realidad dominicana sobre cuál ha sido nuestro desempeño en los últimos nueve años. La coincidencia con los despropósitos de algunos sectores de identificar el momento político dominicano con el concepto defectuoso de “dictadura constitucional” es preocupante. Nuestra democracia es imperfecta mas mejora cada día. Reconocemos y combatimos nuestras limitaciones mientras se amplía el horizonte de libertades. A nadie se persigue por sus ideas ni prácticas políticas.

Si la meta trascendente de su reporte era sentar pautas para mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana -actualmente a un nivel de excelencia no visto anteriormente–, propiciar políticas públicas más transparentes, mejorar el clima de negocios y ensanchar la franquicia democrática, lamentablemente debo decirle que ha fracasado.

Muy atentamente,
Aníbal de Castro
El autor es Embajador

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