Llegando a ser considerada como un referente de institucionalidad y ejercicio de la democracia tras superar 17 años de férrea dictadura, Chile había pasado a vivir una etapa de considerables avances en el orden político, económico y social. Sin embargo, son precisamente estos tres aspectos los que se encuentran bajo cuestionamiento en la actualidad, poniendo en aprietos al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
El 21 de agosto de este año, se habían desencadenado una serie de protestas masivas, donde los manifestantes exigian al gobierno reformar el sistema de pensiones establecido en 1981 durante la dictadura.
La industria de las AFP’s chilenas no han respondido al compromiso inicial donde se vendio la idea de que habría una tasa de reemplazo aproximada de 70%.
El expresidente Sebastián Piñera, dijo en el 2013 que “Cuando se diseñó este sistema, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión equivalente al 70 por ciento -NDR: Tasa de reemplazo- de los sueldos de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo», los resultados muestran que Chile y su sistema de AFP’s está más de 10 puntos porcentuales bajo el promedio de la OECD y entre 10% y 33% alejado de su promesa inicial.
Desde hace varios años este sistema de pensiones ha sido duramente criticado por la ciudadanía y altamente defendido por los grupos económicos mas influyentes chilenos. Todas las evaluaciones a su funcionamiento eran negativas y lo que hoy es una realidad nefasta para aquellos que cotizaron durante décadas se ven prácticamente impotentes puesto que las autoridades aun no encuentra una salida.
Estas instituciones que reciben el nombre de Administradoras de Fondos de Pensiones, como también se les conoce en nuestro país, llevan más de 25 años haciendo uso rentable de los depósitos de los chilenos.
Las protestas surgieron a raíz de que, aproximadamente el 90% de los empleados jubilados, están recibiendo menos de la mitad del sueldo que devengaban cuando aún laboraban. Es decir, tomando como referencia el sueldo mínimo en Chile, el cual ronda el equivalente a US$600.00. Un pensionado está recibiendo no más de US$233.00
Esta problemática, cuyo debate resulta tan controversial como esencial para el futuro de los pueblos, fue detalladamente expuesta por el Dr. Rafael Alburquerque, quien en un artículo publicado el 29 de agosto bajo el título “La hora del Llanto y el crujir de dientes”, usó la experiencia chilena para vaticinar un escenario a futuro que podría tener lugar a partir del 2025 en la República Dominicana, de no corregirse a tiempo estas fallas.
Es justo aclarar que los ahorros de los jubilados en Chile superan los US$171,000 millones, cantidad que es reinvertida en empresas chilenas y que tan solo en este año (del cual resta un trimestre) superaron en más de un 70% sus ganancias.
Por si no fuera suficiente, las protestas también tuvieron lugar el domingo 11 de septiembre, esta vez por el legado de aquel golpe de Estado propiciado al gobierno Constitucional popularmente electo de Salvador Allende, de cuyo derrocamiento se cumplieron 43 años.
Las movilizaciones a propósito del aniversario, exigían justicia para las familias de unos 3,000 “detenidos desaparecidos” durante la dictadura militar, víctimas de las represiones de la época que en general sumaron más de 40,000 casos de distintas características.
Sin embargo, estos reclamos, a los cuales se sumaron la presidenta Bachelet y la hija del expresidente Allende, Isabel, encuentran oposición en aquellos que valoran de positivo el legado de Augusto Pinochet, situación que ha generado intensos debates.
A las manifestaciones citadas, que abarcan lo educativo, laboral, y justicia, se ha unido lo político, donde por primera vez en 26 años de democracia tras la caída del régimen militar, un gobierno goza de tan baja aceptación popular. En la actualidad, la presidenta Michelle Bachelet cuenta con un nivel de aceptación que no supera el 15%, lo que contrasta con el 66% de rechazo.
La presidenta ha descrito el escenario como un fenómeno global de rechazo a la clase política y a los partidos tradicionales, sin embargo, en el caso de Chile, la actual administración comenzó a padecer el rechazo colectivo tras el escándalo que señalaba a Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, y a su nuera en un caso de corrupción. A ambos se les acusó de obtener millonarios beneficios por tráfico de influencia y uso de información privilegiada.
Sin lugar a dudas la actual administración de Michelle Bachelet se encuentra atrapada en una verdadera encrucijada, una prueba de fuego que determinará cuál será el legado a futuro de su gestión.
Conforme enfrente las demandas sociales que le acosan en la actualidad, aplicando medidas trascendentales cuyos resultados se pondrán en la balanza tras su salida en el 2018, la mandataria podrá sortear la precaria situación política que padece.
Los factores externos a nivel internacional ciertamente inciden en el ambiente político local chileno, sin embargo, aparte de que su proceso ha sido distinto al de las naciones suramericanas que vivieron el auge de los gobiernos de izquierda en la pasada década, es preciso acotar que en materia social, cada pueblo tiene su propia historia y recetas para tratar las problemáticas internas.
Chile esta compelido a buscar un equilibrio entre las herencias del pasado y la necesidad de reforzar las garantías de un futuro prometedor, por lo que las diferentes demandas que externa su pueblo encontrarán su verdadera solución en la aplicación de la “Justicia Social”.
En la actualidad han surgido varias propuestas, siendo las mas ponderadas la de la presidenta Michelle Bachelet, que refiere a la creación de una administradora de fondos de pensiones estatal y la del creador de este sistema Jose Piñera que consiste en ir permitiendo un mayor grado de autonomía a los trabajadores en la administración de sus propios ahorros, sujeto a idénticos criterios de seguridad y diversificación que el resto del sistema, junto con proteger al Estado de tener que subsidiarlos en el futuro. La segunda consiste en ir eliminando la obligatoriedad de cotización cuando los fondos acumulados superen un determinado umbral que asegure pensiones un determinado número de veces superiores a la pensión básica, siempre que el afiliado esté dispuesto a renunciar de manera irrevocable a subsidios fiscales en el futuro.
Mientras estas propuestas surgen, los ya jubilados se encuentran viviendo una realidad amarga, llena de decepciones y desesperanzas.
