Con el decreto 627-25, que declaró emergencia nacional para la realización de compras y contrataciones de bienes y servicios, la gestión del PRM ratifica su estilo populista y mediático de gobernar.
Pregonan transparencia en sus ejecutorias, demostrando en la práctica una actuación distante en el uso de recursos públicos y decisiones tomadas muy al margen de las normas.
Sorprendió a la sociedad el que todavía en medio de los aguaceros e inundaciones generadas por la tormenta Melissa, el Ministerio de Agricultura informara de una evaluación hecha a la carrera.
Los datos presentados por el ineficiente ministro responden a propósitos politiqueros que no reflejan la realidad de las provincias más afectadas.
Si esa acelerada evaluación es el fundamento para la declaratoria de emergencia, la iniciativa ha sido una decisión completamente desacertada y precipitada. En pocas palabras, ha sido una tomadura de pelo con fines inconfesables.
Destacados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, con experiencia de Estado, demostraron el pasado fin de semana que no hay razones para dicha declaratoria, señalando que los daños de la tormenta en algunos sectores no son producto del referido fenómeno, sino de la negligencia del Gobierno.
Las normativas del país tienen reguladas las compras y contrataciones de bienes y servicios en cualquier circunstancia, por lo que constituye un desafío a las leyes y procedimientos imponer una situación de emergencia para hacer negocios.
Esta precipitada declaratoria de emergencia podría replicar patrones de manipulación observados en ocasiones anteriores, cuando los programas de compensación tras fenómenos naturales se utilizaron para favorecer a allegados políticos y personales, en detrimento de los verdaderos productores afectados, advirtió la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD.
Los gobiernos deben justificar sus decisiones y el uso de los fondos públicos ante la ciudadanía; es una norma general de la que el gobierno del PRM se ha burlado de forma reiterada.
