Son los militantes en los partidos políticos quienes deben decidir con libertad plena cuales son las personas a figurar como candidatos en las boletas electorales de esas entidades, según coinciden jurisconsultos y cientisitas sociales.
Consultados por Vanguardia del Pueblo, representantes de distintas disciplinas académicas sostienen que es improcedente imponer el método de primarias abiertas en los procesos de selección de candidatos, en virtud de que tal prerrogativa corresponde a los militantes debidamente inscritos en las organizaciones partidarias.
El politólogo José Gell observa que si desde el Poder Ejecutivo se consiguiese imponer el tipo de primarias que más le conviene a ese estamento, eso podría traer consecuencias muy graves para el sistema democrático y para la institucionalidad de la nación.
Aseguró, igualmente, que de ser aprobadas las primarias abiertas, habría el plan de no realizarlas de manera simultánea, mediante el subterfugio de declarar ese punto de la ley de Partidos “inviable”.
Apunta que ese plan responde a la idea de que “quien hizo la ley hizo la trampa” y así se pretende que con los mismos votantes se pueda influir en las primarias de distintos partidos.
Gell, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo domingo, advierte que la obsesión por primarias abiertas “es una sinrazón”, y apunta que va en contra de lo que dispone la Constitución la República.
A l mismo tiempo, ese plan encuentra el rechazo de la Junta Central Electoral, de la mayoría de partidos y de los sectores de peso de la sociedad.
Señaló que de materializarse este despropósito, solo el Tribunal Constitucional tendría la atribución y la responsabilidad de evitar la fractura institucional y el colapso del sistema democrático dominicano, al declararlo inconstitucional.
Sostuvo que aunque la institucionalidad democrática estipula la necesidad de regular a los partidos como a cualquier otra entidad, toda regulación tiene sus límites y en tal sentido las organizaciones políticas deben gozar de libertad para escoger a sus dirigentes y candidatos.
“Las primarias abiertas a toda costa constituyen una imposición que va más allá de la regulación, pues responde a una perspectiva unilateral de una corriente determinada. Eso no es democrático y más bien sugiere vocación autoritaria”, subrayó Gell.
Llama a resistir todo apresto de autoritarismo.
Asimismo, José Gell consideró que gastar más de cinco mil millones de pesos del dinero público para que la Junta Central electoral organice y monte las primarias de los partidos resultaría totalmente inviable.
Voluntad violatoria
De su lado, el jurisconsulto John Garrido manifestó que el boicot a la sesión de la Cámara de Diputados que conocería la Ley de Partidos refleja que el sector que pretende imponer primarias abiertas está decidido a violar la Constitución de la República.
Sustenta esa convicción en que la Carta Magna adopta como principio fundamental el de la democracia interna, bajo el precepto de que los afiliados de los partidos políticos y demás entidades de nuestra sociedad son quienes están facultados para tomar sus grandes decisiones.
Mayor transparencia
John Garrido, experto en Derecho Constitucional, considera importante que se establezca mediante la Ley un tope al financiamiento de las personas físicas y no físicas, para evitar así que corporaciones económicas y el crimen organizado puedan colocar e impulsar candidatos en las elecciones nacionales, municipales y congresuales.
En ese orden destaca que la propuesta Ley de Partidos incorpora una mayor transparencia y equidad en los aspectos de acopio y manejo de los recursos destinados a las organizaciones políticas.
Habla la militancia
Los contactos periodísticos con las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo, provincias y en las seccionales del extranjero indican que los miembros de esta organización se inclinan decididamente a favor de preservar su derecho a decidir en los procesos internos.
De acuerdo a entrevistas y sondeos, los militantes peledeístas entienden que esa condición conlleva derechos adquiridos, sobre la base de méritos ganados en el trabajo político, que no pueden ser desconocidos de un plumazo en el Congreso de la República.
Diógenes Saviñón, quien se organizara en el PLD en 1977, aboga porque sean las bases de cada entidad las que decidan que método prefieren para la elección de sus dirigentes y candidatos electorales.
Saviñón, quien ha sido activista nacional y miembro de la seguridad del ya fenecido fundador de nuestro partido, profesor Juan Bosch, insistió que sería injusto barrer con los derechos de la militancia morada.
