En los motivos para la conformación de la coalición partidaria Rescate RD juega un rol fundamental la defensa de la democracia, la institucionalidad y la libre expresión de la voluntad popular.
Es lo que ha llevado a la representación de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) ante la Junta Central Electoral a presentar un pliego de garantías electorales con miras a las elecciones de mayo próximo.
Es también lo que se llevó al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se alertó sobre actos gubernamentales atentatorios contra la legitimidad del actual proceso electivo.
Los partidos presentaron a la OEA múltiples pruebas del “uso abusivo y descarado de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la oposición”.
Además, la utilización política de los programas sociales del gobierno, el otorgamiento de pensiones privilegiadas mediante decreto presidencial a dirigentes de la oposición a cambio de que pasen a apoyar la reelección, la compra vulgar de alcaldes, diputados, senadores, candidatos electos y no electos entre otras acciones que obedecen a un plan orientado a instaurar un modelo hegemónico de partido único, amparado en el dinero del erario y del narcotráfico.
Lo que se persigue es que se creen las condiciones para una competencia equilibrada, donde la voluntad de la gente pueda ser expresada en las urnas sin que se utilice ningún mecanismo de coerción.
Como ha sido el comportamiento del PRM en el gobierno, se ha pretendido burlarse de esta preocupación de los partidos de la oposición política, mediante una jauría mediática que se ha lanzado a descalificar el gesto unificado de la Alianza Rescate RD, en donde está el sentimiento de los electores.
Advirtiendo sobre el peligro que representan para la democracia dominicana las acciones déspotas y autoritarias del gobierno, los partidos de la Alianza Rescate RD manifiestan su compromiso para que los comicios venideros marchen en paz, que prime una competencia equilibrada, con reglas claras, y que la voluntad popular se exprese en las urnas de forma libérrima sin el uso de ningún recurso que la limite por el bien de la democracia en nuestro país y de su estabilidad económica, política y social.
