Por: Martin Matos | El Gobierno ha reconocido que el sistema eléctrico sigue siendo un reto estructural del país.
Coincidimos en que fortalecer la transmisión y diversificar la matriz es necesario; sin embargo, más allá de las cifras agregadas, es fundamental analizar la calidad del crecimiento y su impacto real en la población.
1) Crecimiento de la capacidad instalada
El aumento de la capacidad instalada de 4,921 MW en 2020 a 7,120 MW en 2025 representa efectivamente un crecimiento cercano al 45%. Ese dato es correcto en términos matemáticos.
No obstante, capacidad instalada no es lo mismo que energía firme disponible. Una parte importante del crecimiento corresponde a generación renovable (1,581 MW solar) intermitente que depende de condiciones climáticas y que, sin almacenamiento suficiente, no garantiza estabilidad en horas pico. Por tanto, el desafío no es cuánto se instala, sino cuánta energía segura y continua puede entregarse al pueblo dominicano cuando más la necesita.
2) Expansión renovable y estabilidad del sistema
De los 1,138 MW incorporados en 2025, el 58% provino de energías renovables. Este avance es positivo y necesario para la transición energética.
Sin embargo, mientras el discurso oficial señala que las renovables representan el 29% de la capacidad instalada, los reportes operativos del SENI reflejan una participación real en generación cercana al 15.9% en 2025. Esto no implica que la política renovable sea incorrecta, pero sí evidencia que el sistema aún no cuenta con suficiente almacenamiento ni respaldo térmico eficiente para integrar plenamente esa capacidad sin tensiones operativas.
Cuando la expansión renovable supera la capacidad de respaldo, el sistema se vuelve más vulnerable a variaciones bruscas, lo que puede traducirse en eventos de inestabilidad y apagones que afectan directamente a los barrios y sectores productivos.
3) Generación térmica y firmeza
El Gobierno informó que 438 MW instalados en 2025 corresponden a generación térmica eficiente, mayormente a gas natural. Sin embargo, dentro de ese bloque se incluyen 230 MW adicionales de generación flotante de KarPowerShip en Azua, cuya tecnología no corresponde a ciclo combinado de alta eficiencia y cuyos costos contractuales son significativamente superiores a los de plantas estructurales del sistema y produce la energía más contaminante.
Para garantizar firmeza real se requieren proyectos térmicos estructurales como los de Manzanillo. No obstante, los cronogramas anunciados han sufrido retrasos, y hasta la fecha no se ha producido el primer kilovatio desde ese polo energético estratégico. La planificación energética exige coherencia entre anuncios y ejecución.
4) Subsidio eléctrico y sostenibilidad
El gobierno no le dio seguimiento al plan presentado en el 2024 sobre la gestión integral de las EDEs. No dijo cómo van a bajar las pérdidas eléctricas del 43%; no dijo cómo van a disminuir el subsidio eléctrico el cual ronda los 1,800 millones de dólares para el 2025. Tampoco dijo qué están haciendo para evitar otro blackout.
El verdadero indicador del desempeño del sistema no es solo la capacidad instalada, sino el nivel de subsidio. Para 2025 se proyectan transferencias cercanas a US$1,800 millones.
Mientras el subsidio no disminuya de manera sostenida:
Persisten pérdidas elevadas (43%)
Se mantiene la presión fiscal.
El costo final termina recayendo sobre todos los dominicanos, especialmente los más vulnerables.
Sin reducción de pérdidas y mejora en la eficiencia de distribución, la expansión de generación no resolverá el problema estructural.
5) Transmisión y almacenamiento
Reconocemos avances importantes en transmisión, como la línea 345 kV Montecristi–Santiago y la conexión definitiva de Pedernales. Igualmente, los proyectos de baterías y el hidrobombeo de Sabaneta son pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, el almacenamiento debió avanzar en paralelo con la expansión renovable, no después. La planificación energética exige sincronización entre generación, transmisión y respaldo.
Conclusión
La República Dominicana ha aumentado su capacidad instalada y ha atraído inversión privada significativa. Eso es un hecho.
Pero el país aún enfrenta:
Fragilidad operativa.
Retrasos en proyectos térmicos estructurales.
Alto subsidio eléctrico.
Diferencia entre capacidad instalada y energía firme real.
El debate no es ideológico; es técnico y social. La energía no se mide solo en megavatios instalados, sino en estabilidad, costo y confiabilidad para la gente.
Nuestro compromiso es claro: una transición energética ordenada, con respaldo firme, menor subsidio y tarifas sostenibles, que ponga en el centro a las familias dominicanas y a la competitividad nacional.
