El Presidente Danilo Medina ha sido coherente, además de enfático, en su posición de querer enfrentar uno de los males silenciosos más devastadores de nuestra sociedad, por cuanto representa las consecuencias de los incidentes de tránsito resultantes de la ineficiencia de políticas aplicadas al desplazamiento humano y los medios utilizados.
Este último concepto debemos tomarlo en cuenta con suma preocupación, porque el no comprender este aspecto conllevaría a errores en la toma de decisiones, cuyos costos político-social-económicos resultarían muy alto.
El pasado 16 de septiembre (2016), el mandatario, tras un Consejo de Gobierno Ampliado anunció la creación de una Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, un nivel más alto que lo indicado ante la Asamblea Nacional exactamente el mes anterior.
En aquella ocasión hablaba de la implementación de una Comisión de Seguridad Vial. Esta vez, de una Comisión Presidencial de Seguridad Vial, que es diferente. Quizás con la finalidad también de asegurarle eficacia y un presupuesto que garantice el buen desarrollo en sus objetivos.
Se refiere a un organismo único para diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad en la circulación con autoridad y cierta autonomía. Esto es, con liderazgo; dando a entender un nivel de entendimiento y comprensión de la problemática, a diferencia de lo que se plantea en la propuesta de ley que cursa en el Congreso, escenario en donde se percibe este órgano como un valor agregado a una estructura superior, como advertimos en el primer párrafo.
Sin embargo, me permito puntualizar modestamente algunos aspectos que pudieran ser interesantes. Pues, durante algún tiempo hemos estado pregonando que la importancia en una decisión de esta envergadura radica en los objetivos que puedan plantearse a corto, mediano y largo plazo.
Esta visión, que por demás muestra sensibilidad del Presidente de la República, repercutirá de manera significativa en el progreso de la lucha contra la pobreza, en el combate contra la contaminación ambiental y en los avances por procurar mejoras en la productividad laboral.
Sin entrar en detalles, existe otro aspecto a prevenir, el mantenimiento de la paz social, preservando el respeto al Estado de Derecho, la gobernabilidad, el desarrollo del Estado de Bienestar de los ciudadanos (acercamiento del Estado con la Sociedad y los Municipios).
Si bien será responsabilidad de este organismo implementar un plan nacional estratégico e integral de seguridad vial, no menos cierto es que el mismo también deberá trazarse la meta de que se integre como eje transversal a la Estrategia Nacional de Desarrollo en una posible reforma a la Ley 1-12.
Consecuentemente, hacer que el decreto de creación de la Comisión pase a ser una pieza legislativa para un posterior proceso de debates que culmine en un Pacto Nacional por la Seguridad Vial en la República Dominicana, capaz de garantizar la continuidad, perdurabilidad y el fortalecimiento de la estructura y planes concebidos (sostenibilidad y sustentabilidad).
De manera, que nos queda mucho trabajo por hacer si pretendemos bajar las siniestralidades, calmar el dolor en nuestras familias afectadas y colmarnos de satisfacción al convertir el tema en “Objetivo País”.
Debemos tomar en cuenta las experiencias exitosas de otros países en materia de gestión y organización; aunque, por otra parte, no es aconsejable absolver las malas prácticas de Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y España, para ser específicos, que es el camino hacia donde nos conduciría la actual propuesta de Ley en materia de seguridad vial que cursa en las cámaras legislativas.
