(Documento de la Secretaria de Asuntos Municipales PLD
En el año 1997 con la aprobación de la ley 17-97 por la que se reconoce a los gobiernos locales la participación del 4 por ciento en los ingresos ordinarios del Estado, ratificada e incrementada por al ley 166-03 que lo elevo al nunca cumplido del 10 por ciento, se inició el proceso de reforma y modernización de la Administración local dominicana, con el incremento que ambas supusieron en los recursos que hasta entonces disponían para prestar los servicios de su competencia.
Posteriormente en el año 2007, la aprobación de la Ley 176-07, aportó las reformas de carácter organizativo, competencial y de funcionamiento que permitieron a ayuntamientos y juntas municipales gestionar y administrar las comunidades locales de manera más eficaz, eficiente, democrática, participativa y transparente.
En el año 2010 se aprobó la reforma constitucional que fortalece el sistema municipal reconociendo que municipios y distritos constituyen la base del sistema político administrativo local y ambos son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria , con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo , fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.
Igualmente dispone que los gobiernos locales podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación que de manera expresa establezca la ley , siempre que los mismos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación ni con la Constitución o las leyes. Así, como que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales , de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos.
Completarán las reformas legales la aprobación entre otras de leyes como la Orgánica de Presupuesto, del sistema de planificación e inversión pública, la Ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos y la de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos.
Gracias a las continuas y permanentes demandas de los funcionarios locales ante los poderes del Estado y con el acompañamiento de las organizaciones gremiales que les representan, es mucho lo que hemos avanzado desde el año 1997 hasta la fecha.
Pero hemos de expresar que todavía es mucho lo que falta por conseguir. Y en este sentido planteamos la necesidad de avanzar sin más demoras en diferentes frentes.
Primero, en el financiero. Pese a las crisis económicas que periódicamente se producen tanto a nivel mundial como nacional, no hay justificación para que a los gobiernos locales no se nos haga entrega del 10 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado que en el año 2003 se nos reconoció por ley. Entendemos que tal decisión es estratégica y afecta al buen funcionamiento del Estado en su integridad. En la República Dominicana son dos los pilares en los que se apoya el desarrollo económico y el bienestar del pueblo dominicano. El primero es el que representa el Estado, velando por el interés general y promoviendo las actuaciones y medidas de alcance nacional. Y, el otro, el que representan los 393 gobiernos locales velando por el interés de sus comunidades y prestando los servicios locales que estas demandan. Y, hemos de estar claros que con los recursos de que actualmente estos últimos disponen, la situación esta desequilibrada y se hace difícil seguir avanzando. Es increíble que en el año 2023, los gobiernos locales perciban en términos porcentuales menos recursos que en el año 1997. Y así no se puede seguir.
Seamos serios y reconozcamos que si los gobiernos locales no disponen de los recursos necesarios para prestar los servicios que son de su responsabilidad, se da un desajuste en el funcionamiento del Estado. Podrá hacer el gobierno nacional los más grandes esfuerzos que el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad no serán satisfactorios si resulta que para hacer lo que a él le corresponde, está privando a los gobiernos locales de los recursos para hacer lo que a estos también les corresponde. Sin duda la situación del país desde el año 1996 hasta ahora ha cambiado bastante. Disponemos de mejores carreteras, aeropuertos, puertos, metros y muchas otras infraestructuras de carácter nacional. Pero, por lo que hemos comentado anteriormente, seguimos teniendo problemas en la prestación de servicios locales tan básicos y necesarios como la gestión, recolección y disposición final de los residuos sólidos, el alumbrado de nuestras calles, la ordenación del territorio, la carencia de aceras y contenes, la existencia de muchas calles sin pavimentar. En definitiva, nuestro desarrollo parece que camina disparejo, donde junto a novedosos avances en el desarrollo nacional, vemos se mantienen las mismas carencias, problemas y deficiencias de siempre en el nivel local.
Y que quede claro que ello no se debe a la negligencia de los funcionarios locales. Que demasiado hacen con los cheles que les llegan. La solución está por enfrentar el problema y solventar de una vez por todas el problema de la suficiencia financiera y consiguiente autonomía de los gobiernos locales, dotándolos de los recursos que precisan para poder cumplir con sus responsabilidades.
Y entendemos que en ello está el problema de fondo y la clave para alcanzar una solución. Porque si se reconocen y entregan a los gobiernos locales los recursos que precisas:
a) Pueden prestar los servicios locales con los niveles de cantidad y calidad que los munícipes demandan;
b) Realizar las inversiones necesarias para dotar a las comunidades de las infraestructuras y equipamientos de los que carecen;
c) Disponer de personal capacitado y con la calificación profesional y laboral para ser más eficaces, eficientes, democráticos y transparentes
d) Colaborar con el gobierno nacional en la implementación de políticas públicas en apoyo a la educación, la salud y la igualdad de género.
e) Cooperar y colaborar con el gobierno nacional en la descentralización y territorialización en la prestación de los servicios públicos y la atención ciudadana.
f) Y, asumir por transferencia o delegación, la prestación de servicios de una manera más cercana al ciudadano y por tanto más acorde a sus demandas y necesidades.
Honestamente, creemos que lo que hemos expresado no es nada nuevo. Pero precisamente, como pese al tiempo transcurrido el problema se mantiene ahí, los gobiernos locales siguen careciendo de una financiación suficiente, creemos necesario que hay que seguir con este discurso de reivindicación frente al Estado. Y lo hacemos no con la intención de molestar o buscar el enfrentamiento. Por el contrario, desearíamos que lo dicho de una vez sea entendido y reconocido.
Y es que al margen de las debilidades y carencias que actualmente sufre la municipalidad dominicana, el problema de fondo es que todavía no se ha solucionado el problema de su financiación. Y sin ello ni se pueden corregir como debieran la calidad de los servicios que presta ni las limitaciones que en materia de capacidades afecta al personal a su servicio.
