En la recién concluida Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y El Caribe se abordó la necesaria conceptualización de modelos económicos que propicien el desarrollo social inclusivo, como respuesta a los elevados niveles de desigualdad social que persisten a nivel mundial, especialmente en América Latina.
El evento, que organizan la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sirvió para discutir el rol redistribuidor del Estado y la inversión social que corresponde al Gobierno para reducir la desigualdad y lograr desarrollo, que por demás, debe ser integral y sostenible.
Las experiencias de Bolivia, Chile, Ecuador, Jamaica y Colombia, permitieron poner en relieve las reformas que requieren nuestros países en materia fiscal, laboral y social, de manera que la generación de riquezas que hemos experimentado en los últimos 20 años, beneficien, en su justa medida, a toda la población.
Se trata de lo que he resumido en la frase “incluir para progresar y progresar para incluir”.
El tema toma mayor relevancia en un contexto de constricción del crecimiento económico, que ha sido anunciado por la CEPAL, afirmando que “América Latina crecerá sólo 0,5% en 2015”. Nuestro país es excepción a esta situación, dado que las cifras anunciadas de crecimiento serán de 4,8%. Sin embargo, el contexto regional nos sirve para ponernos alerta ante el desenvolvimiento de escenarios futuros y propiciar inversiones sociales en la actualidad que nos permitan mantener los senderos del desarrollo.
La CEPAL está motivando la inversión pública con el objetivo de ampliar “el espacio fiscal al estimular el crecimiento, sin que eso necesariamente implique un incremento en la deuda de los países”. Sin embargo, la inclusión social sólo será posible si un contexto de crecimiento macroeconómico se acompaña de políticas sociales eficientes e innovadoras.
En contextos como este es preciso mantener la trayectoria de aumento del gasto social que ha operado en los últimos 20 años en la región, salvo contadas excepciones. La inversión social debe “convertirse en una prioridad macroeconómica”, para combatir el “cambio de ciclo“ que está viviendo América Latina, al cual se ha referido una autoridad económica en América Latina, Alicia Bárcena.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL ha dicho que “en la actual coyuntura económica, la región tiene así que avanzar hacia pactos fiscales y pactos sociales que permitan que la igualdad sea el motor del desarrollo”.
José María Fanelli, en una publicación reciente titulada “Política fiscal e inversión: un enfoque sistémico y de crecimiento inclusivo”, nos invita a preguntarnos de qué manera se puede recurrir a la política fiscal para promover la inversión, a la vez que nos cuestiona sobre los métodos para transformar la inversión en inclusión social.
Tenemos que priorizar las políticas fiscales de inversión inspiradas en la noción de que hay que “potenciar senderos de crecimiento (…) para aumentar las oportunidades y las capacidades (y) aprovechar las oportunidades que poseen los segmentos “excluidos”; esto es, los agentes atrapados en trampas de pobreza”.
No cabe duda que la necesaria discusión sobre las políticas fiscales y la redistribución del crecimiento económico, centran la agenda mundial, y nos motiva a llevar esta discusión a la agenda nacional, para propiciar políticas económicas que propicien la inclusión y el combate a la desigualdad.
