Está sobreentendido que la población se compone por personas que viven en el territorio de un Estado y que están sometidas a su poder y sus leyes. Por igual, tienen derechos y obligaciones que afectan a todos los ciudadanos, que cohabitan entre personas de culturas o nacionalidades diferentes.
El poder descansa en las funciones naturales asignadas al Estado, como son las de dictar las leyes para regular las relaciones sociales y velar por su cumplimiento, a través del poder judicial. Corresponde al Estado asumir la responsabilidad del orden, la seguridad interior y frente al exterior, en caso de atropello, guerra o atentado proveniente de otro Estado.
Es en tal contexto que en el marco de las funciones del Estado está la competencia exclusiva en política exterior con otros Estados. Corresponde al Estado la facultad exclusiva de recaudar impuestos para financiar servicios, infraestructuras, prestaciones, dirigir la economía con leyes que regulan el mercado laboral y la actividad empresarial, administrar los servicios públicos como la educación, la salud, las infraestructuras viales, el control de los puertos, aeropuertos y el sistema energético.
A la Luz de los elementos constitutivos del poder, en el siglo V antes de Cristo en Atenas se acuñó el término democracia que se interpreta como el poder del pueblo, es decir, que el soberano ejerce su poder a través del gobierno. Este se convierte en el mecanismo mediante el cual se legítima la participación en la toma de decisiones políticas.
Este enfoque de la democracia es generalizado a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Traducido a la realidad empírica, se trata del mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía mediante el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un período determinado, pautado por las elecciones que se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos.
Hay que poner de relieve que la existencia de elecciones, pura y simple, no es indicador suficiente para afirmar de que un gobierno o régimen es democrático ya que se hace mandatorio que se conjugan otras características. Dichas características han de responder a la concepción de que la democracia debe ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social que implica respeto por los derechos humanos, libertad individual, libertad para la asociación y beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, alternancia en el poder y limitación del poder de los gobernantes.
Es en ese contexto que la democracia, como sistema político moderno, se ha construido como una forma de cohabitar en sociedad, la cual solo es practicable si se fundamenta en un conjunto de valores, como la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación. Pero resulta que estos valores son fundamentales para su funcionamiento y que son el resultado de la evolución de nuestras sociedades.
En cualquier tipo de modelo de dirección de la sociedad, existe un ente fundamental que es el Estado, que es la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Esto significa que un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones el término es usado también para referirse a la nación como un todo, el cual ha de ser reconocido como tal, deberá contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento internacional de sus pares.
Lo expuesto son razones poderosas que conducen a entender que el Estado interviene en la economía, básicamente, porque el mercado es incapaz, por sí solo, de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado. Es en tales circunstancias que el Estado proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes en el mercado compran y venden bienes y servicios producidos con los recursos escasos de la economía, por igual, el gobierno lucha por mantener la competencia en los mercados de bienes y servicios al tratar de asegurar que ningún vendedor domine el mercado de una forma inequitativa, pero, a la vez, este puede decidir jugar un papel en la redistribución del ingreso y la riqueza, ya sea a través del sistema fiscal, o bien, a través de diferentes tipos de subsidios gubernamentales y subvenciones para grupos de Interés especial.
La intervención del Estado en la economía obliga a que este haya de ser agente de cambio social y transformación económica permanente. Para ello requiere de un aparato burocrático que funcione segregadamente con el objetivo primordial de apoyar a las inversiones privadas y a la creación de infraestructura asumiendo los riesgos y promoviendo nuevas áreas de inversión con impacto directo en la economía y el bienestar de la sociedad.
Corresponde al Estado propiciar la participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo, mediante la elaboración de la política económica en la cual se relacionen aspectos políticos y económicos, ya que dicha política se enfrenta permanentemente a la necesidad de regular un sistema que atienda a la inestabilidad económica, social y política. Esto así ya que la politica económica es fruto de conflictos entre grupos y clases que tienden a consolidar, crear o disolver equilibrios político-sociales en el campo económico.