La izquierda latinoamericana, que entró en una profunda crisis luego de la caída del bloque socialista, comenzó a repuntar de manera sorprendente apenas unos años después aprovechando de manera inteligente los espacios democráticos de participación que las expresiones políticas del liberalismo triunfante en la guerra fría confiaron en poder monopolizar de por vida.
El sistema capitalista mutó hacia sus versiones más agrestes por la ausencia de competencia. Las políticas neoliberales acentuaron significativamente la desigualdad, inaugurándose una etapa de inconformidades crecientes e inestabilidad política en buena parte de la región.
Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Nicaragua y El Salvador pasaron a conformar, junto a la hasta entonces solitaria Cuba, un bloque de naciones progresista que con el paso del tiempo han ido cambiando la naturaleza de los intercambios intrarregionales con la ayuda de nuevas herramientas de colaboración que han reforzado significativamente la independencia de los países.
Tan es así que el propio gobierno de Estados Unidos se ha visto en la obligación de replantearse sus relaciones con los países de la región, poniendo fin a la política de aislamiento que por más de cincuenta años se aplicó contra Cuba.
Pese a los calificativos de intransigente, populista e incapaz empleados contra la nueva izquierda en el poder en América Latina por los rabiosos tecnócratas neoliberales de los partidos de la derecha ahora marginados del poder, lo cierto es que bajo su conducción los distintos países han sabido combinar crecimiento económico con políticas de inclusión social.
Es esto y no otra cosa lo que ha permitido a todos los gobiernos progresistas, sin excepción, renovar sus mandatos en elecciones libres y transparentes.
Incapaz de renovarse, de erigirse en alternativa política confiable para las mayorías y de ofertar algo que no sea un retorno al pasado que la gente ya repudió, la derecha latinoamericana se ha hecho cada vez más renuente a aceptar las reglas del juego democrático.
Eso comenzó a verse claramente con los intentos de golpes de Estado contra Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. También con el extrañamiento del poder de Manuel Zelaya en Honduras.
Con el paso del tiempo esta actitud se ha ido fortaleciendo y generalizando, hasta el punto de que bien pudiera decirse que actualmente está en marcha una ofensiva coordinada de los grupos de derecha en toda la región dirigida a desestabilizar a los gobiernos progresistas. Dicha ofensiva abarca acciones más sofisticadas, mejor coordinadas y mucho más persistentes. Incluye actividades de inteligencia, manejo de la farsa judicial para anular o neutralizar a actores políticos importantes, amplios despliegues propagandísticos con la ayuda de las grandes corporaciones mediáticas, organización y entrenamiento de turbas de twitteros y manipuladores de las redes sociales, financiamiento de las protestas y utilización de organizaciones de la sociedad civil, soportadas económicamente con fondos provenientes principalmente del exterior, para actividades de apoyo de todo tipo.
Todos estos recursos cuidadosamente al servicio de un claro objetivo: desgastar la base de sustentación de los gobiernos, descalificar y destruir moralmente a sus líderes, frenar y revertir los procesos de cambio.
Poniendo en evidencia la existencia de denominadores comunes, la estrategia ha sido la misma en Brasil, Venezuela, Argentina, Chile o Ecuador, los motores fundamentales del proceso de transformación e integración en América Latina.
Enfrentar estos desafíos sin arriesgar su vocación democrática constituye un gran reto para el movimiento progresista latinoamericano, sobre todo en la particular coyuntura que vive la región, caracterizada por la ralentización del crecimiento económico producto del declive en los precios de las materias primas y el natural desgaste político que produce el ejercicio del poder. A estos factores negativos habría que agregar, desde luego, los errores cometidos.
Pese a las adversidades, la izquierda latinoamericana sigue dando muestras de vitalidad, como ocurrió recientemente en Argentina, donde el Frente para la Victoria (FpV), de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se anotó un importante triunfo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) al alcanzar el precandidato oficialista, Daniel Scioli, el 38,4% de los votos frente a un 30% de su contendor más cercano, el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri. Las Paso son una especie de primera vuelta para decidir las fórmulas que podrán presentarse a las elecciones de octubre.
El FpV se impuso en casi todo el país, incluyendo las provincias que habrán de escoger gobernadores, alcaldes y legisladores locales, no obstante la fuerte embestida mediática y judicial a que ha sido sometido el kirchnerismo, que durante 12 años ha ejercido el poder exitosamente en Argentina luego de poner fin al más grave período de turbulencias políticas de los tiempos recientes y de superar la gravísima crisis económica provocada por las políticas neoliberales.
Pero la victoria del kirchnerismo deberá ser ratificada en las elecciones de octubre y, eventualmente, en una segunda vuelta. Todos los analistas coinciden en señalar la importancia que para el FpV tiene alcanzar el triunfo en la primera vuelta de los comicios, para lo cual se precisa un caudal de votos favorables superior al 45% de los válidamente emitidos, o un 40% si se registrara una diferencia superior a los 10 puntos sobre el segundo candidato.
Scioli, actual gobernador de Buenos Aires, logró imponerse en 20 de las 24 provincias del país, pero no logró la mayoría necesaria para alejar el espectro de la segunda vuelta. Sergio Massa, un ex militante del kirchnerismo acusado de traidor, logró una tercera posición al alcanzar su coalición Unidos por una Nueva Argentina (UNA) el 20% de la votación, impidiendo así la polarización de las preferencias electorales.
Daniel Scioli no es un representante del kirchnerismo en su versión más pura, como sí lo es su acompañante de fórmula, Carlos Zanini. Pero el gobernador de Buenos Aires fue promovido como precandidato único del FpV por la presidenta Cristina Fernández, probablemente tomando en cuenta su posicionamiento político electoral y sus comprobadas habilidades para sumar voluntades.
Como aspirante a la presidencia por la coalición de gobierno, Scioli ha insistido en que profundizará lo que haya que profundizar y cambiará lo que haya que cambiar, haciendo las cosas a su manera. Pero se le acusa de ser deliberadamente ambiguo en temas fundamentales. Por eso resulta actualmente una incógnita de qué manera intentará ampliar su nivel de simpatía, si por la vía de la consolidación de su influencia en el kirchnerismo o procurando atraerse a sectores de la oposición a través de la moderación del discurso.
En Brasil el “lulismo” detenta el poder desde el año 2003. Dilma Rousseff logró un segundo mandato, que se inició en enero pasado, es decir, hace apenas unos 8 meses. La oposición, sin embargo, no ha dado tregua. Los métodos son los mismos, insisto: acusaciones judiciales, campañas mediáticas, estímulo a las protestas y un largo etcétera. La oposición, que no logró en las elecciones los votos suficientes para hacerse con el poder, intenta llegar ahora por vía non santa, aunque disfrazada con fórmulas constitucionales, como el “impeachment”.
Las encuestas indican que la popularidad de Rousseff ha disminuido dramáticamente, lo cual tiene algo que ver con el incremento de la inflación y el desempleo. Pero las mediciones también ponen de relieve que aunque los niveles de inconformidad con el gobierno son altos, la mayoría de los brasileños se opone a otorgar ganancia de causa a la oposición apoyando la destitución de la presidenta.
Uno los blancos principales de la actual embestida opositora en Brasil es el expresidente Lula, el gran líder del gobernante Partido de los Trabajadores, a quien se percibe como posible sustituto de Dilma. La idea es desgastar al gobierno y dejar sin opciones al PT.
El gobierno y el PT han tardado mucho en organizar la contraofensiva, confiando quizás en su capacidad para enderezar la economía y, a partir de ahí, rehacer su imagen. La dinámica de los acontecimientos en el terreno político, sin embargo, los ha obligado a reaccionar con un contundente llamado a la defensa de la democracia “cueste lo que cueste”.
En Ecuador el presidente Correa, en el poder desde el 2006, también las tiene difícil. Las protestas contra su gobierno se iniciaron tomando como pretexto la propuesta de un nuevo impuesto a las herencias y a la plusvalía inmobiliaria.
La primera de estas iniciativas establece un impuesto a los herederos que va desde el 2,5 % para las herencias entre 35 mil a 70 mil dólares, el cual aumenta progresivamente según rangos establecidos. El más alto contemplado en el proyecto es del 47,5 por ciento, que se establece sobre las herencias superiores a los 566 mil 400 dólares.
La segunda iniciativa, por su parte, establece un impuesto del 75% sobre el valor adquirido de cualquier inmueble, deducible a partir de la segunda venta. Estas iniciativas no llegaron a la Asamblea Nacional debido a que el gobierno las retiró, con mucho tino. Sin embargo, las protestas han continuado.
Curiosamente la presidenta de Chile, Michel Bachelet, hubo de enfrentar problemas similares justamente después de que el parlamento aprobara su propuesta de reforma tributaria que, entre otras cosas, estableció un alza gradual de los impuestos a las empresas de 20% a 25% al año 2017 y dispuso la eliminación en el 2018 de la disposición que permite a las empresas la posposición indefinida del pago de impuestos sobre sus beneficios si estos son reinvertidos.
El gobierno chileno decidió procurar así los recursos necesarios para una reforma de la educación reclamada por la población y para mejorar los servicios de salud.
Poco después los grandes medios presentaron como un hecho grave de corrupción la concesión de un préstamo a una nuera de la presidenta por parte del Banco de Chile, lo cual se produjo cuando el gobierno estaba en manos de la oposición. Fue el inicio de una feroz campaña que, al igual que en el caso de Rousseff, afectó significativamente su nivel de popularidad.
Como puede apreciarse a partir de los ejemplos analizados, la izquierda latinoamericana actualmente en el poder enfrenta momentos difíciles. Y es más que sintomático que los menos afectados por los factores externos que hoy afectan las economías de la región son actualmente los más estables en términos políticos, como es el caso de Bolivia y Nicaragua.
Pero también adviértase: en Ecuador se movilizan los potenciales beneficiarios de las medidas redistributivas del gobierno. En chile, donde la presidenta Bachelet se armó de coraje para atender reclamos de años de la población, procurando para ello los recursos necesarios a través de una reforma fiscal, se desatan los demonios y casi la destruyen moralmente. En Brasil protestan los que Lula y Dilma sacaron de la pobreza, que hoy están mejor que antes, pero que temen a un retroceso.
Los que durante años se han mostrado incapaces de ganar elecciones intentan a como dé lugar cambiar las cosas. Visto así el panorama se entiende mejor el llamado de la presidenta de Brasil a defender la democracia “cueste lo que cueste”.
