Por: Cristina Rodríguez Mota | El Día Internacional del Trabajador, nos convoca a una realidad que no podemos seguir ignorando: la precarización del empleo en la República Dominicana ha alcanzado niveles alarmantes.
El crecimiento del trabajo informal, la falta de condiciones sociales mínimas y la baja protección del trabajador nos colocan frente a una crisis estructural que afecta a millones de dominicanos y dominicanas.
Según los últimos datos del Banco Central de la República Dominicana, al tercer trimestre de 2024 la ocupación informal rondó el 55.3 %, una cifra que, aunque representa una leve mejora respecto al año anterior, sigue siendo más alta que la proporción de empleo formal. Esto significa que más de la mitad de la población ocupada trabaja sin acceso a seguridad social, sin estabilidad ni derechos laborales básicos.
Este fenómeno afecta de manera particular a las mujeres. Vemos con preocupación cómo se sigue reduciendo la contratación femenina, debido a estereotipos sobre su rol en la familia. A esto se suma el acoso sistemático que sufren muchos pequeños negocios informales como salones de belleza y barberías que, a pesar del aumento de la criminalidad y del alto costo de la vida, deben ampliar sus horarios de trabajo para sobrevivir, siendo además hostigados por algunas autoridades policiales.
Desde nuestra posición como educadoras y defensoras de la equidad, denunciamos también la inestabilidad creciente en el empleo público. Aunque el gobierno continúa siendo el mismo, se han incrementado las cancelaciones arbitrarias, los traslados injustificados y los casos de acoso laboral. Peor aún, algunos trabajadores de carrera como es nuestro caso en instituciones como INAFOCAM y el área de salud han sido vulneradas en sus derechos, dejadas sin funciones y sin explicación alguna, en abierta violación a la institucionalidad y la dignidad del empleo público.
A esto se suma otra realidad ineludible: la desaparición progresiva de la clase media, empujada al límite por el aumento sostenido de los insumos y de la canasta básica familiar. Hoy, tener un empleo no garantiza una vida digna. Se requiere con urgencia el diseño de políticas públicas que protejan a la clase media, aseguren empleos de calidad y hagan los productos básicos. Además, los servicios públicos han desmejorado casi en su totalidad, afectando gravemente la calidad de vida de las familias dominicanas, en salud, educación, transporte y seguridad.
Esta situación exige una respuesta decidida y responsable del Estado. No basta con hablar de crecimiento económico si no se garantiza un empleo de calidad. Se deben adoptar medidas urgentes y viables para reducir la informalidad sin depender de reformas fiscales fracasadas. Entre las acciones inmediatas sugerimos:
La eliminación del anticipo para microempresas.
Simplificación impositiva y acceso real al crédito.
Protección social a trabajadores informales.
Igualdad de oportunidades para mujeres y jóvenes.
Estabilidad y respeto en el empleo público.
Políticas de protección y alivio fiscal para la clase media.
El Día del Trabajador no debe ser una fecha simbólica, sino una oportunidad para reclamar derechos, denunciar abusos y fortalecer la lucha colectiva por un país más justo. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con quienes sostienen esta nación desde la periferia: las trabajadoras y trabajadores olvidados.
Porque como lo han hecho generaciones pasadas, nos toca ahora alzar la voz y transformar la historia desde la dignidad laboral.
