La comisión especial del Senado Federal brasileño decidió por mayoría de 15 votos contra 5 acoger la acusación contra la presidenta Dilma Rousseff, trasrechazar los alegatos jurídicos de la defensa basados en que no hubo crimende responsabilidad, requisito fundamental exigido por la constitución para el juicio político o impeachment.
La comisión estuvo integrada mayoritariamente por senadores del Partido Movimiento de la Democracia (PMDB) del vicepresidente Michel Temer, antiguo aliado del Partido de los Trabajadores (PT) y hoy principal enemigo del gobierno. Por eso no causó sorpresa que la misma acogiera el informe del relator Antonio Anastasia, también del PMDB, favorable al juicio político porconsiderar que existen indicios suficientes para ello. A Dilma Rousseff se le acusa de maquillar las cuentas para disimular una desfavorable situación fiscal, lo que la defensa de la mandataria considera una falta de carácter administrativo.
Durante las discusiones, que se prolongaron durante diez sesiones, los partidarios de Rousseff acusaron a Eduardo Cunha, responsable de la presentación de la acusación contra la mandataria en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, de haber actuado en venganza porque ésta se negó a protegerlo frente a las imputaciones que contra él se formularonde haber recibido un soborno cinco millones de dólares. La argumentación, que se presentó también durante las discusiones en la Cámara de Diputados, aparecía ahora reforzada por una decisión del Tribunal Supremo Federal, queapartó temporalmente a Cunha del cargo por “destruir pruebas, presionar testimonios, intimidar víctimas u obstruir las investigaciones” sobre su participación en el escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Patrobras.
En el marco de la realidad actual que vive Brasil, los argumentos parecen sobrar en el juicio para destituir a la presidenta de la nación. Según cálculos de Gerardo Lissardy, de BBC Mundo, de los 513 diputados que integran la cámara baja del Congreso brasileño, 303 tienen procesos o condenas en tribunales de cuentas por diferentes motivos. Mientras, de los 81 senadores, 49 están en igual situación.
“Es la paradoja-dice Lissardy citando a Marcus Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Pernambuco-, un presidente está siendo impugnado, pero sus jueces son simultáneamente reos en múltiples procesos”(ver: “De corrupción a homicidio culposo: las acusaciones contra los congresistas que definen el destino de Dilma Rousseff en Brasil”, versión digital de BBC Mundo, 15 de abril de 2016).
La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en su “Comunicado oficial sobre el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff”, dice que “la elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como Presidenta Constitucional, no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la comisión de un delito común, hecho que hasta el momento no ha sucedido”.
En igual sentido se pronunció la Organización de Estados Americanos (OEA), al considerar que no existe una acusación de carácter penal contra la mandataria, sino que se le acusa de mala gestión de las cuentas públicas. “Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución”, dice textualmente la organización en un comunicado oficial.
Sintomático no deja de ser el hecho de que, además de Cunha, los otros dos que aparecen en la línea sucesoral, o sea, el vicepresidente de la República y el presidente del Senado, también están siendo investigados por actos de corrupción, hechos más graves que los que se le imputan a la mandataria.
La decisión de la comisión de impeachment pone la suerte de Rousseff y de su gobierno en manos del pleno de 81 senadores, que deberá decidir por mayoría simple si la suspende o no por seis meses, plazo contemplado por la constitución para el conocimiento del fondo de la acusación y la emisión del veredicto. Según los cálculos de los medios locales, la oposición cuenta con más votos de los necesarios para impulsar el impeachment, aunque todavía resulta una incógnita si podrá reunir los dos tercios de los votos requeridos para lograr la destitución.
Hasta ahora la presidenta se mantiene firme en su decisión de no renunciar al puesto. “Si yo renuncio-ha dicho-, entierro la prueba viva de un golpe absolutamente sin base legal. Todos los beneficiarios que están usurpando el poder, lastimosamente el vicepresidente, son cómplices de un proceso extremadamente grave”.
Sin embargo, la separación del poder de Rousseff y la asunción de la presidencia por el vicepresidente Temer crearía en Brasil una situación difícil de revertir. La oposición, que tiene el control del Congreso, ha alcanzado ya un acuerdo para repartirse el poder e impulsar desde allí un programa de gobierno de corte neoliberal.
Los medios locales refieren que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Aecio Neves, quien fuera derrotado por Rousseff en las elecciones celebradas a finales del 2014, aspira a sustituir a Cunha en la presidencia de la Cámara de Diputados.
Temer, que debió correr la misma que Rousseff como corresponsable de las faltas administrativas que a ella se les atribuyen en su condición de vicepresidente, habría obtenido el visto bueno para hacerse cargo del gobierno tras comprometerse a aplicar el programa del PSDB, que es el que prefieren las asociaciones empresariales brasileñas, que ya se habrían asegurado de colocar entre las nuevas prioridades su propuesta de flexibilización del mercado laboral, según denuncias de importantes figuras allegadas al partido de gobierno.
Muchos analistas le dan la razón a la presidenta Dilma Rousseff cuando asegura que la conspiración no es solo contra la democracia, sino también contra los programas sociales que se aplicaron en la nación en los últimos 13años. Pero igualmente señalan que la mandataria está siendo víctima también de sus propios errores, como el de haber designado ministro de Hacienda al neoliberal Joaquín Levy poco después de su triunfo electoral, nombramiento que precedió a la adopción de un severo programa de ajustes económicos.
Se recuerda que durante la campaña electoral Rousseff acusó a su rival Neves de querer impulsar un programa similar que liquidaría los avances sociales. Más que la gran campaña mediática, este error ha gravitado como factor erosionador de los niveles de popularidad de la mandataria. Confiada en que la designación de Levy aplacaría la ira de los sectores de poder económico que la adversan, la jefa del Estado atentó contra su propia base de sustentación política.
Hoy, con unos niveles de popularidad por el suelo, un país cuya economía se contraerá otros 3,8 por ciento en el presente año, inflación galopante, tasa de desempleo cercana al 10 por ciento, las calles tomadas por sus detractores y sus antiguos aliados entregados a la traición, en fin, aislada y con poco poder,la situación de la presidenta no puede ser peor. Pese a lo poco elegante que luce la maniobra en su contra y la cuestionable legitimidad de cuanto de ella derivase, sus impulsores no parecen dispuestos a desperdiciar semejante oportunidad.
Claro, está por verse si el desacreditado Temer, tan impopular como Dilma, es el hombre del momento y si será capaz de sacar al país del hoyo en el que se encuentra. No obstante, las cúpulas brasileñas están decididas a completar la maniobra. Sólo falta un último zarpazo.
