Los dominicanos y las dominicanas hemos sentido en los últimos días el impacto de tres golpes sociales que nos han dejado aturdidos, atolondrados, con un alto grado de frustración y, por qué no decirlo, de rabia.
Primer Golpe: El retorno de los viajes hacia Puerto Rico en frágiles embarcaciones en busca de mejor vida, con un trágico saldo de desaparecidos y familias angustiadas.
La semana pasada se reportó un caso en Barahona y un segundo en la provincia María Trinidad Sánchez.
Las noticias del naufragio en frágiles embarcaciones habían desaparecido, pero el alto costo de la vida y las dificultades económicas han motivado el resurgir de las peligrosas aventuras y estos trágicos balances.
Segundo Golpe: La delincuencia sigue dominando el escenario que ocasiona el clima de notoria inseguridad ciudadana.
Asaltos, robos, ataques mortales, ajustes de cuentas, homicidios, riñas, tiroteos y otra gama de delitos son abundantes.
La delincuencia ha ganado la batalla a los tantos planes de control anunciados y ha arrinconado en el olvido el célebre programa con que se le dijo al pueblo se controlaría ese mal en meses.
El país vive un estado de desasosiego, producto de la delincuencia rampante y las deficiencias de las autoridades para combatir el crimen.
Tercer Golpe. Los accidentes de tránsito. El país ha sido conmocionado con el reporte del autobús accidentado en las cercanías del Boulevard Turístico del Este, en Bávaro, provincia Altagracia.
En el trágico hecho fallecieron dos mujeres turistas de nacionalidad peruana y argentina, respectivamente, y más de 15 pasajeros resultaron heridos.
Todas las versiones confirman que el exceso de velocidad fue la causa de la volcadura y el trágico balance, que hoy empaña la imagen de un país que tiene su principal sustento económico en el turismo.
En las quejas ciudadanas se destacan la tardanza en la llegada de las ambulancias del sistema 9-1-1 y la falta del servicio de seguridad vial, inconvenientes de los que responsabilizan directamente a un gobierno que ha preferido el conteo de nuestros visitantes o las divisas que dejan, en lugar de ofrecer seguridad a quienes son conquistados en el exterior para visitar nuestro país.
Las autoridades nacionales están obligadas a examinar dónde están las fallas y adoptar los correctivos necesarios para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Es tiempo de soluciones; no de excusas.
