Por: Ramón Tejeda Read | Para tener una idea de lo que está ocurriendo en las instituciones públicas desde que se instaló el cambio hace cinco años y casi dos meses no hace falta conocer los más de 270 casos de corrupción que ha documentado la DIGEIG, según se ha dicho.
Tampoco habría que recordar las decenas de miles de millones de pesos invertidos en propaganda oficial o los diez mil millones de pesos aumentados a la nómina mensual del Estado.
Quizás bastaría con recordar los escándalos destapados en Medioambiente luego del fatal desenlace de su primera administración, y el de los semáforos aquellos y el de los alquileres de edificios. Tres simples botones de muestra sobre los que aún no se da un informe definitivo y convincente a la ciudadanía.
Pero resulta que al Ministerio de Educación nunca se le ha hecho una auditoría independiente que revele qué ha pasado ahí que se suspendió el Plan Nacional de Alfabetización y el de construcción de infraestructura escolar; que cientos de escuelas han abandonado la jornada de ocho horas porque no hay cupo para todos los estudiantes, y que se habla de un INABIE descalabrado, entre muchas otras maravillas del cambio Abinader-PRM.
Sí. Podrían economizarse los más de 270 casos aquellos y dedicar una buena investigación al MINERD y poner la cereza al pastel con SENASA.
Solo esas dos últimas instituciones duelen en el alma. Hablamos de millares de familias afectadas en dos de sus derechos fundamentales: la salud y la educación; de niños y niñas que se quedan fuera de las escuelas y de miles y miles de familias que se quedan sin un seguro que les ampare en sus problemas de salud.
Como se ve, la enfermedad del cambio Abinader-PRM no es una infección cualquiera.
