El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido coherente y claro en reclamar de las actuales autoridades el respeto a lo que el Derecho llama el Debido Proceso, que no son más que las garantías de que las personas puedan hacer valer sus derechos ante la justicia en igualdad de condiciones.
Este insistente reclamo fue reiterado al final de la pasada semana con las declaraciones del Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, quien a nombre del Partido exigió al gobierno que respete los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos que son vinculantes a todos los poderes públicos, tal y como establece la Constitución de la República.
El requerimiento del PLD se sustenta en el arbitrario impedimento de salida al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sin la debida autorización judicial, disponiendo las llamadas alertas en los puertos y aeropuertos que impiden la salida de ciudadanos dominicanos hacia el exterior que se encuentran en pleno goce de sus derechos.
Tal y como se ha explicado, impedir la salida del país a un ciudadano es una medida de coerción que solo puede ser impuesta mediante una resolución judicial motivada y escrita; por lo que ni el Ministerio Público ni la Dirección General de Migración tienen facultad para imponer esta restricción al libre tránsito.
Desde el Gobierno se emitió una nota en la que se desliga al Jefe del Estado del hecho argumentando la manoseada expresión del ministerio público independiente.
Los reportes de prensa evidencian un aparataje para impedir la salida del ex procurador, quien es miembro del Comité Central del PLD, en el que se obligó a los pasajeros de un avión a desmontarse, argumentando fallas técnicas, una acción censurada en el protocolo de la aviación civil.
Lo acontecido manifiesta una flagrante violación de derechos y garantías fundamentales constitucionalmente consagrados y una trasgresión de la normativa procesal penal, que lleva al PLD a reiterar el reclamo al respeto al debido proceso y a los derechos y garantías ciudadanas
