Después de años de acusaciones, escándalos mediáticos y una
narrativa cuidadosamente construida para desacreditar al Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), finalmente, la justicia habló, y habló bien
claro: en el llamado caso “Antipulpo”, todos los exfuncionarios del
gobierno de Danilo Medina fueron descargados por falta de pruebas.
El tribunal no solo los descargó, sino que además ordenó la
devolución de los bienes que se les había incautado, en un evidente
reconocimiento de que no había fundamento para las imputaciones que,
con tanto alboroto, fueron presentadas como si se tratara del juicio del
siglo.
El Ministerio Público, convertido en portavoz de una campaña
política, intentó hacer pasar una persecución política como una cruzada
por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero los tribunales
desmontaron esa construcción: ninguno de los exfuncionarios del PLD fue
encontrado culpable de delito alguno. Todos fueron absueltos.
Porque, si en verdad existía esa monumental estructura criminal
que por años denunciaron, ¿cómo es posible que todos los ex funcionarios
—exministros, ex directores de instituciones, altos cargos— hayan
resultado absueltos?
¿Cómo se sostiene una acusación que presenta a un gobierno como
un entramado mafioso, si todos los funcionarios imputados fueron
absueltos? La respuesta es incómoda: nunca se trató de una investigación
genuina, sino de un proceso dirigido a golpear políticamente al PLD.
La estrategia fue clara. El PRM desde el Poder, utilizó al Ministerio
Público para lanzar imputaciones contra funcionarios anteriores sin
sustento sólido, pero con gran resonancia en los medios de comunicación.
El objetivo no era judicial, sino político-electoral: crear la percepción de
que todo el aparato estatal anterior era una estructura criminal, con la
familia Medina como eje central.
Pero con la sentencia del 14 de agosto, la verdad salió a relucir. El
juicio más politizado de la historia reciente terminó con un veredicto
contundente: no existía ningún entramado mafioso, el aparato estatal no
estaba tomado por delincuentes, el expediente no tenía pruebas, y los
señalados eran inocentes.
Los únicos condenados fueron personas vinculadas al entramado
empresarial y a la ejecución de contratos, como Alexis Medina y otros
seis, pero ninguno de ellos ocupó cargos públicos durante el gobierno de
Danilo Medina.
Mientras tanto, el daño ya está hecho. Se arruinaron reputaciones,
se destruyeron trayectorias y se polarizó aún más el país con una
narrativa que resultó vacía. Todo en nombre de una justicia
“independiente” que hoy parece más bien dependiente… de intereses
políticos.
Lo más grave: el Ministerio Público, en vez de reconocer sus
errores, ahora anuncia que apelará las descargas, insistiendo en su
cruzada política pese a que el tribunal dejó claro que el caso no tenía
sustento.
Lo ocurrido con el Caso Antipulpo es una advertencia a la
democracia dominicana: cuando la justicia se usa con fines políticos, se
convierte en injusticia. Hoy ha quedado demostrado que lo que se
buscaba no era justicia, sino venganza política.
Es hora de que el país despierte. La lucha contra la corrupción no
puede convertirse en excusa para persecuciones selectivas. La justicia no
puede seguir al servicio del poder. Y los dominicanos no podemos permitir
que el Ministerio Público actúe como si fuese un brazo legal de un partido
político.
Porque hoy fueron funcionarios del PLD. Mañana puede ser
cualquiera.
