Opinión

Las circunstancias por la cual se transita en las sociedades latinoamericanas requieren una respuesta contundente para alcanzar un cierto grado de desarrollo, lo que obliga que mediante intensas políticas públicas las diferentes instancias estatales se pueda jugar un papel fundamental que necesariamente recae en un trabajo sistemático de los Gobiernos nacionales.

Este es el desafío al que se enfrentan las diferentes economías de la región para lograr una consolidación fruto de una estrategia integral para erradicar la pobreza y la desigualdad predominante.

Para que los países de la región, que son de economía en vía desarrollo, logren un salto cualitativo y cuantitativo hacia el progreso se sugiere que los gobernantes respeten un plan de desarrollo social y fortalecimiento del Estado, diseñado a mediano y largo plazo. En tal sentido, el desarrollo económico ha de orientarse a que cualquier mandatario respete un plan de principios básicos que contengan priorizar el gasto social, educacional y de salud, promover políticas de fomento a nuevas inversiones, limitar el gasto presupuestario y respetar la constitución politica de cada nación.

Pero es que en la actualidad a escala planetaria se asiste ante la presencia de una nueva economía la cual sugiere una rápida adaptación a los cambios. Pues las evidencias empíricas muestran que estos se producen con mucha rapidez y, por lo tanto, se ha de estar preparados para poder crecer en la medida que las propias necesidades así lo requieran y es ahí donde reside procurar el desarrollo económico subordinado al respeto institucional como base de la seguridad jurídica en cada pais.

Durante los últimos años se ha generado una gran incertidumbre sobre la economía latinoamericana debido a los distintos acontecimientos políticos y las medidas aplicadas por los gobiernos de la región. Esta situación obliga a reflexionar en torno a la evolución socioeconómica que tendrá cada nación durante los próximos años, el cual será fruto de acciones políticas responsables que envíen señales de compromisos presente y futuro por parte de los principales actores público y privado.

Hay que resaltar que desde el punto vista económico, la región sigue dependiendo principalmente de la materia prima y, por supuesto, presenta un nivel de competitividad muy bajo frente a las economías desarrolladas. Pero resulta que la ausencia de una apreciable innovación y una mejor gestión del conocimiento han sido los focos vitales que ha desperdiciado la región por décadas.

En lo relativo al ámbito social, se tiene la exactitud de que la pobreza y la discriminación por razones de género disminuyen el progreso de la región. Tan solo con observar el panorama general de cada país, nos encontraremos que son las capitales las que presentan un mejor desarrollo, pero al interior de ellas, los márgenes de pobreza son lamentablemente axiomáticos.

En la actualidad, los países que conforman la región de America Latina continúan afectados por la ausencia de capitales extranjeros que se reflejan en las inversiones extranjeras de cada país. Las estructuras económicas de los países de la región son menos productivas por falta de capitales, pero de igual modo, la crisis en el sector laboral también responde a la poca competitividad internacional en la economía global.

Naturalmente, la ausencia de inversión extranjera ha afectado al mercado laboral en la región ya que la falta de capitales y el bajo coeficiente de exportación de los países de la región se traducen en una fuerte desmejora en el parque industrial. Por tales razones si las políticas económicas que se implementan no promueven la industrialización y el desarrollo tecnológico para poder innovar, será una constante el incremento del empleo precario en la región.

Estas son razones poderosas que obligan a los gobiernos a entender que la región se encuentra inmersa en una economía global, donde la conectividad, la producción y la innovación son vitales para el desarrollo económico y social. Sin embargo, las tasas de pobreza e indigencia en América Latina se ha incrementado de manera significativa tal como lo evidencia la CEPAL, al establecer que estas se expandieron en el 2015 y 2016, por el orden de un 29,8% y 30,7%, respectivamente, equivalente a 178 millones y 186 millones de personas pobres, mientras que la pobreza extrema, pasó del 8,2% en 2014, 48 millones, al 10% en 2016, 61 millones de personas indigentes.

América Latina es una región que históricamente ha sido golpeada por la pobreza y desigualdad cuyos orígenes, de esta realidad, descansan en las relaciones sociales que se han producido y que se materializaron en una estructura de poder oligárquica forjada en el marco del colonialismo, cuya herencia ancestral perdura de tal magnitud que amenaza con reproducirse con la violación a los estamentos constitucionales para extender los periodos gubernamentales, poniendo en juego la seguridad jurídica cuya expresión concreta es la inestabilidad e incertidumbre, tanto política como económica, vergu¨enza esta comprobable en los casos de Honduras y Bolivia, dejando abierta las potencialidades de encubar regímenes de corte dictatoriales.