En el 67 por ciento de los crímenes ejecutados hasta hoy en Centroamérica media un arma de fuego, según cifras del Foro Parlamentario de Armas Pequeñas y Ligeras (APAL), que promueve un acuerdo contra la violencia.
A juicio de la senadora uruguaya Daisy Tourné, quien preside esta asociación, en muchos de los casos de femicidios también está presente un artefacto de ese tipo, por ello «queremos contribuir con Naciones Unidas a fortalecer el Tratado que las regula».
«Nos preocupa seguir trabajando el tema de la reducción de las armas en América Latina y el Caribe, porque seguimos siendo el continente con mayor violencia en cuanto al número de homicidios», expresó recientemente Tourné.
De acuerdo con el APAL, América Latina y el Caribe reporta el 33 por ciento de los asesinatos ocurridos a nivel global.
La investigación precisó que ocho ciudades de la región integran el listado de las 10 urbes con más asesinatos en el mundo, situación ligada al tráfico de drogas, el crimen organizado y la violencia de pandillas, principales receptores de las armas pequeñas y ligeras que circulan en las calles.
Ante esta realidad, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño suscribió un acuerdo el pasado año, el cual establece en uno de sus artículos que las parte cooperarán en la prevención y reducción de la violencia relativa al uso de armas pequeñas y ligeras, y su impacto en las sociedades latinoamericanas y caribeñas a través de acciones y responsabilidades parlamentarias.
Según el documento, las tareas están dirigidas fundamentalmente al tráfico de armas internas, regional e internacional, su impacto en la violencia de género y en la juventud, privatización de la seguridad y acumulación de municiones convencionales, entre otras áreas.
La idea de crear el APAL surgió en Estocolmo, Suecia, en 1999, pero no fue hasta el 2002 que se constituyó oficialmente en el Congreso de los Diputados de España.
Actualmente esta es la única red parlamentaria global dedicada al control, desarme y prevención de la violencia armada, integrada por 220 parlamentarios de 80 países.
Entre sus objetivos sobresalen la contribución a fortalecer las leyes sobre el control de armamentos, aumentar la comprensión entre los parlamentarios sobre el problema de las armas ligeras y pequeñas, y el desarrollo de mejores prácticas para la detección y prevención de la violencia armada.
