El reciente desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no
solo representa un robo a los fondos públicos, se trata, además, de un
atentado contra la salud pública del pueblo dominicano, y un golpe directo
a la credibilidad del gobierno dominicano y su supuesta lucha contra la
corrupción.
Mientras desde Palacio se proclaman discursos sobre transparencia
y rendición de cuentas, los hechos muestran que los fondos destinados a
proteger la salud del pueblo son desviados sin el mayor reparo.
Y lo peor es que esos hechos delictuales se venían dando bajo la
mirada permisiva de quienes deberían garantizar transparencia y
responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.
En pocas palabras, mientras el gobierno proclama que combate la
corrupción, casos como SENASA muestran que el mensaje y la acción
están divorciados, y la población es la que paga las consecuencias, sobre
todo en términos de riesgo sanitario y pérdida de confianza en las
instituciones.
Mientras se gastan recursos en publicidad y discursos, los
mecanismos de controles fallan, y los responsables del desfalco quedan
prácticamente intocables. La impunidad se convierte en política de
Estado, y los ciudadanos son los que pagan las consecuencias.
La falta de controles internos y la corrupción han puesto en riesgo la
confianza en la institución encargada de garantizar la atención médica a
más de 7.5 millones de afiliados de SENASA, quienes temen por la
seguridad y eficiencia de los servicios de salud que reciben.
Es imperativo que se implementen reformas profundas en las
instituciones encargadas de la salud y la seguridad social, y que se
garantice la independencia y eficacia del sistema judicial para que los
responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
Cuando la corrupción alcanza el corazón de la salud pública, no hay
excusa ni justificación, se pone en riesgo la vida de quienes menos tienen
y se erosiona la confianza en las instituciones del Estado.
El gobierno dominicano tiene la obligación urgente de sancionar a
los responsables y fortalecer los controles internos, para que casos como
este no se repitan. De lo contrario, la corrupción continuará siendo un
obstáculo para el desarrollo y bienestar del pueblo dominicano.
La ciudadanía exige no solo explicaciones, sino acciones
contundentes que restauren la confianza y garanticen que los fondos
destinados a la salud lleguen realmente a quienes los necesitan.
El actual gobierno ha mostrado, hasta ahora, una incapacidad
alarmante para controlar estas prácticas. La intervención de la Dirección
General de Contrataciones Públicas, anulando contratos irregulares, solo
confirma que los mecanismos de supervisión son insuficientes y que la
corrupción en SENASA estaba programada para prosperar.
El pueblo dominicano no puede seguir pagando con su salud los
caprichos y la corrupción de quienes deberían protegerla. Este robo no
podrá quedar impune. Cada funcionario y proveedores involucrados
deberán responder ante la justicia, y cada contrato irregular debe ser
revisado y auditado sin excepción.
SENASA debe dejar de ser un botín para funcionarios
inescrupulosos y volver a ser lo que era antes: un sistema de salud
eficiente, transparente y confiable.
Los dominicanos no vamos a tolerar que mientras unos pocos se
enriquecen, millones sufran las consecuencias de la corrupción. La
vigilancia ciudadana será implacable y la presión política continuará hasta
que se haga justicia.
Mientras el gobierno continúe tratando la corrupción como un
espectáculo mediático en lugar de un problema real, casos como el de
SENASA seguirán desnudando la hipocresía del poder.
Exigir transparencia, sanciones ejemplares y reformas profundas no
es solo una exigencia ética, es una necesidad para garantizar la seguridad
y la salud de la población.
