Por: Carlos Manzano | Durante años, la República Dominicana avanzó en la construcción de mecanismos destinados a adecentar y profesionalizar la Administración Pública, controlar y transparentar la nómina pública, así como garantizar que el empleo estatal respondiera al mérito, la capacidad y las necesidades reales del servicio.
Entre esos instrumentos estuvo el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), una herramienta fundamental para integrar y controlar la gestión de los recursos humanos, transparentar la nómina pública, y sobre todo, procurar la profesionalización del servicio civil.
Las declaraciones del ministro de Administración Pública, Lic. Sigmund Freud, sobre el resurgimiento de las nominillas en instituciones del Gobierno Central deben encender las alarmas de toda la sociedad dominicana.
No estamos ante un simple pronunciamiento, ni a un eventual problema de gestión administrativa, estamos frente a un preocupante deterioro de la profesionalización y a un notable retroceso en la institucionalidad del Estado.
El SASP era mucho más que una herramienta para administrar la nómina: constituía un mecanismo de gestión, control y transparencia de los recursos humanos, que permitía verificar que quien fuera designado para un cargo reuniera, mínimamente, el perfil y los requisitos necesarios para desempeñarlo.
Esto no impedía al gobierno de turno designar a sus seguidores en los cargos que la ley le permite, simplemente exigía un mínimo de preparación y correspondencia con el puesto, y eso sólo lo garantizaba el SASP.
Porque cuando se elimina ese control, se abren las puertas al clientelismo, el amiguismo y la improvisación, y finalmente, termina deteriorándose la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía
Por eso resulta legítimo preguntarse: ¿qué ocurrió con los controles que ofrecía el SASP y que permitían tener mayor dominio sobre la gestión y la transparencia de la nómina del Estado?
El Gobierno decidió desmontar o sustituir una herramienta que había acumulado años de experiencia y que constituía un mecanismo importante de control y transparencia. Y hoy, inevitablemente, después de ese lamentable hecho, volvemos a escuchar hablar de nominillas en la Administración Pública. La coincidencia no puede ser ignorada.
Las nominillas representan mucho más que una lista de personas que reciben un salario al margen de las nóminas oficiales. Cuando surgen sin ser sometidas a los mecanismos ordinarios de planificación, selección y control del personal, abren las puertas al clientelismo político, debilitan la Carrera Administrativa y convierten el empleo público en un instrumento de reparto de favores políticos y personales.
El ciudadano que paga sus impuestos tiene derecho a saber cómo se utiliza cada peso del presupuesto público. Tiene derecho a saber quién cobra del Estado, qué trabajo realiza y bajo qué procedimiento fue incorporado.
Además, resulta contradictorio que mientras se habla de modernización, reorganización y transparencia en la Administración Pública, reaparezcan en el gobierno central prácticas que precisamente los procesos de reforma administrativa llevados a cabo en los últimos años habían superado ya.
Pero este no debe ser un debate exclusivo de la oposición. Es un asunto que debe interesar a todos los dominicanos, porque detrás de cada nómina está el dinero de los contribuyentes.
El Estado dominicano no puede volver a convertirse en una maquinaria de empleos políticos. Necesitamos una Administración Pública profesional, meritocrática, transparente y sometida a controles efectivos.
Porque el problema no es solamente que hayan vuelto las nominillas. El verdadero problema es que después de tantos años construyendo mecanismos para controlarlas, y de gastar centenares de millones en la instalación del SASP, hoy, con su eliminación, tengamos que volver a hablar de ellas.
