Opinión

La agenda del próximo gobierno

Los resultados de las próximas elecciones generales están bastante definidos. Sin embargo, la ventaja del Presidente Medina no debe ser motivo de autocomplacencia. Las elecciones pueden variar. Como decía siempre el Presidente Balaguer, en una semana las elecciones pueden variar y se ganan o se pierden. Aunque no se prevén sobresaltos que hagan cambiar la tendencia que todas las encuestas confirman de un cómodo triunfo del Presidente Medina. La realidad es que las elecciones se ganan en las urnas, en este caso, el mismo 15 de mayo próximo.

Ha sido un proceso electoral con muy poca competencia. El candidato de la oposición llega a estas alturas muy debilitado. La escisión que protagonizó el sector de Hipólito Mejía y de Luis Abinader en el PRD, produjo una estructura débil, sin organismos fuertes y estructurados en una organización nueva.

En la elección interna del PRM, la selección de Abinader como candidato presidencial y la alianza con el Partido Reformista, dejaron muchas magulladuras que han impedido que haya un candidato competitivo para enfrentar al Presidente Danilo Medina. Otro factor que caracteriza estas elecciones es que es la primera vez en 22 años, desde 1994, que se celebran elecciones generales tanto presidenciales, congresuales y municipales el mismo día lo cual introduce un elemento de complejidad adicional.

Sin embargo y sin lugar a dudas, después del 15 mayo que se confirmará un segundo mandato al Presidente Medina. Una vez pasen las votaciones, hay una agenda de reformas y transformaciones que deben ser abordadas para consolidar el crecimiento económico robusta, una mejor distribución de la renta, y un sistema de seguridad y asistencia social acorde con lo que necesitan las mayorías del país. Una agenda de reformas intensas, que dejaran el mejor legado del Presidente Medina para la posterioridad.

Por ello, sin ser limitativos, queremos hacer un esbozo de elementos de esa agenda de reformas que considero deben ser abordadas, y que consolidaran el triunfo del 15 de mayo.

Una de las taras más lacerantes y de más larga data, y que más ha afectado la vida de los dominicanos, la competitividad de nuestra economía, las finanzas del Estado y la modernización de la sociedad, es la larga crisis del sector eléctrico, puesto de relieve en la escases de electricidad, su racionamiento (los apagones famosos), el alto costo de producción, los monstruosos subsidios del Estado y la tarifa que se carga a los usuarios, particularmente las familias y los sectores productivos, con énfasis en la pequeña y la mediana empresa que son las que más empleo crean en nuestra economía.

Durante una gran parte del cuatrienio actual, se ha intentado llegar a un acuerdo de partes dispares, con intereses distintos, para lograr lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo y luego un Decreto Presidencial definió como el “Pacto Eléctrico”. Se quiere que todos los sectores acuerden una estrategia común y un plan común con cesiones de parte y parte. El problema es que los generadores eléctricos, casi todos privados, han gozado de unos privilegios desorbitados desde la firma de los llamados Acuerdos de Madrid en 2001 que convirtieron a los generadores en receptores de altísimas rentas dadas por el Presupuesto Público. ¿Están los generadores dispuestos a renunciar a esas rentas parasitarias? ¿Está el Estado dispuesto a seguir otorgando más de 60.000 millones de pesos anuales en transferencias a los generadores? ¿Cómo se puede llegar a un punto común que satisfaga a ambas partes? ¿Y los consumidores? ¿Qué queremos hacer con la tarifa y la calidad del servicio?

El Pacto Eléctrico es una necesidad imperiosa. Sin embargo, como pasó en 2012 con el intento de Pacto Fiscal, que no pudo lograrse debido a las absurdas pretensiones de los representantes del sector privado y empresarial de reducir la presión fiscal, en el país con más baja presión fiscal de la región junto a Guatemala. ¿Pasará esto con el Pacto Eléctrico? ¿Serán las pretensiones del sector privado generador tan absurdas como las de los empresarios en el Pacto Fiscal en 2012? El país requiere electricidad abundante y a precios razonables. Eliminar los privilegios que contractualmente obtuvo el sector privado generador en 2001 con los Acuerdos de Madrid, y acabar para siempre con los apagones y con los absurdos subsidios del gobierno a los generadores.

La única forma de lograr esas metas es incorporando masivamente nueva generación de bajo costo. ¿Cómo se logra eso? Con plantas a carbón o gas natural grandes, como las que están en construcción en Punta Catalina. Ojalá esa generación adicional la hiciera el sector privado, sin subsidios ni PPA´s, pero la experiencia desde 2001 demuestra que no se ha podido. Que solo la inversión del Estado podrá agregar masivamente al menos 1.500 ó 2.000 MW adicionales. Los 720 MW de Punta Catalina son un primer paso importantísimo. El Pacto Eléctrico y un plan para el sector son fundamentales.

Al mismo rango de importancia está la situación de las finanzas públicas del Estado. El intento de 2012 de llegar a un Pacto Fiscal fue un rotundo fiscal. Los representantes del empresariado sostenían que debía bajarse la carga fiscal. Pero resulta que la carga fiscal, es decir el total de recursos que el gobierno capta de los impuestos con relación a la riqueza total del país (PIB) es, junto a Guatemala la más baja de América Latina y El Caribe: 14% del PIB. Para hacer una idea de la gravedad del problema vamos a ver lo siguiente. La media de presión fiscal de los países de la OCDE, es decir los países más desarrollados del mundo es de un 35% del PIB. En América Latina y El Caribe la media de presión fiscal es de un 21%. En República Dominicana es de un 14%.

Agreguemos a esto que el Gobierno tiene el compromiso, y así lo ha cumplido, de invertir un 4% del PIB en Educación Pública no universitaria. Además agreguemos que la demanda de la comunidad médica y la de muchos sectores de la sociedad civil es que el gasto público sanitario del Estado sea elevado de 5% del PIB. Esto solamente suma un 9% del PIB. Sin aplicaciones financieras, sin gasto en seguridad y defensa, sin gasto en el sistema judicial, sin inversiones en infraestructura, sin inversión en agricultura, sin subsidios o inversión en el sector eléctrico….en fin. Este solo ejemplo nos demuestra cómo es literalmente MAGIA manejar una sociedad tan compleja y con tantas demandas con 14% del PIB de presión fiscal.

Paralelamente a ello, el gobierno otorga exenciones de impuestos a distintos sectores por casi un 7% del PIB. Es decir, impuestos que deberían pagarse en ITBIS, en el sector exportador, en zonas francas, en el sector turismo, y muchos otros mas, no son pagados para “incentivar” a esos sectores. Por tanto, para que el progreso social, la generalización de la educación, de la seguridad social, de los servicios de salud, la justicia, la seguridad pública, la defensa nacional, entre otros sigan consolidándose, se requiere CAMBIAR la estructura fiscal y progresivamente, ir caminando a la media regional, de un 21% de presión fiscal, y a mediano plazo de un 25% del PIB. De lo contrario estamos expuestos a retrocesos graves, a crisis económicas o estancamiento del proceso de desarrollo. En próximos artículos seguiremos reflexionando sobre la agenda pendiente de la próxima administración.

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