Con mucha pena y preocupación, por no decir indignación, pude ver
en estos días cómo la recién instalada Cámara de Cuentas se estrenó con
la publicación, en la primera página de la gran mayoría de los medios
escritos del país, de un informe de auditoría practicada por esa institución
al Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el 1ro. de
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Aún no salgo del asombro que me causó el ver cómo, de decenas de
auditorías realizadas por esa institución en los últimos cinco años a
diferentes entidades del Estado, muchas de ellas con iguales o peores
hallazgos e irregularidades, precisamente se prefiere publicar el informe
de esa auditoría realizada hace casi siete años por otras autoridades que
conformaban esa institución para ese entonces, que no eran, siquiera, las
recién salientes.
Después del fiasco que resultó ser la elección del anterior pleno de
la Cámara de Cuentas, la población se generó expectativas
esperanzadoras con la elección, esta vez, de una nueva Cámara, que
suponía que iba asumir su rol con mayor rigor y responsabilidad, pero con
ese espectáculo que acabamos de presenciar, a decir verdad, el
optimismo se desvanece.
Con ese accionar tan ligero y poco responsable mostrado por las
actuales autoridades de la Cámara de Cuentas, no hay que ser un erudito
para darse cuenta que el propósito esencial para el que fueron designados
los recién miembros del Pleno de dicha institución, es el de reeditar la
tenaz persecución política en contra de funcionarios de los gobiernos del
PLD, sobre todo, los últimos años de Danilo Medina, iniciada por la
Procuraduría General de la República hace cuatro años.
Ante ese accionar tan desacertado estaríamos ante una
desnaturalización y distorsión de las atribuciones misionales de la Cámara
de Cuentas. El pretender utilizar este organismo con el propósito
exclusivo de gestar y preparar expedientes de corrupción, dejando de
lado los aspectos misionales de este organismo que tanto está llamado a
aportar al fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado y al
desarrollo del país.
No tiene nada que ver con la misión de la Cámara de Cuentas
investigar, per se, casos de fraude o de corrupción. Para eso existe la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y el
Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El rol esencial de éste órgano de control externo siempre será el de
garantizar que la actividad económico-financiera del sector público se
someta a los principios de legalidad, eficiencia y economía, así como el de
controlar la ejecución de las cuentas de ingresos y gastos de la República
Dominicana asegurando su correcta gestión financiera
.
La auditoría externa que ejerce la Cámara de Cuentas no es una
herramienta, ex profeso, para combatir la corrupción administrativa.
Con ella se procura, más bien, formular recomendaciones a los
entes fiscalizados para mejorar sus sistemas administrativos, corregir
deficiencias en sus controles internos, simplificar y reorientar algunos de
sus procedimientos y prácticas operativas, mejorar la calidad de sus
registros contables y presupuestables, prevenir daños al patrimonio
público, fortalecer los procesos de compras, adquisiciones y obras
públicas, y reforzar el cumplimiento de las disposiciones normativas
correspondientes.
Estas habrán de ser siempre las funciones de primer orden que todo
organismo de control externo, como lo es la Cámara de Cuentas, deben
asumir. Lo contrario sería un verdadero atentado a la institucionalidad y
al fortalecimiento de la función pública.
Puedo asegurar, con toda certeza, que gran parte de los problemas
que viene arrastrando nuestra Cámara de Cuentas en los últimos años se
debe, precisamente, al desenfoque que muestran sus miembros sobre el
verdadero rol que está llamado a jugar este importante organismo de
control externo.
Auguramos que el nuevo Pleno que conforma nuestra Cámara de
Cuentas asuma con rigor y responsabilidad, y sobre todo, con honestidad
y compromiso, el rol que les otorga la Constitución y las leyes, y que se
enfoquen, más que a perseguir políticos opositores al gobierno, a
contribuir con el fortalecimiento institucional de esa entidad y al
desarrollo de nuestro pueblo.
