Opinión

Nicaragua y su conflicto

El territorio que ocupa la República de Nicaragua, ubicada en Centroamérica, fue conquistado por España, la cual mantuvo su control durante más de tres siglos (1502-1821), periodo en el que se denominó “Provincia de Nicaragua”. Luego de la retirada de los españoles, durante tres años, formó parte del Imperio Mexicano, y posteriormente de las Provincias Unidas de Centro América y de la República Federal de Centroamérica, hasta lograr su independencia en 1838, bajo el nombre de “Estado de Nicaragua”. Es en 1854 cuando su texto constitucional la denominó como “República de Nicaragua”.

Ubicada en el Istmo centroamericano, esta nación cuyas tierras hacen frontera con el Océano Pacífico y el Mar Caribe, es un territorio conformado por grandes extensiones de tierras llanas, montañas, lagos, playas y mesetas, agrupadas en dos regiones y 153 municipios.

Aunque su territorio es 2.7 veces más grande que República Dominicana (más de 130 mil kilómetros cuadrados), su población es un 47% menor (6.3 millones de habitantes). Su Producto Interno Bruto Nominal es superior a los 14 mil millones de dólares y su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es 0.645. Según este índice, Nicaragua se ubica en la posición número 124, de un total de 188 países de acuerdo a un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2016.

En la década de los años 20 y 30, el crecimiento económico de Nicaragua superó a todos los países de la región centroamericana, el cual se mantuvo por un largo período hasta que en los años 70 y 80 su economía inicia un declive, debido a regímenes de facto que concentraban todo el poder en su provecho personal. Una revolución sacó del poder al régimen dictatorial de la época, lo que agudizó la crisis económica, la desigualdad social y la pobreza.

Desde el año 1854, Nicaragua ha tenido 63 períodos presidenciales, de los cuales 7 han sido ocupados por juntas de gobiernos y 56 por mandatos presidenciales democráticos y regímenes dictatoriales. En 164 años, sólo 38 personas se han desempeñado en el cargo presidencial por un único mandato y 8 se han mantenido durante dos o más períodos. Dentro de estos es importante destacar las dictaduras encabezadas por Anastasio Somoza García durante 16 años; y Luis y Anastasio Somoza Debayle, que luego de su padre gobernaron durante 7 y 10 años respectivamente, bajo el paraguas del Partido Liberal Nacionalista.

Durante once años, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se enfrentó a las fuerzas de la dictadura de Somoza, liberando del horror y la crueldad a los nicaragüenses en 1979, cuando el dictador renunció y se fue al exilio.

Una junta de gobierno integrada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Chamorro, Alfonso Robelo, Moisés Hassan Morales, Rafael Córdova y Arturo Cruz Porras, líderes del FSLN, asumieron la responsabilidad de conducir la nación por un período de seis años (1979-1985).

La excepción a los mandatos presidenciales ha sido el presidente actual Daniel Ortega Saavedra, quien ha asumido la presidencia de la República de Nicaragua en 4 ocasiones, durante los períodos 1985-1990, 2007-2012, 2012-2017 y el período actual que constitucionalmente abarca desde el 2017 al 2022.

Ortega, intentó modificar la Constitución para poder optar por un tercer mandato, introduciendo una modificación al artículo 147 de la Constitución ante la Asamblea Nacional, lo que no pudo lograr debido a que no contaba con el apoyo de la mayoría de los legisladores en el Congreso. Posteriormente fue beneficiado en el año 2009, con un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no aplicable el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua, que prohibía la reelección continua. De esta manera se permitió que 109 alcaldes sandinistas y el presidente Ortega pudieran optar por un nuevo mandato. Esto suscitó una gran polémica y oposición de los sectores políticos, económicos y sociales.

En diciembre de 2009, el Congreso mediante una resolución estableció la nulidad de la sentencia emitida por la Sala Constitucional, sobre la base de que sólo la Asamblea Nacional tenía la facultad de modificar la Constitución. No obstante, Daniel Ortega desconociendo la decisión del Congreso, se presentó a las elecciones y los sandinistas alcanzaron una nueva victoria para el período 2012-2017 con un 62% de los votos válidos emitidos.

Ortega se presentó nuevamente como candidato a la presidencia para el periodo 2017-2022, alcanzando un 72.4% (más de 1.8 millones de votos), llevando como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

En fecha 18 de abril de 2018, el presidente nicaragüense emitió el decreto No.03-2018, que modificaba el reglamento de aplicación de la Ley de Seguridad social, aumentando las cotizaciones de los trabajadores de 6.25 a 7%, lo que perjudicaba a más de 900 mil trabajadores nicaragüenses, a pesar de la oposición de la sociedad civil, el sector laboral y el sector privado. Los nicaragüenses salieron a protestar reclamando una reforma al sistema de pensiones y por la concentración de poder del jefe de Estado de Nicaragua y su familia.

Estudiantes, trabajadores, jubilados, las iglesias católica y protestante y la ciudadanía en general salieron a las calles a reclamar al gobierno dejar sin efecto el referido decreto y el cese del autoritarismo, que representa el partido sandinista y su gobierno. Este conflicto se ha prolongado por casi cuatro meses y el balance de estas protestas ha sido aterrador y ha alarmado a la comunidad internacional. Según analistas, este ha sido el conflicto más sangriento suscitado en esta nación suramericana desde los años 80. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ha dicho que el gobierno ha realizado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país” (Periódico La Vanguardia). De acuerdo a la CIDH, el pueblo nicaragüense cuenta hoy con más de 448 muertos, 2 mil 830 heridos y 595 personas desaparecidas. Las pérdidas económicas se estiman en un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es, cerca de 500 millones de dólares. Las protestas no han terminado y la población reclama el fin del mandato de ortega y su familia.

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