Luego de un 2017 sin mayores sobresaltos, dejando de lado las recurrentes noticias sobre la impopular y cuestionada presidencia de Michel Temer, Brasil se embarca nuevamente en un año que promete ser agitado y decisivo para su futuro a mediano y largo plazo.
En esta ocasión, a pesar de que las elecciones generales están pautadas para el 7 de octubre, no habrá que esperar tanto para poder recrear los posibles escenarios, donde uno de los principales contendores a la presidencia es el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Su participación, que desde ya anticipa gran polarización electoral para los comicios venideros, estará condicionada al dictamen del Tribunal de segunda instancia brasileño, el próximo miércoles 24 de enero.
La citada decisión corresponde a un conocimiento de apelación por parte de la defensa de Lula, con motivo de la condena que se le impusiera a mediados del pasado año, por supuesta comisión de actos corrupción, como parte del célebre caso Lavajato. El Tribunal deberá emitir un fallo en el cual dará a conocer si ratifica o no la condena, que a su vez podrá habilitar o no la participación del ex presidente como candidato presidencial para octubre.
Según se puede rastrear, el proceso en cuestión tuvo su origen en marzo del 2016, cuando bajo la sospecha de ocultación de patrimonio y falsedad de documentos, el hogar de Lula fue allanado por la policía y él sometido a un extenso interrogatorio. En consecuencia, la fiscalía presentó cargos contra el exmandatario y su esposa (quien falleció meses después luego de sufrir un accidente cerebrovascular), alegando la posesión de un apartamento otorgado por la constructora OAS a cambio de favores políticos, cargo por el cual se les declaró culpables y se les condenó a nueve años y medio de prisión.
La defensa de Lula ha argumentado que la fiscalía carece de pruebas para sustentar la acusación que dio lugar al fallo, a la vez que el mismo ignora las pruebas a favor de Lula, ya que de 962 párrafos que posee la sentencia, solo se dedicaron cinco a las pruebas que demuestran la inocencia del exmandatario.
Mientras el ambiente político seguía siendo polarizado por los partidarios de Lula y quienes le acusaban, al tiempo que el caso Lavajato iba cobrando más víctimas, tanto dentro del espectro político como en el ámbito empresarial, el gobierno de turno tomó una decisión ampliamente cuestionada a todos los niveles. La referencia es al sorpresivo nombramiento que la entonces presidenta Dilma Rousseff otorgó al exmandatario, designándolo ministro de la Casa Civil (equivalente a ministro de la Presidencia) en una movida que generó especulaciones y que la fiscalía calificó de obstrucción a la justicia.
La designación, que de concretarse brindaría a Lula un fuero especial ante la justicia, fue suspendida por el juez federal Itagiba Catta Preta Neto, denunciado a su vez por participar activamente en las protestas contra Dilma Rousseff. Dichas acciones ponían en cuestionamiento su imparcialidad, pues se le vio en más de una ocasión formando parte de las movilizaciones en imágenes que colgaba en las redes sociales.
Agregado a lo anterior, luego de la divulgación de unos audios en los que se ventilaba una conversación privada entre Dilma y el exmandatario, la Suprema Corte de Justicia brasileña apartó temporalmente del proceso al juez que seguía el caso, Sergio Moro, por incurrir en un exceso en sus atribuciones y poner en peligro el Estado de Derecho y seguridad nacional. Este joven magistrado, de unos 45 años de edad, se había venido convirtiendo en una especie de Roberspierre brasileño, donde su determinación en torno al caso Lavajato convirtió a la nación sudamericana en un Estado Policiaco que en reiteradas ocasiones ignorando el debido proceso, sembrando incertidumbre en los sectores de poder.
Los acontecimientos que devinieron en aquella condena emitida el 12 de julio del 2017, de una forma y otra han constituido una estocada a uno de los hombres más admirados y reconocidos de los últimos tiempos, pero no han podido sepultar su legado. De hecho, este personaje de trascendencia internacional proveniente de una familia analfabeta, en cuya juventud trabajó de vendedor de maní y limpiabotas, para luego convertirse en obrero metalúrgico y posteriormente en líder sindicalista, podría estar ante la antesala de un renacer político.
Solo bastaría recordar que quien fue también fundador del Partido de los Trabajadores (PT), condujo exitosamente los destinos de Brasil durante los años 2003 y 2010, llegando a ser considerado como “el político más popular del planeta” por encima del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama; “el personaje del año” por la revista Le Monde y el periódico el País; y “el protagonista de la década” por el Financial Time.
Y es que luego de tres intentos fallidos por alcanzar la presidencia, Lula supo aprovechar el contexto internacional para cambiar la vida de los brasileños y proyectar a la nación como un actor fundamental en el mapa geopolítico.
Es bien conocida la expansión que registró la economía bajo su mandato, en parte alentada por el Boom de las materias primas y alto precio del barril de petróleo, donde a propósito de este último se descubrieron grandes reservas de crudo. Todo esto ayudó a impulsar políticas sociales con una inversión de más de 100,000 millones de dólares, donde destaca el programa “Bolsa Familia”, que ayudó a más de 30 millones de brasileños a salir de la pobreza, disminuyendo de un 33.3% a un 15.5% entre el 2003-2008. A su vez la inflación llegó a posicionarse en un 6.6%, un logro compartido con la administración que le antecedió de Fernando Henrique Cardoso, donde se visualiza que esta cifra pasó de estar en décadas previas en un 90% para 1980; en el 1985 era del 226%; en 1990 de 2,9740; y en el 2002 ya había disminuido a un 14%. Si agregamos que para el 2010 la economía brasileña creció un 7.5%, y se generó más de un millón de empleos (la tasa de desempleo llegó a ser más baja que Estados Unidos), no es de sorprender que la popularidad del mandatario al culminar su presidencia rondara el 80%, dentro y fuera de Brasil.
En definitiva, la oportunidad de poder rescatar su imagen y presentarse nueva vez a la presidencia, queda a expensas de la decisión de los tres jueces de la octava sala del Tribunal Regional Federal de Porte Alegre, que conocerán su apelación el próximo 24, y que, en la mayoría de los casos, han ratificado o aumentado las sentencias emitidas por el juez Sergio Moro. Mientras tanto Lula se mantiene puntero en todas las encuestas de cara a las elecciones, contando con el 34% de las preferencias para la primera vuelta (Datafolha), con un posible 50% para una eventual segunda vuelta.
Sin lugar a dudas, la presencia del exmandatario marcará la diferencia en el proceso electoral venidero, siendo la única opción viable del Partido de los Trabajadores para enfrentar a su antiguo aliado y actual partido de gobierno, el cual lleva consigo las indelicadezas que le señaló al PT y Dilma Rousseff, cuando los sacó del poder.
