La Corte Constitucional de Ecuador anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias donde el presidente, Daniel Noboa, decretó esa medida ante las protestas que persisten hoy contra la eliminación del subsidio al diésel.
El organismo judicial consideró que la excepcionalidad justificada por grave conmoción interna solamente es válida en los territorios de Carchi e Imbabura, mientras que en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas no pudo verificar hechos que la fundamenten.
Imbabura ha sido en las últimas semanas epicentro de las protestas, que llevan ya 13 días contra políticas del Ejecutivo.
Además, la Corte declaró la constitucionalidad de la decisión gubernamental de limitar el derecho a la libertad de reunión y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Carchi e Imbabura, siempre que sea “en estricto apego al respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta y resistencia pacífica”.
No obstante, el tribunal rechazó el toque de queda que regía en varios territorios desde las 22:00 hasta las 05:00 (hora local).
El estado de excepción estaba vigente desde que las organizaciones sociales advirtieron sobre protestas en rechazo a la eliminación de la subvención al diésel, un tema clave dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que de ahí se derivan los precios de productos y servicios.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) impulsa un paro nacional indefinido que lleva 13 días de protestas en diferentes localidades, en medio de denuncias de represión y abuso de la fuerza, un centenar de detenidos y un manifestante muerto.
Sin embargo, el Gobierno de Noboa se niega a retroceder con la decisión de acabar con la subvención al diésel, ya que considera que el subsidio no ha beneficiado a los más pobres sino al contrabando.
Además de la cuestión del combustible, los indígenas se pronunciaron a favor de la defensa de la tierra y sus territorios, en rechazo al extractivismo, por el fortalecimiento de la salud y la educación pública y pidieron reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento.
A eso se suma el reclamo de garantías para el ejercicio del derecho a la resistencia y afirmaron la necesidad de exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión, en particular para la familia de Efraín Fuerez, el manifestante que perdió la vida baleado en una protesta.
