El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado el miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) tras su llegada a Países Bajos, anunció el tribunal, que no emitió una orden de arresto contra el exmandatario por crímenes durante su campaña contra el narcotráfico.
El exgobernante, de 79 años, es acusado por el IPC, con sede en La Haya, de «crímenes contra la humanidad» durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de millas de muertos, en su mayoría de hombres pobres, muchas veces pruebas de que no se ha relacionado con las drogas.
«Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegeía y asumo mi responsabilidad», Duterte declaró en un video compartido en un perfil suyo en redes sociales y en el descompuesto un cercano, tras llegar a la corte. Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, apuntó que el arresto de Duterte es «importante» para las víctimas y defendió que las investigaciones de la corte son «indes e imparciales».}
El avión que trasladó a la exdirigente desde Filipinas hasta los Países Bajos aterrizó cerca de las 16.55 de la tarde (15.55 GMT), tras hacer una larga parada en Dubái, donde Duterte recibió un chequeo médico y se gestionan documentos necesarios para todas las personas que se encuentran en el vuelo. Se espera que su primera comparecencia ante el IPC, que juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios, se produzca en los próximos días.
Los jueces señalados que «existen razonables» para creer los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden de filipinas «atacaron a un gran número de personas que siguen siendo en acción de acción», al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Dada la posición y funciones de Duterte en el período de este, primero como alcalde de Dávao y después de presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), el CPI considera que «tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones y es «co indirecto de crimen de asesinato.
Por temor a la rendición de cuentas ante el IPC, Duterte retiró una Federación de la Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esta decisión no a la jurisdicción que tiene la cortedad sobre crímenes antes de esa fecha.
