Recientemente se celebró en Londres la Cumbre Mundial Anticorrupción con la participación de unos 50 países. Previamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) preparó el informe titulado “Corrupción: Costes y Estrategia para Mitigarla”, en el que se estima entre 1,5 y 2 billones de dólares el impacto global de la corrupción, lo que representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto global.
El encuentro se celebró apenas un mes después de la divulgación de los denominados Papeles de Panamá, un escándalo que salpicó al propio primer ministro británico, David Cameron, y que ha puesto en el centro del debate a los denominados paraísos fiscales, por donde corre, se reproduce y permanece oculto buena parte del dinero mal habido.
Que las discusiones sobre la lucha contra la corrupción abarcaran esta vez tan espinoso asunto constituye un innegable paso de avance. Hasta ese momento el enfoque se centraba en el soborno como modalidad de corrupción, con el Estado y los políticos como potenciales culpables, y las grandes multinacionales como posibles víctimas.
De corrupción muchas veces se habla cuando existe un interés político de por medio, como se ha demostrado en el caso de Brasil. El mundo ha presenciado con pasmosa indiferencia cómo un grupo de comprobados corruptos se pone de acuerdo para destituir a una presidenta legítimamente electa por una falta de tipo administrativo.Complicidades no manifiestas sobran, dentro y fuera de Brasil.
De ahí que el tema de la corrupción, como el de las drogas, muchos lo aborden con especial cautela. En el marco de la cumbre de Londres, seis países (Holanda, Reino Unido, Francia, Nigeria, Afganistán y Kenia)anunciaron la creación de registros públicos de empresas con indicación de sus beneficiarios. Francia decidió unilateralmente extender estas exigencias a las fundaciones.
Australia, Georgia, Indonesia, Irlanda, Nueva Zelanda y Noruega, por su parte, asumieron el compromiso de trabajar para crear un registro semejante.
La mala noticia aquí es que el grueso de los países por donde se produce la mayor circulación offshore, incluyendo los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la corona, no están incluidos en el acuerdo. En el mundo existen actualmente entre 50 y 70 paraísos fiscales, según los expertos.
La cuestión no estuvo fuera de las discusiones. Alden MacLaughlin, primer ministro de Islas Caimán, presente en la cumbre, planteó la necesidad de acabar con la“hipocresía” incluyendo a todos los estados para poder terminar definitivamente con el comercio dudoso. Particularmente se refirió a Panamá, ausente de la cumbre, y a estados de la unión americana como Delaware y Wyoming.
El señalamiento de MacLaughlin fue respaldado por Cameron, quien tras señalar la falta de transparencia en el registro de las empresas en el Estado de Delawere, instó a Estados Unidos a comprometerse con el cambio.
Pero Estados Unidos, representado en la cumbre por su secretario de Estado, John Kerry, ni siquiera se dio por enterado de tales reclamos. El jefe de la diplomacia norteamericana, no obstante, tuvo a bien declarar la corrupción como “un enemigo tan grande como los extremistas a los que combatimos”.
La administración estadounidense entiende que corresponde al Congreso y no al gobierno federal el abordaje de la cuestión. Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Wyoming atraen capitales extranjeros garantizándoles el máximo de confidencialidad posible.
No obstante, Cameron, el promotor del encuentro, se mostró satisfecho con sus resultados. “Hemos roto el tabú de hablar sobre la corrupción que ha existido tanto tiempo, y hemos elevado la lucha a lo más alto de la agenda internacional, donde ya no podrá ser ignorada”, dijo.
Sin embargo, el jefe del gobierno británico reconoció el alcance limitado de lo acordado al declarar que la batalla “no se ganará de la noche a la mañana”. En el propio escenario de la cumbre, el ministro francés de Economía, Michel Sapin, dijo que “Panamá supone para nosotros, colectivamente, un enorme problema”.
El funcionario galo afirmó, además, que “el resto del mundo está convergiendo en la aplicación de medidas de transparencia. Así que Panamá acabará por ser el único, el último, en favorecer a gran escala lo que condenamos”.
Unos días antes, sin embargo, Panamá se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual no es miembro, a acoger susexigencias respecto al intercambio automático de información fiscal, lo cual fue acogido con beneplácito.
El presidente Juan Carlos Varela ha rechazado lo que califica como intentos de estigmatizar alpaís istmeño como paraíso fiscal y ha adelantado que exigirá respeto para Panamá.
Es obvio que las grandes potencias envían señales contradictorias sobre la cuestión. El primer ministro de Islas Caimán tiene toda la razón cuando habla sobre la necesidad de acabar con la “hipocresía” si se quiere poner fin a las transacciones dudosas, porque para nadie es un secreto que transparentar solo una parte de la plataforma de servicios financieros y legales solo provocará la migración de los capitales de una jurisdicción a otra.
Sin embargo, razones poderosas existen para pensar que la posición de Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales que mayor volumen de capitales mueve en todo el mundo, persigue simplemente evitar ser víctima de la selectividad de que ha sido víctima Panamá.
Y no deja de ser preocupante que esta selectividad afecte solo aquellas jurisdicciones fuera de los polos financieros británico y estadounidense, justamente las más importantes por la cantidad de recursos que por allí circulan.
Los retos siguen siendo grandes.
