Los miembros de la Cámara de Diputados serán sometidos esta semana a una prueba de fuego. Uno por uno son observados en su actitud frente al controversial proyecto de Ley de Partidos aprobado ya en el Senado de la República.
Tras su curso en Cámara Alta, el procedimiento establecido en la Constitución de la República, es que sea colocado en el orden del día de la primera sesión de los diputados, según explicó el congresista Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana.
De manera ordinaria los miembros de la Cámara Baja sesionan martes y jueves, por lo que en este período deberán decidir si envían lo envían a la comisión especial que preside Henry Merán, apoderada anteriormente de otros dos proyectos similares, o si por el contrario lo somete de inmediato a las deliberaciones, para ser aprobado, rechazado o enmendado.
En caso de ser remitido a la Comisión Especial encabezada por Merán, sus integrantes podrían decidir la fusión con las iniciativas que ya tienen bajo estudio, toda vez que procuran el mismo objetivo. Uno de ellos fue presentado por la Junta Central Electoral.
La Comisión, también podría decidir trabajar con la pieza ya aprobada por los senadores, toda vez que en alguna medida fue alimentado con elementos del proyecto de la JCE, aunque aun así contiene diferencias de fondo.
Las expectativas copan la atención de toda la sociedad, pero según el diputado Elpidio Báez, el procedimiento a seguir ahora es muy simple, en vista de que hay que ceñirse a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución de la República.
Sectores de la población reflexionan sobre la correlación de fuerzas de las corrientes que propugnan por la aprobación del proyecto tal y como fue remitido por los senadores, y otros que reclaman un consenso de todos los partidos que interactúan en la vida política nacional, o su rechazo.
Que puede ocurrir
Los múltiples debates registrados en el país sobre el proyecto refrendado en el Senado, generan el cosquilleo irónico de algunos, y la ansiedad de otros, por ver definitivamente cerrado el tema en el punto de las conveniencias políticas.
Para ser aprobado en esta legislatura, se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que lo conozca, por cuanto se trata de una Ley Orgánica.
“Esto sería 127 votos a favor”, dijo el diputado en conversación con periodistas de VANGUARDIA DEL PUEBLO Digital, “tomando en consideración que estén presentes todos los miembros del hemiciclo”, 190 en total.
Elpidio Báez añadió que este es un tema que preocupa mucho a la población, y se mostró esperanzado en que se pueda llegar a la solución, “porque hace 20 años que se espera la aprobación de una ley de partidos.
En los corrillos políticos, sin embargo, se habla de que las sumatorias de quienes apoyarían una u otra posición inclinan la balanza más al rechazo que a su aprobación, con una diferencia que ronda los 30 votos, si es que se sometiera a votación en esta misma semana.
Numerosos medios de comunicación titulan informaciones dando cuenta de que “Faltan 30 votos entre los diputados para aprobar Ley de Partidos como la aprobaron los senadores”. Otros estiman que es menor, proyectando la reiteración de movimientos y jugadas políticas que han funcionado en ocasiones anteriores”.
¿Por qué a favor y en contra?
La controversia está dada por establecimiento de que los partidos deberán escoger sus candidatos a los puestos electivos para las elecciones Generales, Congresuales y Municipales, en convenciones internas simultáneas en todos los partidos, con el Padrón de la JCE Abierto (para que vote todo el que pueda).
Esto ha encontrado una férrea oposición de amplios segmentos, que reclaman mantener a cada partido el derecho de votar sólo a los miembros de la entidad, o en última instancia que cada partido decida la forma de hacer sus convenciones.
También se ha señalado el carácter inconstitucional de imponer a una entidad como los partidos políticos, la obligación de hacer sus convenciones de forma predeterminada.
Igualmente se han puesto de manifiesto las grandes y diversas dificultades que, para los organismos encargados de fiscalizarlas, generarían las convenciones abiertas y simultáneas.
