Las masivas protestas que han escenificado los trabajadores de Chile han disparado las alarmas en varios países, incluyendo la República Dominicana, sobre la efectividad y lo beneficioso que en la práctica deja el sistema de pensiones de capitalización individual, que existe en el país desde el 2001 cuando fue aprobada la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (87-01) y empezó a aplicarse en el 2006.
El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Rafael Pérez Modesto, miembro del Comité Central del PLD y gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y el diputado Ramón Cabrera, miembro del Comité Central del PLD y presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, son de las principales voces que se han alzado para exigir una revisión de la ley 87-01, específicamente en lo relativo al sistema de pensiones y las ganancias que obtienen las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) por administrar el dinero de los trabajadores.
Por el momento, las ganancias exorbitantes de las AFP, cuya rentabilidad es más o menos de 38% mientras que para los dueños del capital (los trabajadores) es de 7.8%, es lo que se cuestiona en la opinión pública. Sin embargo, Alburquerque exministro de Trabajo y especialista en derechos laborales prevé que para el 2028, es decir en un máximo de 15 años, cuando comiencen a pagarse las primeras pensiones producto del sistema de capitalización, habrá grandes protestas como las que ocurren ahora en Chile.
“Los decibeles aumentarán en 2028 cuando comiencen a pagarse las primeras pensiones. Al igual que en el Chile de hoy, miles y miles de trabajadores habrán trabajado para recibir una miseria; para enterarse que los descuentos a sus salarios, de nada le han servido; para tomar conciencia, de que, con sus dineros, enriquecieron más a los que más tienen; para tener que mendigar, al final de sus vidas, que el Estado los ayude, porque no podrán sobrevivir con el precario monto de sus pensiones”, señaló en un artículo publicado en vanguardiadelpueblo.org.
Pérez Modesto señaló que las experiencias de países como Chile, Colombia, Perú y Argentina, deben servir para que la República Dominicana revise su sistema de pensiones de capitalización individual.
“Hay una expresa voluntad de que la ley sea revisada porque la misma ley plantea reformas cada cierto tiempo, que incluso se han hecho otras veces, pero no sustanciales porque no cambian la misma de manera integral, ahora se habla de una reforma integral y eso lógicamente tiene sentido porque hay experiencias acumuladas suficientes y como toda ley es perfectible”, expresó el dirigente peledeísta.
Pérez Modesto dijo que para que la ley de Seguridad Social sea modificada es necesario que los distintos sectores involucrados en el tema se pongan de acuerdo. “Existen las condiciones para que en un breve plazo, todos los sectores aúnen esfuerzos para una revisión a fondo de la ley, para actualizarla, hacerla más moderna, más eficaz y más al servicio de los afiliados”, dijo.
Consideró que lo sucedido en otros países de la región como Chile y Colombia son una alerta para la República Dominicana. “Verdaderamente, se tomó ese modelo porque no había experiencia acumulada, pero ya hay, tenemos esa ventaja que todavía la aplicación de lo que tiene que ver con el asunto de las pensiones el sistema de previsión social es susceptible de tomar medidas que eviten que puedan ocurrir acontecimientos que puedan perjudicar a los afiliados del sistema y esa es una ventaja que nos da el tiempo porque el sistema de pensiones no ha empezado a aplicarse de manera masiva”, dijo.
La naturaleza de la ley 87-01 es tripartito por lo que para su modificación se necesita el consenso de los distintos sectores. “El Estado es el garante de que el sistema de seguridad social marche bien, es el garante de que la sociedad en su conjunto se beneficie de una ley de esa naturaleza, pero no es el único sector porque se necesita el concurso de todos los sectores”, expresó Pérez Modesto.
Hizo el señalamiento de que las proyecciones sobre las pensiones que recibirán los trabajadores sería de aproximadamente 40% del valor de su último salario y que esa es uno de los aspectos que debe revisarse.
Precisamente, sobre ese aspecto, el diputado Ramón Cabrera llamó a las administradoras de Fondos de Pensiones a explicar a los trabajadores sobre el porcentaje de sus salarios con los que serán pensionados los trabajadores. “La explicación que dan por los medios me parece débil porque realmente en el cuadro que presentan reconocen que se han ganado del 2006 al 30 de junio de este año 22,300 millones de pesos”, refiriéndose al comunicado que publicaron las AFP la pasada semana.
Cabrera cuestionó la administración de los fondos de pensiones que hacen las AFP: “¿Qué administran qué, qué es lo que administran si esos fondos están en el Banco Central? Creo que las AFP lo que tienen es que demostrarle al país con cuánto hoy se va a pensionar un dominicano bajo el sistema de AFP porque las cosas no van bien”, subrayó.
Los fondos de pensiones de los trabajadores superan el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según informó el gerente general de la Seguridad Social y en la actualidad ascienden a 406 mil millones de pesos. “Se imponen inversiones que sean más rentables, más provechosas para los afiliados al sistema”, dijo.
Hasta el 1981, el sistema de pensiones tradicional en el mundo era el de reparto solidario, que consiste en que la fuerza de trabajo actual o de hoy paga las pensiones de las personas en retiro con el Estado como intermediario. Chile en el 1980, durante el gobierno del general Augusto Pinochet, anunció a los trabajadores la implementación de un nuevo sistema de pensiones que prometía ser más generoso y sostenible que el existente que sistema de reparto solidario.
La promesa de las AFP a los trabajadores chilenos fue que su pensión sería el equivalente al 70% de su último salario, sin embargo, 36 años después en los hechos lo que reciben es un máximo del 38% de su salario, lo que ha provocado las masivas protestas de estos días en el país suramericano y la promesa de la presidenta Michel Bachelet de una revisión a la ley para que sea más beneficiosa para los afiliados.
Desde que en Chile se implementó esa medida, el nuevo sistema se expandió en América Latina y lo asumieron al menos 13 países en distintos años y de manera obligatoria. Perú lo aprobó en el 1993; Argentina, Colombia y Brasil en el 1994, pero en ese último país no es obligatorio. Uruguay entró en el 1996 y Bolivia en el 1997. El Salvador y México en el 1998 y Panamá en el 1999. Costa Rica lo aprobó en el 2001 y Honduras en el 2002 y la República Dominicana en el 2003. En Argentina y Bolivia, el sistema fue revisado y dejado sin efecto y volvieron al sistema de reparto solidario.
La ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social en la modalidad actual fue aprobada en el 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Congreso también estaba controlado mayoritariamente por ese partido. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, contó su experiencia de oposición a que el PLD apoyara una iniciativa bajo esos términos y los esfuerzos del gobierno de Leonel Fernández bajo la orientación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que la ley de seguridad social no se aprobara en esos términos.
Alburquerque también defendió la seriedad con que el Estado administra los fondos y puso como ejemplo el Programa Solidaridad que bajo su administración por casi ocho años manejó más de 11 mil millones de pesos al año sin que se hayan producido denuncias de irregularidades ni se haya perdido un solo centavo. “Que no se diga que el dinero habría desaparecido, pues en el programa Solidaridad, que dirigimos de 2004 a 2012, traspasábamos once mil millones de pesos al año, sin que se perdiera un centavo, y sin que hasta hoy, haya habido una sola denuncia de irregularidades o mal manejo de fondos en ese exitoso programa social”, refirió Alburquerque.
El éxito y seriedad del Programa Solidaridad se ha mantenido durante la gestión del presidente Danilo Medina y administrado por la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández, responsable del Gabinete Social del Estado.
