En un acontecimiento de carácter histórico largamente esperado, una nación fragmentada por las luchas intestinales entre la guerrilla y distintos gobiernos a lo largo de cinco décadas, ve finalmente cómo se consuman los sueños de varias generaciones de colombianos tras el arribo definitivo a un acuerdo de paz.
Fue justamente en noviembre del 2012 cuando, por cuarta ocasión, las partes en conflicto se embarcaban en un proceso de diálogo en procura de alcanzar un cese a las hostilidades, ya que en 1984, 1991 y 1998-2002, se realizaron intentos fallidos, que contrario al objetivo primario, terminaron por agudizar la guerra. Sin embargo, tanto el contexto internacional actual como el desgaste de 52 años de guerra, han incidido en que los aprestos de paz iniciados en la Habana, Cuba, durante la presente gestión de Juan Manuel Santos tuvieran un desenlace favorable.
El pasado 23 de junio se había anunciado un cese bilateral al fuego por parte del gobierno colombiano y las FARC, el cual estuvo sujeto a que se acordaran la totalidad de los puntos tratados en el proceso de dialogo para entrar en vigor. En efecto, fuimos testigos el pasado miércoles del anuncio oficial que pondrá fin al conflicto a partir del día de hoy, 29 de agosto.
Sin embargo, tal como planteáramos en nuestro trabajo titulado “Los Puentes que queremos y los muros que no necesitamos”, publicado el 11 de julio, y en el cual ponderábamos dos hechos históricos simultáneos que marcarían un antes y un después en el devenir del Reino Unido y Colombia, la guerra interna en la nación suramericana se remonta más allá de 1966, fecha en la que Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo” y Jacobo Arenas fundan las FARC.
El conflicto, que se enmarcó en su momento dentro de una pugna entre facciones conservadoras y liberales, devino en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que dio paso al Bogotazo en abril del 1948 y la consecuente etapa de “la Violencia” durante la década siguiente. De ese episodio se desprendió un grupo de campesinos que se asentaron en las cordilleras, donde tras la Revolución cubana, adoptarían la ideología comunista en el contexto de la Guerra Fría.
Para la década de los 80´s, las FARC habían resuelto acceder al poder mediante la lucha armada, lo que conjugado con el auge del narcotráfico con Pablo Escobar como su principal exponente, la creación de grupos paramilitares y una corrupción que permeaba a gran parte de la clase política colombiana, las condiciones para una profundización del conflicto estaban dadas.
Como resultado de esa era oscura que tras medio siglo de vigencia es preciso dejar atrás, la guerra en Colombia se ha saldado con aproximadamente 260,000 muertos (en su mayoría civiles), más de 6.5 millones de desplazados internos, miles de desaparecidos, numerosos secuestros y una imagen de una nación noble y trabajadora, lastimada injustamente en el ámbito internacional.
Sin lugar a dudas, las acciones emprendidas de manera conjunta entre los Estados Unidos y el gobierno colombiano para principios de la pasada década, jugó un papel fundamental en la conquista del actual acuerdo. Esto así, por la aplicación del Plan Colombia, donde el gobierno norteamericano ha contribuido durante los últimos 15 años con asistencia técnica y económica a la nación suramericana, por un estimado de US$10,000 millones.
Tal iniciativa incidiría de manera determinante en mellar la fortaleza de las FARC, llevando a sus filas de un máximo de 20,000 hombres para el año 2000, a no más de 7,000 efectivos en la actualidad, lo que contrasta con el ejército y la policía colombiana que poseen en conjunto aproximadamente 450,000 miembros.
A esto es preciso acotar que, no obstante la notable diferencia en capacidad de fuerza, la guerra irregular o guerra de guerrillas que ha primado como forma de combate en el actual conflicto, ha impedido una resolución definitiva por la vía armada, toda vez que los métodos convencionales de guerra no resultan apropiados cuando el campo de batalla son zonas rurales o urbanas con vasta población civil.
Quizás uno de los mayores puntos de desavenencia en el actual proceso de paz, sean las diferencias de forma que sobre las negociaciones salen a relucir en las discusiones entre el gobierno y la oposición, esta última liderada por el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe, quien alega que el actual acuerdo termina por brindar impunidad y peso político a militares de las FARC responsables de atrocidades contra civiles.
No se puede dejar de lado que las diferencias tienen a su vez un trasfondo político, si se toma en cuenta el sello personal que se le ha dado al acuerdo con las FARC, como un logro exclusivo de la gestión del gobierno del Presidente Santos, lo que lleva a que las discusiones en torno al proceso de paz se vean contaminadas por un tono beligerante desde la oposición.
Sin embargo, la oposición obvia que el acuerdo entre sus puntos neurálgicos contempla la creación de un Tribunal de Justicia Transicional, exclusivo para el acuerdo de paz, que tendrá por encargo celebrar juicios contra miembros de las FARC responsables de crímenes, de violación, lesa humanidad, secuestro, asesinatos deliberados, etc. Aunque habrá que seguir de cerca la debida aplicación de los fallos.
En lo adelante queda pautada para el día 2 de octubre una consulta popular o plebiscito, en el cual el pueblo colombiano dará su visto bueno o desaprobación a las bases del acuerdo. De quedar refrendado el acuerdo rubricado en Cuba, las FARC podrán hacer la transición hacia una organización política, que de entrada tendrán asegurado un mínimo de 10 escaños en el Congreso (5 diputados y 5 senadores), con opción de obtener más por la vía del voto.
A su vez, estos recibirán del Estado colombiano la suma de US$2.4 millones para la constitución del partido político, no sin antes cumplir con la entrega de todas las armas en poder de la guerrilla a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un plazo de 180 días.
Un elemento de vital importancia, es la gestión de un plan de trabajo o estrategia post-conflicto, que procure establecer las condiciones mínimas necesarias para evitar la generación de nuevas confrontaciones, así como la permanencia de otros grupos insurrectos que procuran legitimación social. Tal finalidad solo se logrará eliminando las variables que han alimentado el conflicto, como la desigualdad e injusticia social, la corrupción, falta de tolerancia, desempleo, es decir, males sociales en los cuales han sustentado su retórica tanto los gobiernos como grupos guerrilleros.
Lo importante es que más allá de las diferencias partidarias, el pueblo colombiano asuma este acuerdo como un compromiso de romper con una tradición que le ata a un pasado de violencia, y le impide mirar al futuro con optimismo.
El acuerdo de paz está lejos de ser el logro exclusivo de un gobierno, así como las cicatrices del conflicto no son propias de una sola generación, por lo que de aprobarse el referendo y establecerse un acto Legislativo de Paz que blinde constitucionalmente lo acordado, la República de Colombia establecerá un referente contemporáneo de lo grande que puede ser la voluntad nacional.
