En las últimas dos décadas se han producido acontecimientos económicos y políticos que han transformado el entorno internacional y que han impactado en las diferentes economías y en el ambiente político domestico, razón por la que ha surgido un amplio consenso en torno a la importancia de las instituciones y la capacidad de los Estados de proporcionar bienes públicos indispensables como determinantes esenciales del crecimiento económico. El énfasis en las políticas económicas, que caracterizaron gran parte de las décadas de los ochenta y noventa, ha dado paso a una mayor apreciación del hecho de que las políticas deben ejecutarse dentro del marco institucional apropiado, aunque en el caso de America Latina la debilidad institucional y el fracaso de algunos gobiernos crean un ambiente adverso al progreso de cada nación.
En ese contexto, hay que interpretar que la situación internacional de la segunda década del siglo XXI viene caracterizándose no sólo por la crisis económica, sino también por el auge de lo que se conoce como geoeconomía, o espacio económicos comerciales entre naciones. Pero es que la defensa de los intereses comerciales, energéticos y también institucionales y culturales, define hoy las prioridades de las agendas políticas, configurando una suerte de rivalidad económica internacional en la que no todos los Estados juegan con las mismas reglas, se trata de un hecho fehaciente, a la espera de que el proceso de apertura social y económica se logre a escala global.
Pero es que a escala global, la concentración creciente del ingreso y del patrimonio en el 1% de la población ha sido excelentemente explicada por el economista francés Thomas Piketty como resultado de la propensión estructural a que las ganancias derivadas de las inversiones financieras sean mayores que la tasa de crecimiento económico. Esta tendencia que está llevando al restablecimiento de un capitalismo patrimonial semejante al que prevaleció hasta antes de la Primera Guerra Mundial.
En los países desarrollados está en juego la posibilidad de preservar una vida en común, en tanto, que la desigualdad social en países de economía emergentes, como los de América Latina, no debe ser abordada con la mirada que actualmente prevalece en Europa. En el caso europeo y también en el anglosajón, el crecimiento reciente de la desigualdad implica una verdadera contrarrevolución que marca una clara ruptura con lo ocurrido durante el siglo XX, cuando se desarrollaron los Estados de Bienestar que impulsaron un movimiento continuo de reducción de las desigualdades.
Pero es que en América Latina la desigualdad es una vieja y persistente herencia histórica, que exige otra tarea: construir versiones regionales del Estado de Bienestar, ya que en la región no tiene sentido hablar del retroceso de la ciudadanía social frente a la ciudadanía política, sino de una democracia desgarrada, donde la segunda parece haberse consolidado pero no así la primera. Se trata de un mundo donde la democracia no ha logrado minar las desigualdades heredadas, que aún son un destino inexorable para numerosos grupos sociales.
En estos últimos tiempos han surgido a la luz pública distintos informes internacionales que vuelven a poner en el centro de la atención mundial la gravedad inusitada que ha cobrado la desigualdad en el contexto global más actual. Según estos informes en el año 2015 el 1% más rico del planeta era dueño del 48% de la riqueza del mundo. Pero las tendencias tienden a agravarse: pues en el año 2016 ese 1% logró superar el 50% y se espera que en el 2019 más del 54%. Si desagregáramos los grandes segmentos, nos encontraremos con asimetrías incluso más irritantes: en el 2014, el 20% del 99% concentraba el 46.5 % de ese restante 52, al tiempo que las ochenta personas más ricas del planeta poseen actualmente lo mismo que los 3.600 millones de personas más pobres.
En ese contexto escandaloso, la situación de América Latina, a pesar de haber mejorado en las últimas dos décadas, sigue manteniendo números muy preocupantes. Según el Banco Mundial y el centro de estudios distributivos, laborales y sociales, América Latina es la segunda región más desigual del planeta, 52,9, apenas por debajo del África Subsahariana, 56,5, y seguida desde bastante lejos por Asia, 44,7 y por Europa del Este y Asia Central, 34,7. Todo esto se produce a pesar de que más de 50 millones de latinoamericanos han pasado a formar parte de la clase media en la última década y aunque América Latina está encaminada a convertirse en una región de clases medias, la provisión de servicios para este grupo emergente dista mucho aún de ser satisfactoria.
Si se examina la evolución de la pobreza y la indigencia durante los últimos treinta años en América Latina y el Caribe se podrán advertir o identificar, con cierta facilidad, cuatro períodos claramente diferenciados. El primero de los períodos corresponde a los años ochenta del siglo pasado: la llamada “década perdida”. Entre 1980-1990 la incidencia de la pobreza aumentó de 40.5% a 48.4%, lo que implicó, merced al crecimiento poblacional registrado en esos años, pasar de 136 a 204 millones de habitantes viviendo en hogares con ingresos inferiores a la Línea de Pobreza.
La última década del siglo pasado constituye la segunda etapa en esta periodización. En esos años, en particular durante su primer lustro, se registró una reducción muy moderada de la pobreza: de 48.4% a 43.8% entre 1990 y 1999.
Esta leve caída en los niveles de pobreza y de indigencia, de 22.5% a 18.5%, se produjo en el contexto de crecimiento económico posterior a la “década perdida”, en una etapa signada por procesos de apertura económica y reformas de carácter liberal. Cabe consignar que este descenso coincidió con el incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso en varios países de la región.
Entre fines de los años noventa y los primeros del primer decenio del siglo XXI se puede ubicar la tercera fase en este recorrido. En esa etapa se produce en la región considerada como conjunto un estancamiento en la reducción de la pobreza, en tanto, algunos países padecen un crecimiento significativo de la pobreza y de la indigencia a causa de profundas crisis económicas que cierran en forma dramática el ciclo y los modelos de los años noventa.
Finalmente, el cuarto período se inicia a comienzos de este siglo con una sostenida reducción de la pobreza y de la indigencia, tanto en términos relativos como absolutos, que ha seguido hasta la actualidad. Como se puede apreciar, entre los años 2002- 2014 se observa una reducción de los porcentajes de pobreza, de 43,9% a 28%, y de indigencia de 19.3% a 12%. Este comportamiento asume otra valoración si se considera en términos absolutos: en dicho período la región pasó de 225 millones a 167 millones de personas en situación de pobreza, y de 99 millones a 71 millones en situación de indigencia.
En definitiva, los grandes desafíos que se plantean en America Latina ante esta encrucijada son superar el malestar de la pobreza a una mayor velocidad, mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, fortalecer la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado y evitar que la corrupción secuestre la democracia.
