Tras una lluvia de críticas expresadas por la inmensa mayoría de los sectores organizados y los creadores de opinión el Gobierno recula y decide retirar del Congreso el proyecto sobre Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. Así lo anunció en una declaración difundida desde el Palacio Nacional por el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia a media tarde del domingo.
En la declaración palaciega se explica que el retiro de la controversial pieza responde a la inquietud ciudadana producida por este proyecto. Expresa que su reintroducción se hará en un plazo no mayor a los 45 días.
Restriega el comunicado de la presidencia de la República que el actual es “un gobierno que escucha”, cuando debió afirmar que de lo que se trata es de uno que inventa, que no planifica y se arrodilla a los intereses foráneos de agencias extranjeras.
Con la carta de presentación de lo que la comunidad política, jurídica y académica juzgó de adefesio, y con el propio proyecto, el gobierno del presidente Luis Abinader enseñó el refajo.
En el proyecto se asume el compromiso de “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Queda claro que además de comprometer el presupuesto estatal, quedarían las puertas abiertas a la creación de campos de refugiados financiados con los dineros del pueblo dominicano.
Tres días antes del anuncio del retiro de la pieza enviada al Congreso, el presidente de la Republica defendió y justifico el controversial proyecto de ley destinado a establecer en la República Dominicana un régimen legal sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes.
Todas las aristas de este proyecto permiten concluir que es atentatorio a la soberanía nacional y por ende violatorio de la Constitución de la República.
Al jurar como presidente de la República el actual mandatario hizo el compromiso de defender la soberanía nacional y los intereses del pueblo dominicano, que se tiran por la borda en este proyecto de Ley.
Avanzando hacia la fecha del 179 aniversario de la proclama independentista, el pueblo rechaza la postura de prestarse a semejante sumisión, indigna en un gobernante que juró proteger y defender la independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
