Opinión

Por: Yulibelys Wandelpool, abogada, especialista en Derecho Administrativo y docente universitaria.

🔹En el corazón del Gran Santo Domingo, cientos de familias dominicanas viven una angustia silenciosa: sus hijos no tienen cupo escolar garantizado para el nuevo año académico. Escuelas públicas con más de mil estudiantes por jornada, listas de espera que superan el centenar por nivel, aulas improvisadas y un déficit de maestros crónico. Todo esto ocurre bajo la mirada inerte del Ministerio de Educación, en abierta contradicción con el mandato constitucional y el deber jurídico del Estado dominicano.

Este no es solo un problema administrativo. Es una violación al derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 63 de la Constitución, en la Ley General de Educación (66-97), en el Estatuto Docente y en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12). Cuando el acceso a la escuela depende de si “hay espacio”, el Estado ha claudicado en su función esencial: garantizar derechos sin discriminación ni exclusión.

El marco jurídico es claro: el derecho a la educación es innegociable

La Constitución Dominicana establece, sin ambigüedad, que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades” (artículo 63). Este principio se enmarca además en el carácter progresivo de los derechos fundamentales (artículo 74.2), lo que obliga al Estado no solo a no retroceder, sino a expandir el acceso y mejorar las condiciones.

La Ley General de Educación 66-97, en su artículo 4, establece que el sistema educativo debe ser universal, gratuito y con equidad. Pero los hechos contradicen el texto: en barrios como Cristo Rey, Sabana Perdida o Capotillo, los directores escolares reconocen públicamente que no pueden recibir más estudiantes. El aula ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Y mientras tanto, el gobierno repite cifras y promesas, sin presentar un plan concreto de expansión de cobertura. Lo que hoy estamos presenciando es, sin rodeos, una inconstitucionalidad masiva en marcha.

La exclusión escolar es también una forma de violencia estructural. Desde el punto de vista técnico, la negación de matrícula por falta de espacio configura una forma de exclusión institucionalizada. No se trata solo de un problema logístico, sino de una falla estructural de planificación pública, que vulnera derechos fundamentales y amplía la desigualdad social.

El Estatuto Docente (Ley 451-08) establece, además, condiciones mínimas para la dignidad del ejercicio educativo. Sin embargo, decenas de escuelas operan con aulas sobrepobladas, sin suficientes maestros, ni personal técnico ni acompañamiento psicosocial. ¿Puede hablarse de calidad cuando hay 40 o 45 estudiantes por sección? ¿O de dignidad cuando se improvisan “turnos rotativos” para maquillar la falta de espacio?

El rostro de esta crisis no es abstracto: es el de miles de niños dominicanos a quienes se les niega el derecho básico de aprender en condiciones dignas.

*¿Y durante los gobiernos del PLD?*

Durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), si bien existían retos de cobertura, se aplicaron medidas concretas que mitigaron los efectos de la sobrepoblación escolar:

– Se construyeron más de 28 mil nuevas aulas entre 2012 y 2020 bajo la política de Jornada Escolar Extendida.

– Se activaron planes de ampliación provisoria en zonas críticas, incluyendo aulas móviles y acondicionamiento de espacios comunitarios.

– Se priorizó el nombramiento de docentes según demanda regional.

– Existía una mesa intersectorial de seguimiento entre MINERD, juntas de vecinos y asociaciones de padres.

¿Había desafíos? Sí. ¿Había voluntad de resolverlos? También.
Hoy, en cambio, predomina el abandono, la improvisación y el silencio institucional.

Las “listas de espera” son el síntoma más claro del fracaso estatal. Las listas de espera no son solo registros administrativos: son pruebas materiales de una omisión de deber público. Cada niño que espera por un pupitre representa un derecho vulnerado, un futuro en pausa y un sistema amenazado de verse colapsado desde la raíz.

Cuando se permite que la matrícula escolar se regule por presión, por “contactos” o por pagos informales disfrazados de “colaboración”, el sistema deja de ser público y se convierte en arbitrario.

Me permito sugerir, entre otras cosas, que se implemente un plan nacional de ampliación inmediata de cobertura, priorizando el Gran Santo Domingo y zonas urbanas densas; una auditoría técnica de cobertura escolar con enfoque constitucional, basada en el principio de igualdad y progresividad; una revisión del impacto migratorio en la demanda escolar, garantizando el derecho sin que ello suponga una exclusión de la niñez dominicana.

Un país que no garantiza educación pública, gratuita y digna no está cumpliendo su función constitucional. La situación actual de exclusión escolar no puede seguir normalizándose bajo tecnicismos ni excusas presupuestarias.

La escuela pública no puede ser una lotería. La educación no se mendiga: se garantiza.

Si queremos una sociedad más justa, moderna y democrática, el acceso al aula debe dejar de ser una lucha individual y volver a ser lo que dicta la ley: un derecho igual para todos.