Corría el mes de junio del año de 1998, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, congregaba a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, para examinar un proyecto que terminaría siendo conocido como la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales de los Trabajadores.
En los intensos debates que se suscitaron, los países altamente industrializados, encabezados por los Estados Unidos, exigían con énfasis, el respeto de los derechos de los trabajadores y condiciones dignas de trabajo. Para un observador aguzado, especialmente para un discípulo de Juan Bosch, a quien se le ha enseñado que, en política, siempre es más importante lo que no se ve, lo que se esconde bajo las apariencias de buenas intenciones, resultaba extraño que, una nación como los Estados Unidos, que no había ratificado los convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva, se erigiera, de pronto, en adalid de la causa de los trabajadores. La expresión de uno de los ardorosos defensores del proletariado, si se me permite la ironía, vino a develar el misterio: “era necesario impedir el dumping social”.
En esa frase estaba la clave. Se marchaba hacia la globalización y los países industrializados impulsaban el libre mercado, la libre circulación de mercancías y capitales; por consiguiente, habría que evitar a toda costa que, una mano de obra barata y un trabajo en condiciones precarias y sin protección, provocara una estampida masiva de las empresas del primer mundo hacia el segundo o tercero. El “dumping”, que en economía se define como vender a precios inferiores para sacar del mercado al competidor, se trasladaba a la esfera laboral para denunciar a aquellos países que pretendían incursionar en el libre mercado a base de sujetar a una nueva esclavitud a sus asalariados.
En la Conferencia tuvimos la oportunidad de advertir que estábamos ante una oportunidad de lograr para nuestros trabajadores una mejor legislación, con mayor protección y beneficios; que lo sensato y prudente, no era oponerse, como pretendía la representación de los empleadores, sino reclamar, concomitantemente, que también cesara el dumping económico de los países industrializados. En esta tesis se inscribieron no pocas organizaciones sindicales de los países subdesarrollados y algunos gobiernos de América Latina, entre ellos, el nuestro. Demás está decir que la tesis no prosperó. La Declaración, finalmente se aprobó, en lo adelante serían derechos fundamentales, la libertad sindical y negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la edad mínima de admisión al trabajo y la erradicación de las peores formas del trabajo infantil, y la igualdad de remuneración entre el hombre y la mujer y la no discriminación en materia de empleo y ocupación, pero, el empresariado logró que, en el documento se incluyera la advertencia de que el libre comercio no debería sujetarse a las condiciones de trabajo.
La globalización, y, con ella, el libre comercio, han terminado por imponerse, y la República Dominicana no ha podido sustraerse al nuevo paradigma. Hemos suscrito diversos tratados de libre comercio, entre ellos, con América Central y los Estados Unidos y con los estados miembros de la Unión Europea. El primero de los mencionados se suscribió en el 2001, pero entró en vigencia en el 2007, sin que hubiéramos participado en la discusión de sus cláusulas, pues, el gobierno de ese entonces, presionado por los sectores de zonas francas, temerosos de la pérdida de sus empresas, decidió adherirse al mismo. Para la época se nos vendió el tratado como altamente beneficioso; se nos dijo, que las zonas francas se fortalecerían y expandirían, que los precios de los artículos fabricados en los Estados Unidos bajarían de precio, que nuevos mercados de exportación se abrirían en aquel país, que nuevas fuentes de trabajo se crearían para los desempleados dominicanos.
Los resultados fueron contrarios a los pronósticos. En apenas tres años, de 2007 a 2009, el Tratado provocó la pérdida de 114,008 empleos formales; la participación de las zonas francas y la manufactura local en el empleo total, y, muy especialmente, en el formal, descendió de un 20 y 30%, respectivamente, en el año 2000, a un 17.15 y 10.55% en el 2009; el peso específico del sector transable de la economía en el producto interno bruto descendió de 44.9% en 1991 a 33.2% en el 2012; el intercambio comercial con los socios del denominado DR-CAFTA, ha sido desfavorable, no sólo con los Estados Unidos, sino también con Centroamérica; y el sector informal de la economía se incrementó paulatinamente hasta alcanzar un 56%, integrado principalmente por trabajadores domésticos, peluqueros, taxistas y vendedores ambulantes. Estas cifras poco dicen a un hombre de pueblo; pero, su comprensión es total, cuando se da cuenta que, las pequeñas fábricas de zapatos y de elaboración de quesos tuvieron que cerrar sus puertas cuando el mercado se inundó de calzados y quesos extranjeros; de que no se han creado nuevas fuentes de trabajo; de que, para sobrevivir, tiene necesariamente que ir al chiripeo; y que la bonanza de precios que se vaticinó, todavía está por llegar.
Razón tiene, pues, el compañero presidente Danilo Medina, cuando en la tribuna de Naciones Unidas denuncia el desequilibro que ha representado para los países pobres los tratados de libre comercio. Los ricos clamaron contra el dumping social, e incluso, exigieron incluir en los acuerdos un capítulo referente a los derechos de los trabajadores; pero, se cuidaron bien de silenciar el dumping económico que ejercen cuando subsidian masivamente los productos que nos venden, especialmente los concernientes al sector agrícola. La manufactura local ya ha sido duramente golpeada por el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y América Central, diversas industrias han tenido que cerrar sus puertas o disminuir su producción, y, sólo, con el uso de los mecanismos de salvaguarda que prevé el tratado, se ha podido retardar, en algunos casos, el colapso de muchas. Ahora, ha llegado la hora de levantar las restricciones aduaneras a los rubros agrícolas, razón por la cual, se justifica la alarma de nuestros productores del campo ante la inminente llegada de artículos que provocarán su desaparición definitiva.
El presidente Medina ha reclamado una revisión a fondo de estos tratados, y, su petición, habría que acompañarla de un esfuerzo de nuestra Cancillería, para que la misma sea asumida por los demás países que atraviesan por una situación similar.
Razón, pues, tenía el presidente Rafael Correa cuando afirmó que, así como los Estados Unidos, pocos años después de haber alcanzado la independencia, se negó a firmar un tratado de libre comercio con Inglaterra, con el argumento de que lo haría cuando estuviera en igualdad de condiciones, Ecuador y América Latina, sólo deberían acceder a los mismos cuando por su desarrollo pudieran competir en igualdad de condiciones con los Estados Unidos.
