A propósito de un 2018 que estuvo cargado de importantes agendas electorales a lo largo y ancho de Latinoamérica, así como un 2019 que se vislumbra agitado para el sistema político nacional, creemos oportuno tratar un tema muy propio de nuestra región y que sigue obstaculizando el camino a la plena institucionalidad. El mismo ha sido capaz de sostener “liderazgos”, y perpetuar a figuras cuyo arraigo depende en gran medida de su capacidad de negociar a través del poder, esto es: el clientelismo político.
En ciencias políticas suele describírsele como un intercambio de recursos y/o favores, dentro de una red clientelar que involucra a entornos de poder y ciudadanía. Sin embargo, en términos llanos el clientelismo puede verse más bien como el manejo discrecional de recursos públicos, a los fines de favorecer coyunturalmente intereses de particulares (clientes), a cambio de un apoyo que puede ser electoral, judicial, económico, decisiones administrativas, congresuales, entre otros.
Basado en lo anterior, la práctica clientelar supone una transacción interesada que vulnera el principio de imparcialidad y legalidad en el plano institucional, representando en efecto un acto corrupto en detrimento del interés general. Esto así, pues se dispone del uso arbitrario del poder y de recursos del Estado, con la intención de conseguir un beneficio personal a corto o mediano plazo.
Dentro del aparato gubernamental, este fenómeno puede incluso derivarse en una práctica generalizada, donde una institución se vea secuestrada por los intereses de los distintos mandos de poder, alterando los procedimientos previstos para la toma de decisión. De hecho, su existencia puede condicionar a lo interno la designación de puestos o permanencia en los mismos por parte del personal, constituyendo una desventaja para quienes no estén alineados a ciertas directrices.
Lo propio sucede en el ámbito político partidario, en donde las principales autoridades, en especial aquellas cuya organización está al frente de la dirección del Estado, se ven en la tentación de usar su poder discrecional de manera disuasiva, para alterar la voluntad legítima de los miembros a cambio de nombramientos, protección o un ascenso dentro del escalafón partidario.
Tal accionar a nivel gubernamental y partidario, evidencia una de las principales características del clientelismo y es que su existencia depende en parte de que existan necesidades desatendidas, que por lo general son de carácter económico, político o legal. De ahí que al clientelismo se le equipare al favoritismo, nepotismo, compra de conciencia, tráfico de influencia y uso irresponsable del poder.
De vuelta al ámbito público, los beneficiarios privados de esta práctica suelen recibir a cambio de su apoyo privilegios que van desde facilidades y exenciones fiscales, hasta contratos con el Estado, nombramientos, influencia, etc.
En nuestra región normalmente el clientelismo suele mezclarse con el tráfico de influencia, ya que el intercambio suele reflejarse especialmente con sectores dominantes como grupos empresariales, medios de comunicación, sector financiero, clase política y grupos sindicales.
Dada su discrecionalidad y falta de legalidad, resulta común que los acuerdos que dan lugar a la práctica clientelar se establezcan de manera verbal o clandestina, constituyendo por lo general un compromiso no público entre las partes.
Actualmente se pueden identificar unos tres tipos de clientelismo, de los cuales partiendo de las características de nuestra sociedad, el que más se evidencia es el denominado “clientelismo forzado”, donde el “cliente” comúnmente se encuentra en una posición de desventaja respecto al líder o funcionario. Esa relación asimétrica conlleva a que el segundo asume una actitud dominante sobre el primero, por lo que el apoyo a los intereses de quien ejerce el poder se convierte en un asunto de subsistencia.
Como es de esperar, la existencia de esta práctica egoísta afecta el buen desempeño gubernamental, así como también atenta contra el desarrollo social, la igualdad de oportunidades y la salud de la democracia.
Son muchos los ejemplos que pueden traerse a colación a propósito del presente análisis, pero corresponde al lector sacar su propia conclusión, en especial de cara a los meses pre-electorales que vivirá nuestra nación.
Los crecientes cuestionamientos sociales y el empoderamiento ciudadano, a propósito del mayor acceso a fuentes de información, han llevado al clientelismo de ser una práctica “políticamente aceptada”, a convertirse en una de las tareas más apremiantes de nuestra aun precaria institucionalidad.
Ciertamente existen factores culturales que deben superarse en primer lugar, si es que deseamos enfrentar con coherencia este mal. A su vez, ese cambio de mentalidad debería ir de la mano de un desarrollo inclusivo, donde la pobreza o falta de oportunidad no sea un boleto de cambio a favor de quienes ostentan puestos de mando, sino que su autoridad esté condicionada a un buen funcionamiento de las institucionales y los límites del ejercicio constitucional.
