El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, decidió hace poco abrir un juicio político (impeachment) contra la presidenta del país, Dilma Rousseff. En su cuenta de twitter, Cunha escribió que la destitución de la mandataria es “una exigencia de la calle”.
A Rousseff se le acusa de maquillar el déficit fiscal durante el 2014 para justificar unaumento del gasto social y favorecer así su elección para un segundo mandato en las elecciones que tuvieron lugar a finales de ese año. Como argumento a favor de la acusaciónse hace mención de la resolución del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que pide al Congreso declarar inconsistente el informe sobre las finanzas públicas del 2014 presentado por el Ejecutivo.
Según reveló el propio Kunha, en el expediente contra la presidenta también se mencionan asuntos relacionados con los escándalos de la empresa Petrobras. Se refiere al caso “Lava Jato” (Lavado de Autos o Car Wash), según el cual altos directivos de la empresa petrolerafirmaban contratos a nombre de la empresa a cambio de comisiones por un monto igual al 3% del valor del contrato, dinero que luego se utilizaba para sobornar a políticos y financiar las actividades del partido oficialista. El razonamiento que se hace es que Dilma Rousseff, que estuvo ex oficio al frente del Consejo de Administración de Petrobras en el período 2003-2010, en su condición de ministra del gobierno de Lula, debió estar al tanto de estas irregularidades por lo que se presume su consentimiento.
El juicio político en Brasil requiere de una acusación formal contra el presidente de la nación ante el Senado por parte de la Cámara de Diputados, para lo cual se necesita el voto favorable de las dos terceras partes de sus 513 miembros, o sea, 342 diputados.
Conforme al procedimiento establecido, una comisión especial de la Cámara de Diputados debe conocer el fundamento de la acusación. Si considera que tiene méritos, debe concedera la presidenta un plazo para que presente por escrito sus medios de defensa. Si luego de presentados los medios de defensa la comisión decide continuar el proceso, la presidenta debe dejar el cargo por un período de 180 días. El veredicto de la comisión debe ser presentado al pleno de la Cámara, que decide si presenta la acusación formal ante el Senado, a quien corresponde juzgar sobre el fondo de la acusación. Una eventual destitución de Rousseff requeriría el visto bueno de las dos terceras partes de los votos en la cámara alta (54).
En su primera reacción pública a la apertura en su contra del juicio político en el Parlamento, la jefa del Estado brasileño dijo en tono enérgico que se defenderá con todas las herramientas previstas en la Constitución por considerar que la acusación que se formula en su contra carece de sustento.
“Por la salud de la democracia tenemos que defenderla contra el golpe”, dijo. Y agregó: “No cometí ningún ilícito. No violé nada previsto en la Constitución. No tengo cuenta en Suiza y mi gobierno practicó todos sus actos cumpliendo el principio de la responsabilidad con los recursos públicos”.
Al señalar que no tiene cuenta en Suiza la mandataria aludía a Eduardo Cuhna, quien es actualmente investigado por sus vínculos con el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras y a quien la Procuraduría General de la República acusa de esconder en cuentas bancarias en ese país europeo cinco millones de dólares provenientes del escándalo de sobornos.
Aunque el líder de los diputados pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado del Partido de los Trabajadores de Rousseff, se declaró opositor al gobierno, al que considera responsable de las acusaciones en su contra, formuladas, según dice, con la intención de restarle poder. Cunha logró articular en la cámara baja un bloque de oposición al gobierno del PT liderado por él.
Constitucionalmente, corresponde al presidente de la cámara baja del Congreso decidir sobre la apertura o no de un juicio político contra el jefe del Estado una vez presentada una querella en su contra, potestad que Cuhna venía utilizando para mantener a raya al gobierno e impedir que los legisladores oficialistas votaran en su contra en el proceso que se le sigue en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que pone en riesgo su puesto de presidente y hasta su condición de legislador.
La decisión de dar apertura al juicio político se produce, precisamente, horas después de que los tres diputados del PT integrantes de la Comisión de Ética anunciaran su decisión dedesechar las presiones y votar por las sanciones contra Cuhna.
Semejante actitud del líder de los diputados solo es posible en el contexto de la realidad que actualmente vive Brasil, donde la oposición lleva meses intentando forzar la salida del poder de la presidenta Rousseff y su Partido de los Trabajadores, para lo cual utiliza los mismos métodos de las revoluciones de colores que han tenido lugar en diversas partes del mundo.
Contra el gobierno de la presidenta brasileña se ha llevado a cabo una intensa y permanente campaña de descrédito con la ayuda de los grandes medios locales e internacionales; se hanpresentado acusaciones de todo tipo para desacreditarlo, restarle base de sustentación y descalificar a sus principales figuras; se han promovido protestas populares, con el claro propósito de desestabilizar el país, y un largo etcétera.
Es el mismo esquema que siguió la oposición en Argentina, donde se logró desbancar al Frente para la Victoria en las elecciones celebradas recientemente, algo que estuvo a punto de ocurrir en Brasil y que ha servido de estímulo a la oposición, que ve en la situación económica del país la coyuntura propicia para darle la estocada mortal al gobierno de Rousseff, cuyo nivel de aceptación se sitúa hoy en apenas el 10%.
Brasil vive actualmente una complicada situación económica. El presente año cerrará con una contracción del Producto Interno Bruto de 3,2 %, una inflación del 10% y una tasa de desempleo del 9%.
Como se sabe, en sus 12 años consecutivos al frente de los destinos de Brasil el PT tiene unos logros impresionantes que exhibir en materia de generación de empleos, lucha contra la pobreza, el analfabetismo y la exclusión en sentido general. Durante su gestión la economía brasileña escaló a la séptima posición en el ranking de los países más desarrollados del mundo, acumulando reservas por encima de los 370 mil millones de dólares.
Pero el desplome abrupto de los precios de sus principales productos de exportación ha tenido efectos catastróficos. El descenso en los precios del petróleo, por ejemplo, se combinó con un descuido en la inversión por parte de la principal empresa del país, Petrobras, lo que le impide hoy compensar con volumen y eficiencia en la extracción del crudo el descenso en los precios internacionales del denominado oro negro. La crisis actual de esta empresa y sus efectos indirectos en las empresas subsidiarias y los proveedores relacionados con la industria del petróleo son responsables en gran medida de la caída del PBI en el presente año.
El petróleo no solo es uno de los principales responsables de los problemas económicos actuales de Brasil. Es también causa importante del disgusto de sectores poderosos, dentro y fuera del país, con el gobierno del PT.
Destacados intelectuales latinoamericanos coinciden en señalar que la comunidad empresarial internacional y los medios globales de comunicación cambiaron radicalmente de actitud con respecto a Lula y al PT luego de que el gobierno brasileño declarara a Petrobras en el 2010 como la única empresa operadora de los nuevos yacimientos de petróleo descubiertos en el Presal, una decisión que catapultó a la empresa a un lugar privilegiado en el ranking de las grandes corporaciones en el área de la energía.
En uno de los anuncios publicitarios de su pasada campaña electoral, la presidenta Rousseff calificaba el descubrimiento de los yacimientos del Presal como el pasaporte al futuro del país, por lo que a su juicio sería un crimen la privatización de Petrobras propuesta por la oposición.
Como prueba de la inconformidad generada por tal postura se señalan los documentos que pusieron en evidencia la labor de espionaje en Brasil de la NSA, la agencia de seguridad de los Estados Unidos, que hasta intervino los teléfonos de la presidenta Dilma Rousseff. Esos documentos hablan del interés de la administración norteamericana por cambiar la gestión de la mayor empresa latinoamericana y la denominada cláusula soberana.
No es casual, pues, que Petrobras haya estado en el centro del debate que actualmente se libra en Brasil y que se le señale como un gran centro de corrupción, un fenómeno que no es nuevo y que nunca en el pasado se consideró como fundamento para el inicio de un juicio político.
Brasil es un actor importante de la política latinoamericana y mundial. Su alineación con el grupo BRICS y el liderazgo ejercido en el proceso soberanista de América Latina en los últimos años, convirtieron al gobierno del PT en el blanco de ataques de poderosos sectores internos y externos.
Habiendo fracasado en Brasil la estrategia que sí tuvo éxito en Argentina, como yaanotamos, estos sectores han aprovechado la crisis económica provocada fundamentalmente por factores externos para motorizar un amplio y permanente movimiento de cuestionamiento de los resultados de las elecciones, con evidentes propósitos desestabilizadores. Fue la oposición quien tuvo a su cargo la presentación de la acusación a la que el disidente Cuhna dio su visto bueno en una maniobra suicida para salvarse de la investigación por corrupción.
“No vamos a engañarnos. Lo que está en juego son las opciones políticas que adoptamos en los últimos trece años”, dijo la presidenta en alusión a las ejecutorias tanto de su propio gobierno como el de Lula, quien también ha estado en el centro de los ataques como parte del plan para liquidar al PT como opción política en el gigante del sur.
De prosperar el “impeachment”, Dilma Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, el partido de Cunha, que también es investigado por corrupción. La oposición estará a la espera de la salida del poder de la mandataria para redireccionar sus cañones. Los argumentos serían los mismos.
Sin embargo, se calcula que la presidenta Rousseff cuenta en la Cámara de Diputados con sobrado apoyo para abortar el juicio político. En cualquier caso, el impeachment tendría poca lógica desde el punto de vista legal, pues el mismo Congreso que juzgará a Rousseff ya modificó por amplia mayoría la ley que prohibía aumentar el déficit más allá de ciertos límites, que es el fundamento de la acusación contra la presidenta.
Por lo demás, se sabe que los consejos de administración no manejan el día a día de las empresas públicas y que los ministros que los integran ex oficio por lo general se hacen representar para cumplir un requisito de ley. Aunque el escándalo Petrobras se viene batiendo desde hace tiempo, nadie ha podido probar responsabilidad alguna de la presidenta Rousseff en acciones ilegales.
Pero Brasil es impredecible, sobre todo cuando hay presión popular. Es a lo que ahora apuesta la oposición. Cuhna lo confirma al confesar por Twitter que su apuesta es por el veredicto de “la calle”, más que por el respeto a las leyes y las instituciones.
La conspiración llega a su clímax.
