Opinión

Pendiente de sanción definitiva en el Congreso Nacional el proyecto de ley del Régimen Electoral, actualmente bajo estudio y discusión en la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo por 30 días, sigue corriendo, en forma inexorable, el tiempo y los plazos fijados por la Junta Central Electoral (JCE), que conducen a las importantes citas ciudadanas programadas para el 2020 que implicará la renovación de todo el poder político de la NACIÓN.

A partir de la zarandeada Ley de Partidos No. 33-18, aprobada el pasado año y de la anacrónica Ley Electoral 275-97, la JCE dictó, en consulta con los partidos y agrupaciones políticas, el Reglamento que norma y fija los plazos condignos para la escogencia y presentación de candidaturas que optarán por alcanzar los 4,013 puestos de elección popular en las elecciones generales, municipales en febrero del 2020, y congresuales y presidenciales en mayo del mismo año.

Existen dos momentos cruciales, conforme el calendario del año preelectoral definido por la instancia a quien la Constitución y la ley facultan para organizar y conducir la consulta cívica para la escogencia de todas las autoridades públicas del país sujetas al escrutinio popular. El primero de esos momentos es de la absoluta responsabilidad de cada partido, agrupación o movimiento político y deberá cumplirse entre el 22 de junio con la fijación en detalle del 20% del total de las candidaturas consignadas como RESERVA para alianzas, coaliciones u otros privilegios que se le confiere a las cúpulas partidarias y el 22 de agosto, fecha en que deberá presentarse el listado de precandidaturas que irán a primarias u otras modalidades de escogencia en el mes de octubre. El segundo momento, que corresponde organizar dirigir o supervisar a la JCE se producirá entre el 6 de octubre con la celebración de primarias simultaneas de los partidos y el último domingo del mismo mes, periodo en el cual todos los partidos agrupaciones y movimientos políticos deberán concluir con la presentación formal de sus candidaturas a todos los niveles de elección.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se juega su posición predominante en la mayoría de los puestos de elección popular en disputa, decidió en reunión de su Comité Central celebrada el pasado 27 de octubre, acogerse a la modalidad de primarias abiertas utilizado el padrón electoral universal y no el propio, al parecer desdeñando la dificultad del trabajo que implica su depuración y actualización y sin tomar en cuenta que conforme la Ley 33-18 y su Reglamento de Aplicación (Arts. 4, 6, 31, 32, 33, 34, 35 y 36) la fase de presentación de precandidaturas corresponde a la “máxima autoridad colegiada” de cada organización política con sujeción a los requisitos que estable la constitución, la ley y sus propios estatutos, desde la intención manifiesta de cada afiliado antes y durante el periodo de precampaña interna y con fecha inaplazable al 22 de agosto, 45 días antes de la celebración de las primarias, cada partido tendrá que acudir, utilizar y presentar a la JCE su padrón actualizado de afiliados (o miembros) como condición indispensable en la fase escogencia de los “elegibles” que se presentarán a la fase de designación o elección el 6 de octubre.

El PLD, independientemente de la fortaleza que aún mantiene en el favor de una parte de la población según encuestas serias, acusa un grave deterioro institucional que se acentúa por la incertidumbre de las indefiniciones y una ríspida y precipitada competencia por la candidatura presidencial sin normas ni arbitraje claramente definidos. En tales condiciones se le presentan desafíos que parecerían insalvables, restablecer la legitimidad de sus organismos y ponerlos en condiciones de reunirse y tomar decisiones aceptadas por todos, así como someter a revisión y actualización su padrón de afiliados, cuya discusión y aprobación fue pospuesta por el Comité Central en su reunión del 22 de abril de 2017, sin el cual no es posible presentación de precandidaturas. Estas son las dos tareas fundamentales a las que debe abocarse el partido en la presente coyuntura y para ello solo existe un camino: retomar la INSTITUCIONALIDAD partidaria y asegurar su UNIDAD interna respetando las reglas de juego contenida en sus ESTATUTOS.