Es común pensar que luego de celebradas las elecciones presidenciales e iniciarse el consabido proceso de transición, el mandatario saliente proceda a rebajar brío a sus medidas gubernamentales en aras de facilitar el traspaso de mando al presidente electo. Sin embargo no siempre resulta así.
Lo peculiar de la campaña estadounidense, donde un candidato totalmente desconcertante, tanto por su simplismo discursivo como por su tosco y poco ortodoxo modo de accionar, ha hecho que su victoria se convierta en una carrera contra el tiempo para aquellos individuos e instituciones que buscan preservar a toda costa el presente orden de las cosas.
Por ejemplo, desde que se conocieron los resultados que dieron como ganador a Donald Trump, equipos científicos de alto nivel de Estados Unidos han emprendido sendos esfuerzos en preservar documentos que avalan los efectos del cambio climático, así como los avances en las investigaciones que buscan proponer soluciones a tal realidad, todo esto con ayuda del gobierno de Canadá.
Lo propio pasa desde las oficinas en Washington de la actual administración, donde su principal figura, el presidente Barack Obama, ha iniciado diálogos con miembros del Congreso para tratar de salvaguardar algunas políticas emprendidas durante los últimos 8 años, entre ellas las políticas sanitarias.
No obstante, estas medidas de carácter científico y domestico respectivamente, han quedado eclipsadas por dos acciones dadas a conocer la semana pasada, cuyas implicaciones han causado considerable impacto mediático en el ámbito internacional, a pesar de que su alcance real aún está por comprobarse.
La primera tendría lugar el viernes 23 de diciembre, donde en una decisión sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948 y más específicamente desde la redefinición de sus fronteras tras la Guerra de los Seis Días del 1967, una administración estadounidense decide poner a un lado el apoyo incondicional de décadas por parte de Washington a Jerusalén, absteniéndose en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige poner fin a la construcción “ilegal” de asentamientos judíos en Cisjordania.
La otra medida de especial resonancia sería la aprobación por parte de Obama de un paquete de sanciones contra el gobierno ruso, que estarían motivadas tanto por denuncias de “hostigamiento” a diplomáticos estadounidenses por parte de Moscú, como por los ya conocidos señalamientos de ataques cibernéticos durante la pasada campaña electoral. En concreto las sanciones incluyen la declaración como personas “non grata” a unos 35 funcionarios diplomáticos rusos, entre miembros de la embajada y consulado (en Washington y San Francisco respectivamente), los cuales se vieron compelidos a abandonar el país tras un ultimátum de 72 horas.
Lejos de considerarse una sorpresa, la decisión de la Casa Blanca podía verse venir desde que, para mediados de noviembre (una semana luego de las elecciones), el actual mandatario estadounidense hiciese unas declaraciones públicas que dejaban en evidencia su postura e intención a futuro, respecto a las denuncias de interferencia de Rusia en la contienda presidencial por medio de hackers. En la misma el presidente Obama sentenció que, cito: “No tenemos dudas de que cuando un gobierno extranjero intenta impactar en la integridad de nuestras elecciones, necesitamos tomar medidas y las tomaremos, en un momento y un lugar que nosotros mismos elegiremos”. A esto adheriría que dichas advertencias eran conocidas de antemano por Vladimir Putin, a quien le había transmitido su parecer directamente.
Cabe recordar que estas acciones responden a investigaciones previas llevadas a cabo por los organismos de inteligencia estadounidenses, desde que en el mes de octubre la Casa Blanca acusara públicamente a Rusia de hackear la base de datos del partido Demócrata, en especial los correos de la presidenta de la Convención Nacional Demócrata; las cuentas de correo de asistentes y presidente de la candidata presidencial demócrata, John Podesta; e incluso de hackear sitios web políticos de la nación. Todo esto con el fin de interferir en el resultado de las elecciones.
Según los organismos de inteligencia, existe evidencia suficiente de que los piratas cibernéticos tienen vínculos con el Kremlin a las más altas instancias, llegando incluso a especularse el consentimiento del presidente ruso, Putin. A pesar de ello, ni la CIA ni el FBI han hecho públicas las evidencias al respecto, lo que les ha merecido serios cuestionamientos por parte de los partidarios del candidato y ahora presidente electo republicano, quien en un hábil juego retorico no ha perdido oportunidad de descalificar las conclusiones tildándolas de “Ridículas”, y señalando a estos organismos como los mismos que habían dicho que Sadam Husein poseía armas nucleares para justificar la invasión a Iraq.
Sin embargo, las medidas emprendidas por la administración Obama (las cuales incluyen sanciones a dos agencias de inteligencia rusa, cuatro funcionarios de inteligencia y tres empresas afines al Kremlin, además del cierre de dos centros pertenecientes al gobierno ruso), parecen contar con el apoyo expreso de congresistas republicanos que piden intensificar las investigaciones a fin de establecer responsabilidades. Entre los legisladores más activos en las exigencias están John McCain, Lindsey O. Graham y Chuck Schumer, quienes han expresado que las conclusiones del reporte representan un motivo de alarma para el país.
Por el momento y manteniéndose firme en su postura inicial, el gobierno ruso ha negado todas las acusaciones y dejando entrever que los señalamientos de Washington no son más que muestras de las cualidades de un mal perdedor. Incluso, a propósito de las sanciones, resultó sorpresivo, además de hábil políticamente, la decisión de Putin de no emprender las medidas de reciprocidad diplomáticas sugeridas por su ministro de Exterior, Sergei Lavrov, optando por descalificar las sanciones como “Diplomacia Irresponsable” a la cual no se rebajaría.
No cabe dudas de que el actual proceso de transición que pone en contraste por un lado el epilogo de una gestión esperanzadora e idealista, mientras que por otro el escepticismo propio de la asunción de un gobierno poco alentador, genera incertidumbres que solo el tiempo logrará despejar.
Ciertamente la afinidad de Trump con los gobiernos de corte nacionalista y autoritario, como los de Rusia e Israel, ha puesto en peligro las políticas asumidas por la Casa Blanca en los últimos 8 años en el ámbito internacional. Esto explica que, a pesar de la premura, las medidas asumidas en las últimas semanas de mandato, respondan a la necesidad de salvaguardar el statu quo alcanzado, o en su defecto, establecer precedentes que marquen el punto de partida de un nuevo orden internacional acorde con los intereses de Washington.
A pesar de que tanto el Kremlin como Jerusalén presuman de hacer caso omiso a la actual ofensiva del gobierno de Estados Unidos, optando por esperar la toma de posesión de un gobierno acorde con sus intereses. Lo cierto es que las actuales acciones, a pesar de basarse en medidas ejecutivas (que en teoría pueden ser derogadas con facilidad por la siguiente administración), haría que Trump se encuentre ante la posibilidad de tener que confrontarse con el establishment norteamericano, por el hecho de Obama contar con el respaldo de influyentes miembros del Congreso, entre republicanos y demócratas, en la consecución de estos objetivos.
Es incuestionable que en el actual escenario está en juego un asunto de legado, estadio último en la consumación de una gestión de gobierno, donde se procura la obtención de un balance positivo al cual aspira todo mandatario. Obama en su agudo sentido de la historia lo ha tenido claro, y ante la necesidad de jugar sus últimas cartas en tiempos que se muestran determinantes para el futuro de la nación, ha decidido recordar que los Estados están llamados a asumir las consecuencias de sus acciones, incluyendo las que se emprendan a partir del 20 de enero, cuando no sea la suya la administración.
