De acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguridad Social, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, tiene razón cuando observa que sería necesario modificar esa legislación para canalizar recursos provenientes de los Fondos de Pensiones hacia la inversión en las Plantas de Carbón de Punta Catalina.
El Articulo 97 de la Ley 87-01, modificado por la Ley No. 188-07, señala que esos recursos sólo podrán ser invertidos en instrumentos financieros como los depósitos a plazo y otros títulos emitidos por las instituciones bancarias: el Banco Central, el Banco Nacional de Exportaciones (Antiguo BNV), el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y las Asociaciones de Ahorros y Préstamos reguladas y acreditadas.
También en letras o cédulas hipotecarias de las instituciones bancarias, en títulos de deudas de empresas públicas y privadas y acciones de oferta pública.
Asimismo, en títulos de créditos, deudas y valores emitidos o generalizados por Estados extranjeros, bancos centrales, empresas y entidades bancarias extranjeras o internacionales, transadas diariamente en los mercados internacionales y que cumplan con las características que señalen las normas complementarias.
Además, en Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de las Exportaciones para el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas; fondos para el desarrollo del sector vivienda; y cualquier otro instrumento aprobado por el CNSS, previa ponderación y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos e instrumentos Financieros en el mercado hipotecario a través del Fideicomiso (Ley 189-11 d/f 16/7/11).
Debate
Sectores del empresariado, laborales y políticos se han expresado tanto a favor como en contra de que los fondos de pensiones se utilicen para la capitalización de las plantas de carbón de Punta Catalina.
El gobierno anunció que lanzará al mercado acciones de la plantas a carbón por un valor de mil millones de dólares.
La iniciativa fue favorecida de manera condicional por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), y por el economista Pavel Isa Contreras, profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
En cambio, Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de CDEEE, considera que la idea de utilizar los fondos de pensiones para completar el financiamiento de Punta Catalina resulta interesante, pero existen estipulaciones legales que la hacen difícil.
“El marco legal que protege los fondos de pensiones no deja mucho espacio, y habría que trabajar con esa ley y cubrir una serie de trámites para hacer eso factible”, señala.
Mientras que para el presidente de Copardom, Joel Santos, el proyecto Punta Catalina puede ser una opción para el uso de los fondos de pensiones, debido a que el eléctrico es un sector estratégico.
Santos advierte que es necesario preparar el proyecto debidamente para que se utilicen los fondos de pensiones.
De su lado, Pavel Isa Contreras resalta que siempre que se presente una buena propuesta por parte de los inversionistas, este negocio sería factible y rentable para atraer a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que canalicen esos recursos hacia el sector eléctrico.
Indicó que las AFP, por interés propio, se convertirían en en las vigilantes principales de los recursos de los cotizantes, velarán porque en cualquier proyecto en que puedan colocar esos fondos haya una buena tasa de retorno y confiabilidad…
Rafael -Pepe Abreu- subraya que, de acuerdo con la Ley, se pueden invertir los fondos de pensiones para obras de infraestructura, tales como autopistas, carreteras, puentes y autovías.
Abreu se ha identificado con la idea de que parte de los fondos de pensiones de los trabajadores se inviertan en la planta a carbón de Punta Catalina, considerando el dirigente sindical, que la inversión iría en beneficio de los trabajadores a la hora de pensionarse, ya que el sector eléctrico y energético es rentable, y en ese sentido los dineros invertidos generarían intereses que se destinarían a que los pensionados obtengan mejores ingresos.
No obstante, esa inversión, aclara, no puede ser a lo loco. Lo primero es que como no se puede consultar a cada trabajador que aporte a los fondos de pensiones, el Gobierno debe dirigirse a los representantes de éstos. De ello se deduce que la dirigencia sindical debe estar representada en el consejo de dirección de Punta Catalina, ya que no se le puede dejar dicho espacio únicamente al empresariado, pues a la hora de repartir -afirma- no pensaría en los trabajadores.
A julio de 2016, el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos ascendió a RD$401,300.3 millones, de los cuales un 78.3% corresponde a Fondos de Capitalización Individual (CCI), equivalentes a RD$314,314.1 millones.
Esas cifras corresponden al boletín número 52 de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), correspondiente al trimestre abril-junio de 2016, en el que se detalla que 7.4% de dichos fondos corresponde a Planes de Reparto individualizado, equivalentes a RD$29,497.8 millones, y un 0.1% a Planes Complementarios, ascendentes a RD$213.1 millones.
Un 5.3% de estos recursos corresponde al Fondo de Solidaridad Social, equivalentes a 21,471.2 millones, mientras que un 8.9% al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), equivalentes a RD$35,804.1 millones.
Precisa la SIPEN que del patrimonio de los fondos de pensiones, RD$396,369.08 millones corresponden a las cuentas individuales de los trabajadores afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones, representando un 98.77% del patrimonio total.
La población afiliada al Sistema Dominicano de Pensiones al cierre de junio ascendió a 3, 363,441, para un incremento de 6.3% con respecto a junio de 2015.
El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, José Ramón Cabrera, afirma que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se han ganado más de 14 mil millones de pesos en los 10 años que tiene funcionando el Sistema de Seguridad Social. Las “ganancias excesivas” de las AFP han sido criticadas por expertos del Banco Mundial que recomiendan su reducción para brindar un mejor servicio al afiliado al Sistema de Seguridad.
“Las AFP sin hacer prácticamente nada, porque su única función es depositar en el Banco Central y Hacienda los descuentos a los trabajadores, se han ganado anualmente más de mil 200 millones de pesos. Eso es una barbaridad”, ha dicho y reiterado Cabrera dentro y fuera del Congreso Nacional.
El legislador explica que esas ganancias han ido en aumento año tras año, mientras crecen las deficiencias en los servicios de salud que se ofrecen a los afiliados del sistema. Precisa que de acuerdo a los estados financieros presentados, las AFP cubren sus gastos sin necesidad de cobrar un 30 por ciento de comisión. “Eso significa que el 30 por ciento de comisión es todo ganancia para esas empresas, en desmedro de los trabajadores”.
Las ganancias de las AFP se han incrementado y ronda un promedio de 2 mil 500 millones anuales los beneficios obtenidos por esas empresas en los últimos tres años, apunta el diputado Cabrera.
