Por: Carlos Manzano | Las recientes declaraciones del Licenciado Wilson Camacho, Director
de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción
Administrativa (PEPCA), afirmando que ya se estaría negociando con
inculpados del caso SENASA (Senasa.2), evidencian una preocupante
lógica de trato diferencial, que alimenta, más que una sana justicia, la
percepción de una persecución acomodada según intereses coyunturales.
Cuando un funcionario de la justicia alardea públicamente de
diálogos con quienes están siendo investigados, sin que los criterios de
proporcionalidad y transparencia queden claros, lo que se fortalece no es
la lucha contra la corrupción, sino la sensación de que la investigación
penal se ha convertido en una herramienta de negociación política y
económica.
Ese tipo de prácticas, lejos de acercar al país a la integridad
institucional, profundiza la desconfianza de la ciudadanía y deja en
entredicho la seriedad con que deben conducir estas causas quienes
tienen la responsabilidad de hacerlo.
Resulta, a todas luces, bochornoso ante la sociedad dominicana,
después de que decenas de médicos, clínicas, laboratorios, farmacias,
desfalcaron, de manera indiscriminada, a SENASA, apropiándose, de
manera fraudulenta, de miles y miles de millones de pesos de la salud del
pueblo, se despache ahora el Ministerio Público, en la persona de Wilson
Camacho, con esas declaraciones totalmente destempladas y casi
ofensivas
No se trata de cuestionar la legalidad de las salidas alternas o de los
acuerdos procesales. Estas figuras existen en casi todos los sistemas
penales modernos. El problema surge cuando la excepción se convierte en
regla, cuando el castigo es sustituido por el cálculo político y económico, y
cuando la justicia deja de ser un principio para convertirse en un negocio.
Cuando se trata de recursos destinados a la salud del pueblo —
fondos que impactan directamente a los más vulnerables — el mensaje
institucional debe ser de firmeza, templanza y transparencia. En cambio,
anuncios de ¨acuerdos¨, sin que se expliquen con claridad sus
fundamentos legales y alcances, generan indignación y alimentan la
percepción de impunidad e indulgencia ante los inculpados.
No se puede, por un lado, presentar los hechos como un grave
desfalco millonario y, por otro, transmitir la idea de arreglos que parecen
restar gravedad a lo ocurrido. La sociedad merece explicaciones claras,
criterios objetivos y actuaciones firmes y proporcionales a la magnitud del
daño denunciado.
La pregunta que surge es inevitable y profundamente incómoda:
¿Desde cuándo devolver parte del dinero sustituye la responsabilidad
penal de un funcionario público?
La devolución de recursos sustraídos debería ser una obligación
mínima, no una moneda de cambio para comprar libertad. Cuando un alto
funcionario puede resolver su situación judicial con un cheque, el mensaje
al país es devastador: robar desde el poder no es un crimen grave, es una
operación negociable.
No se puede combatir un mal estructural con paños tibios. Cada vez
que un expediente por corrupción concluye en un acuerdo que evita
condenas proporcionales, cárcel efectiva o recuperación total de lo
robado, el mensaje al país es claro: la corrupción es rentable. No es una
conducta que destruya carreras, sino una apuesta con margen de
negociación.
En un país donde la corrupción ha echado raíces profundas, el
Ministerio Público debería ser el muro de contención frente al abuso del
poder. Sin embargo, la práctica reiterada de negociaciones complacientes,
acuerdos sin sanciones ejemplares y procesos que se diluyen en el tiempo
ha convertido a esa institución en algo peligrosamente distinto: un
engranaje funcional del sistema de impunidad.
Cuando la justicia negocia sin transparencia, sin proporcionalidad y
sin consecuencias reales, pierde autoridad moral. Y cuando la justicia
pierde autoridad, la corrupción no retrocede: se fortalece.
Decir que el Ministerio Público combate la corrupción se ha vuelto
un eslogan repetido hasta el cansancio. Sin embargo, cuando se observa
la práctica cotidiana —acuerdos complacientes, negociaciones opacas y
sanciones simbólicas— la realidad resulta incómoda: una justicia que
negocia la corrupción termina promoviéndola.
Mientras la corrupción siga siendo negociable, seguirá siendo
rentable. Y mientras el órgano encargado de perseguirla actúe con
complacencia frente al poder político y económico, no será parte de la
solución, sino parte del problema.
