Durante dos días, el país ha sido la sede de la más amplia discusión sobre la protección social en la región de América Latina y El Caribe. El encuentro ha servido para que los responsables de las políticas públicas —al igual que las instituciones públicas y privadas que inciden sobre ellas— conozcan a profundidad las experiencias positivas que están dando resultado en toda la región, a la vez que se discuten los retos más apremiantes.
Bajo el lema “Progresando para la Igualdad”, el conjunto de los países de la región, con el acompañamiento de organismos internacionales, coincidimos en que el crecimiento económico, para que sea sostenido, debe generar bienestar en todos los estratos sociales.
Los golpes económicos sufridos por América Latina y el Caribe, nos llevaron a adoptar un nuevo paradigma en el combate a la pobreza, que si bien es cierto que ha propiciado un eficiente abordaje del fenómeno más allá de la dimensión del ingreso, aún no ha podido generar mayor igualdad social en nuestras sociedades.
Esto queda evidenciado en la poca o nula mejoría que muestran muchos de nuestros países en los índices de desigualdad, medidos de acuerdo al índice de GINI. En consecuencia, las discusiones y debates sobre el futuro inmediato de los programas de protección social, se enfocan en la imperiosa necesidad de un abordaje multidimensional de la pobreza y la necesidad de atender el mercado laboral y las políticas fiscales, porque es allí donde se está generando una acentuada desigualdad de ingreso en los hogares.
En el marco del VIII Foro Ministerial de Desarrollo Social de América Latina y El Caribe, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hemos propuesto en la Declaración de Santo Domingo, una ruta de acción que nos permita generar mayor resiliencia ante la vulnerabilidad, en el entendido de que es la base de un efectivo combate a la desigualdad social.
De su parte, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en el marco de la Primera Reunión de la Conferencia de Desarrollo Social, celebrada también en Santo Domingo, presentó la “Matriz de la Desigualdad Social” de la región, donde justamente llama la atención sobre el rol de los mercados laborales en la profundización de la desigualdad social.
Ambas instituciones presentan un panorama económico para la región que podría profundizar estas brechas sociales, si no son abordadas con eficiencia desde los programas de protección social.
En ese contexto, el planteamiento básico es que las políticas “deben ser diseñadas para combatir la desigualdad”, de manera tal que converjan y se entrelacen con los demás sectores, para evitar la recaída en la pobreza y que perdamos los logros alcanzados en materia social.
El mismo PNUD ha afirmado en distintas investigaciones que el fortalecimiento de la resiliencia en materia social proviene de cuatro factores: las condiciones del mercado laboral, los sistemas de protección social, el acceso a activos físicos o financieros y los sistemas de cuidado para niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.
La CEPAL fortalece este argumento, especialmente en la recién presentada Matriz de la Desigualdad Social, que aboga por mecanismos de crecimiento económico inclusivo y sostenible, la generación de empleo y trabajo decente y la protección social como receta hacia el triunfo sobre la desigualdad social.
El resultado final se plantea desde una aproximación a una propuesta de “acorazar a los vulnerables”, es decir, generar las condiciones necesarias para que los países de la región conserven los logros sociales, sin importar los efectos de crisis económicas, desastres naturales y externalidades que vulneran los indicadores en el área social.
Sin protección social la miseria y el círculo vicioso que genera se perpetúan. Sin igualdad e inclusión, el crecimiento se estanca y/o retrocede. Hemos progresado con solidaridad, ahora nos toca progresar para la igualdad, acorazando los vulnerables y atendiendo la multidimensionalidad de la pobreza.
