Los millones de pesos que pierde el país cada año, a causa de una
ejecución presupuestaria desatinada y, la debilidad de control en la
administración de su patrimonio, montan a cifras espantosas.
La estructura de control y fiscalización de los fondos públicos y el
patrimonio del Estado, según al Artículo 246 de la Constitución
Dominicana, la integran “el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas,
la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas
competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos
establecidos en las leyes”. Es lamentable tener que reconocer que esa
entidad, esta degradada a la más mínima expresión.
El clientelismo, y otros vicios sociopolíticos, desnaturalizan el accionar
de los órganos precitados.
Las aspiraciones electorales de la época obnubilan el juicio de las
autoridades en cuanto a su deber de cumplir, y hacer cumplir las
Constitución y las leyes. En ese sentido, toman decisiones orientadas al
proselitismo y la inmediatez. No importa lo que se gaste
Para evitar que continue ese despilfarro, y fortalecer la lucha
anticorrupción, es necesario hacer cumplir lo que ordena la ley 10-04
Sobre la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, promulgada el
20 de Enero del 2004, en su artículo 10, numeral 2): “Solicitar a quien
corresponda, toda la información necesaria para cumplir con su
funciones”. Es decir, rendir cuentas con transparencia, a fin de que
permita examinar la información financiera obtenida sobre la base de
evidencias que soporten las cifras y las revelaciones contenidas en la
misma. A esos fines, sugiero implementar lo siguiente:
“Disponer de una herramienta técnica para la ejecución de la Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral en las especialidades que se han
venido desarrollando es un punto clave para el ejercicio eficiente y
efectivo de la actividad sustantiva de la Cámara de Cuentas de la
Republica Dominicana (CCRD).
El Manual Operativo de Auditoria Gubernamental (MOAG) resume los
principales aspectos legales, reglamentarios y conceptuales aplicables,
así como también considera algunas mejores prácticas para la
prestación del servicio de Auditoria Gubernamental. Constituye uno de
los instrumentos más útiles para fortalecer el ejercicio de la rendición
de cuentas, la transparencia en la gestión y la administración de los
recursos públicos”. Esperemos.
