Por: Carlos Manzano | En el mes de noviembre de 2023, el Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, en medio de la campaña electoral, anunció, con bombas y platillos, la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), y el adelanto de recursos de esa empresa ascendentes a 775 millones de dólares, equivalentes a 44,592 millones de pesos dominicanos.
En esa ocasión el mandatario declaró que ese dinero, 775 millones de dólares, serían utilizados en la construcción de unas ocho (8) obras de infraestructura en diferentes puntos del país que transformarían la vida de la gente, sin embargo, a casi dos años después, la realidad ha sido otra: las obras prometidas no existen, y el dinero ya se gastó.
Según las informaciones disponibles, cargadas en la plataforma digital de DIGEPRES, así como en el Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), durante el año 2024, el gobierno gastó la totalidad de los recursos que recibió de los fondos de AERODOM (RD$44,592 millones de pesos) y no ha construido ni siquiera una de las obras que prometió que iba a construir con esos recursos.
La mayor parte de esos recursos (alrededor del 90 %) fue utilizado en gastos corrientes, que incluyen: compras de libretas de pasaportes, subsidios, programas sociales, asistencias, y otros gastos no planificados ni comprometidos, incluyendo una transferencia directa, por el monto de RD$1,000 millones, a la ARS SENASA, entidad que hoy está envuelta en un escándalo de corrupción y déficit sin precedentes en la historia dominicana.
Pero lo peor de todo es que esas decisiones se han tomado sin el más mínimo ápice de transparencia ni rendición de cuentas claras.
Entre los proyectos prometidos por el gobierno, y que no fueron construidos, se encuentran:
La construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con 50 millones de dólares, equivalentes a RD$3,000 millones de pesos dominicanos, que ya fueron gastados.
El puente paralelo al Jacinto Peynado que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares correspondientes a RD$3,360 millones de pesos, que igualmente no ha iniciado y se usaron los recursos.
El paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, con intersección de la avenida Charles de Gaulle, con un anuncio de US$30 millones de dólares, correspondientes a RD$1,800 millones de pesos, y se gastaron los recursos sin iniciar la obra.
La “Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal”, que recibiría una partida de RD$ 900 millones de pesos.
La solución vial de la República de Colombia con avenida de Los Próceres, un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta, que prometieron unos RD$6,480 millones de pesos y no se evidencia la asignación de fondos de AERODOM, y apenas se vislumbra una que otras remociones de tierra en la Avenida.
Mientras que el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de RD$21 mil millones de pesos prometidos, apenas se ejecutaron RD$276 millones en Boca Chica.
Y la construcción de la vía expresa de la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar, conectando a la autopista 6 de noviembre, en la que se invertirían RD$8,880 pesos, de los cuales se ejecutaron apenas RD$1,265 con estos recursos, y que está, por lo menos en proceso de construcción.
Resulta inaudito que el gobierno haya gastado, alegremente, todos los recursos que recibió de los fondos de la renegociación del contrato de AERODOM, hasta el 2060, y no haya construido, ni siquiera, una de las obras que prometió que iba a construir con esos recursos.
En casos como este, suelen surgir varias interrogantes: ¿Dónde están los miles de millones recibidos de AERODOM?; ¿Por qué no se cumplió con las obras prometidas?; ¿Quiénes se beneficiaron realmente de esos recursos?
El hecho de que ni una sola obra se haya levantado con recursos tan significativos y comprometedores puede interpretarse como un engaño a una población incauta y confiada, sustentado en un manejo clientelar o poco transparente de esos recursos.
Hoy, la realidad es que el dinero se esfumó en gasto corriente, clientelismo y propaganda política, mientras las comunidades siguen esperando las promesas incumplidas.
La Cámara de Cuentas guarda silencio, el Congreso Nacional, dominado por la mayoría oficialista, evade su rol de fiscalización, y la llamada sociedad civil, que en otros tiempos levantaba la voz contra hechos similares, permanece ausente o cooptada.
La ciudadanía merece respuestas concretas, no excusas, porque el silencio oficial solo confirma la sospecha de que esos fondos fueron utilizados como caja chica electoral y no como motor de desarrollo.
