Las estadísticas oficiales registradas en República Dominicana revelan claramente que la seguridad vial está en crisis. En más de una ocasión Lo hemos dicho en trabajos de investigación publicados por Vanguardia del Pueblo Digital.
Si bien hemos citado los factores de riesgo tradicionales predominantes, también identificamos un nuevo elemento de alto riesgo en la seguridad vial, tan complejo y costoso de resolver para el Estado como el que más. Me refiero al sistema de autoridad en crisis evidente.
La sociedad reclama una transformación, para no decir una reingeniería, en toda la estructura del sistema que interviene en materia de seguridad en la circulación, pero fundamentada en una nueva legislación que impregne al modelo un sentido justo, equitativo y de transparencia.
En los últimos tiempos presenciamos algunas de las muestras más fehacientes de crisis de autoridad vividas en nuestra red viaria manifestadas a través de un comportamiento cuestionable, tanto de los usuarios como de las autoridades.
Funcionarios de todos los niveles, familiares, amigos y allegados a personajes influyentes no respetan las normas, ni a los llamados a fiscalizarlas.
En la impotencia por el irrespeto a su investidura, la actitud asumida por los agentes de tránsito a veces implica la comisión de exabruptos, amenazas de agredir físicamente a los infractores, y hasta acciones violencia contra ellos.
Tanto los infractores como las autoridades, juegan un papel confuso en donde uno y otro no le temen a la justicia, y por demás, no respetan a quienes la controlan y vigilan, con la agravante de que estos últimos también llegan a caer en actos inaceptables.
Casos: El de la jueza, el sobrino del ministro, el dirigente político, el agente que disparó al neumático de un usuario, y un sin número de incidentes entre oficiales, motoristas y conductores de vehículos del transporte público, que se ven a diario, sin que se establezcan consecuencias ni se cobren las contravenciones. Son indicios de vulnerabilidad del sistema que tampoco muestra condenas penales.
Se trata de tangibles debilidades en el orden judicial a las que no se vislumbran soluciones a corto ni a mediano plazo; que como otras medidas inconstitucionales de AMET, revocadas por los tribunales de la República, hacen que las instituciones pierdan la confianza y el respeto de los ciudadanos, adentrándonos cada vez más en el caos.
