Diversas autoridades del ámbito jurídico y social —juristas, fiscales, defensores de los derechos ciudadanos— han alzado su voz con creciente preocupación ante el deterioro del orden institucional que sufre la República Dominicana. La proliferación de delitos y faltas que no reciben sanción no es solo una falla administrativa: es una herida profunda a la columna vertebral del Estado de derecho, al equilibrio de poderes y al principio de justicia que tanto ha costado construir en nuestra democracia.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana, heredero de la lucha institucional que encabezó al profesor Juan Bosch, no podemos observar con indiferencia este clima de impunidad social generalizada. Este fenómeno amenaza directamente el tejido ético de la nación y pone en entredicho la legitimidad de las instituciones públicas. Cuando la ley no se aplica, cuando la justicia no se hace sentir, lo que se establece no es un orden, sino la anarquía legal. El pueblo dominicano, al que juramos servir con transparencia y compromiso, merece un país donde la ley se respeta y se cumple, sin excepción.
Violaciones flagrantes a leyes fundamentales
Ejemplos sobran, pero algunos resultan particularmente escandalosos por su recurrencia e impacto social:
La Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es ignorada sistemáticamente. Las infracciones a esta ley se cometen a diario, mientras las autoridades responsables de su cumplimiento actúan con indiferencia, permitiendo que el desorden vehicular y el irrespeto a las normas sigan cobrando vidas inocentes.
El Código de Trabajo de la República Dominicana , instrumento esencial para la justicia laboral y la equidad en las relaciones entre trabajadores y trabajadores, es violado impunemente, sin que los órganos del Ministerio de Trabajo ejerzan una supervisión efectiva. Esto constituye una agresión directa contra la clase trabajadora, pilar esencial del progreso nacional.
La Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social , columna vertebral del bienestar social, también es objeto de evasión por parte de numerosas empresas, que se enriquecen a costa de negar derechos fundamentales a sus empleados. ¿Dónde está la Tesorería de la Seguridad Social? ¿Por qué no se hace cumplir una ley que garantiza la salud y la vejez digna de los dominicanos?
A esta situación se suma un informe alarmante de la Superintendencia de Bancos , que reporta más de 7,000 casos de fraude externo en entidades financieras durante el año 2024, con pérdidas superiores a los RD$1,700 millones. Lo más grave no es solo la cifra, sino el silencio sobre el fraude interno , es decir, aquel perpetrado por personal dentro de las instituciones. Esta omisión es, por sí sola, una forma de encubrimiento, lo que también pasa en el sistema del transporte público.
¿Quién responde por estos delitos?
La ciudadanía exige respuestas. ¿Cuántos de estos fraudes han sido llevados ante la justicia? ¿Por qué la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción? ¿Por qué no se publica la identidad de los responsables ni se informa sobre las sanciones? ¿Están las entidades financieras más preocupadas por su imagen que por la justicia?
La falta de transparencia y la escasa judicialización de estos delitos están minando la credibilidad del sistema democrático y afectando el contrato social sobre el que descansa nuestra convivencia. No puede haber paz social sin justicia efectiva.
Un marco legal ignorado
El Código Penal Dominicano tipifica claramente estos delitos: el fraude (Art. 405 y siguientes), la estafa (Art. 401 y 402), la asociación de malhechores (Art. 265 y 266), entre otros. Sin embargo, se observa una preocupante falta de voluntad política para aplicar estas normas con todo el peso de la ley. Esta omisión favorece a los delincuentes y margina a los ciudadanos honestos, que día a día cumplen con sus deberes.
La amenaza creciente de los «chiperos»
El caso de los «chiperos» —redes criminales que operan mediante fraudes electrónicos— es un ejemplo indignante de cómo el crimen organizado avanza mientras las autoridades retroceden. Estas mafias, muchas veces conectadas con personales bancarios y comercios cómplices, operan a plena vista. Las herramientas tecnológicas para rastrearlos existen, pero no hay voluntad para enfrentarlos con firmeza. ¿Por qué no se realizan operativos contundentes? ¿Por qué no se judicializa a los autores intelectuales?
Consecuencias de la inacción: debilitamiento del Estado
La permisividad frente al delito y la negligencia de las autoridades responsables —la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos, entre otras— está debilitando los pilares del Estado dominicano. No puede hablarse de gobernabilidad cuando la justicia no actúa, cuando las instituciones están silenciadas o capturadas por intereses.
La Constitución de la República , en su artículo 75 sobre los deberes fundamentales, es claro: todos los ciudadanos deben cumplir y hacer cumplir la ley. Pero ese deber es recíproco: el Estado debe ser garantía de la justicia, del orden y del respeto a los derechos ciudadanos .
El PLD llama a la acción nacional
Desde el Partido de la Liberación Dominicana hacemos un llamado enérgico a todas las fuerzas vivas de la nación: el liderazgo político, empresarial, judicial y social debe unirse en una cruzada nacional contra la impunidad. El Ministerio Público debe actuar con independencia y firmeza; los jueces deben juzgar con imparcialidad y apego a la ley; y el Poder Ejecutivo debe dejar de proteger con el silencio a quienes violentan el orden institucional.
Porque callar ante el delito es ser cómplice.
Porque cuando la justicia se ausenta, la corrupción avanza.
Porque un país sin ley es un país sin futuro.
El PLD reafirma su compromiso con la institucionalidad, la justicia y la defensa del interés nacional. Actuamos ahora. El momento de defender la democracia y el Estado de derecho es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.
