Dos opciones concisas y sin puntos medios, mediante las cuales el próximo 2 de octubre el pueblo colombiano decidirá el futuro inmediato del acuerdo de paz, un trascendental y celebrado acontecimiento cuyo proceso de mediación tuvo que esperar cuatro largos años para su histórica consumación.
Quizás resulte cuesta arriba para algunas personas entender cómo luego del éxito mostrado con la firma del citado acuerdo, tanto el Gobierno colombiano como las FARC, dejen a la suerte de una votación única por parte del pueblo la legalidad y entrada en vigor de los puntos tratados. Ello explica el que las celebraciones en torno a la noticia ampliamente difundida el pasado 24 de agosto, las cuales daban por concluidas las negociaciones, se hayan visto eclipsadas ante la incertidumbre del posible devenir del proceso.
La decisión de que sea el pueblo el que emita el veredicto final, es un acto propio de la democracia participativa que procura blindar de legitimidad y garantía constitucional el cumplimiento del acuerdo. Será mediante la consulta popular, referéndum o plebiscito, términos sinónimos que definen la voluntad nacional a la que se someterá la propuesta de paz rubricada, dónde se definirá si Colombia finalmente romperá lazos con los remanentes bélicos de su pasado.
En efecto, el interés de las partes (especialmente del gobierno de Juan Manuel Santos) es que el común de los ciudadanos emita su aprobación o no, para lo cual será preciso procurar una debida defensa de las bondades del acuerdo y evitar que se propague la desinformación.
Son unos 4,387,118 votos, es decir, poco más del 12% de los aproximadamente 35 millones de colombianos aptos para votar (incluidos los residentes en el exterior), lo que se necesitaría para que el acuerdo prospere tras el plebiscito, de lo contrario no se podrá implementar.
Hasta ahora se han multiplicado las interrogantes y alimentado las controversias en lo relativo a la forma en que se ha estructurado la pregunta de cara a las votaciones, un factor de suma relevancia, puesto que del mismo depende la correcta valoración del votante sobre el alcance futuro y consecuencias de la decisión que tome en las urnas. Sin embargo, no han faltado las polémicas sobre cómo el Gobierno la ha planteado, cuando la pasada semana se publicó la composición de la misma, quedando en: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
El presidente Juan Manuel Santos hace énfasis en que es la pregunta más llana o sencilla que se podría escoger, pero hay quienes indican que el hecho de usar la palabra “Apoya”, en vez de “Aprueba” ya es un indicio de manipulación gubernamental para inducir la respuesta del ciudadano.
Por lo pronto, ha sido de especial importancia el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el cual ha planteado lo siguiente: “Para garantizar la libertad del elector, la pregunta no puede ser tendenciosa o equívoca, pues se debe evitar que la voluntad del ciudadano pueda ser manipulada o dirigida. Tampoco puede estar formulada de manera tal que induzca a la persona a una respuesta en un sentido específico”.
Por otra parte, las condiciones del acuerdo, en especial lo concerniente al futuro inmediato que correrán los exmilitares de las FARC, ha polarizado el debate político, sobre todo en el rol que ha jugado la oposición, de alimentar el temor sobre la posibilidad de un borrón y cuenta nueva para quienes cometieron crímenes de guerra y actos de barbarie contra civiles durante la vigencia del conflicto armado.
En lo social, los puntos de vista y valoración del acuerdo varían acorde con la composición social, en especial entre los colombianos pertenecientes a la clase media urbana y la población campesina de las zonas rurales (unos que tras el gobierno de Uribe comenzaron a percibir cierta vuelta a la tranquilidad y otros que aún se mantienen a la merced de la guerrilla).
Las experiencias a través de la historia demuestran que no existen los buenos y malos acuerdos, sino que recae en los negociadores la responsabilidad de poner sobre la mesa los intereses de las partes, a sabiendas de que debe llegarse a un punto intermedio donde ambos cedan y ganen en relativa igualdad de condición.
Se podría inferir que el mayor reto en lo adelante para el gobierno, será diseñar una estrategia de propaganda gubernamental masiva, que dé a conocer y explique a la nación los pormenores de lo acordado. De esta manera se estará empoderando a todo colombiano a crear conciencia de la magnitud del evento, que evite el efecto BREXIT (desconocimiento de la transcendencia del voto por falta de información).
Los elementos claves sobre lo acordado giran en torno a 6 puntos centrales, que servirán de perspectiva sobre la dimensión de las negociaciones, que son: cese al fuego y las hostilidades de forma bilateral, y la dejación de las armas; solución al problema de las drogas ilícitas; una reforma integral de las zonas rurales; participación política y la apertura democrática para construir la paz; y las víctimas, estipulando la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
De cara al próximo 2 de octubre, un país que durante décadas se vio sometido y en parte resignado a las vicisitudes propias del conflicto, tendrá la oportunidad de cerrar de una vez por todas ese capítulo, relegándolo al pasado. Sin embargo, es menester que el debate sobre el voto consciente del colombiano esté a la altura de la cita y que la prudencia se superponga a las diferencias políticas e ideológicas. El apoyo y acompañamiento internacional será de vital importancia para el proceso, toda vez que, a sabiendas de que es una decisión plenamente soberana, la posibilidad de una paz definitiva en Colombia servirá de marco referencial para numerosos conflictos a lo largo del mundo que requieren una solución.
