Los procesos históricos nos enseñan a valorar la evolución legal del principio de la buena fe partiendo de la Constitución y las leyes de cada país. En este sentido, es bueno precisar que en el derecho moderno existe la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva, conceptos de los que se pueden derivar la culpa por ignorancia o error y la responsabilidad directa por violación a leyes y normas.
Es importante observar las raíces vinculantes entre el interés marcado de determinados actores políticos a la hora de expresar su intención de “buena fe” y relacionarlo con los preceptos legales, siempre acorde con algunas jurisprudencias y normativas legales. Estos hallazgos nos pudieran conducir al descubrimiento de las “buenas intenciones” o de las “intenciones aviesas” de caer en la violación flagrante de la Constitución y las leyes del país.
El presidente Luis Abinader en sus últimas declaraciones con los medios, y de manera muy especial con los llamados comunicadores “independientes”, ha reiterado que no confía en la actual Cámara de Cuentas y que ha ordenado a la Contraloría General de la República auditar a los funcionarios salientes, toda vez que, según sus propias palabras, el órgano fiscalizador del Estado, único facultado, según la Constitución de la República y la Ley 10-04, para esos fines, no tiene el tiempo ni los auditores suficientes para desempeñar su rol como órgano de control externo y fiscalizador del patrimonio del Estado.
La Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, en el Capítulo 1, sobre su naturaleza y atribuciones, establece de manera taxativa en su artículo No. 9: “La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su calidad de órgano instituido por la Constitución con carácter principalmente técnico, goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, y, en tal virtud tiene personalidad jurídica instrumental, correspondiéndole el examen de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales para informar a quienes sea de rigor, conforme a las normas constitucionales y la presente ley”.
En tanto que la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, respecto a su finalidad y ámbito de aplicación de la Ley, en su capítulo único establece: “La presente ley tiene por finalidad instituir el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes; establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República; regular el control interno de los fondos y recursos públicos y de la gestión pública institucional y su interrelación con la responsabilidad por la función pública, el control externo, el control político y el control social; y, señalar las atribuciones y deberes institucionales en la materia”.
Como podemos ver, las leyes son bastantes claras en cada una de las instituciones, así como en cuanto a sus responsabilidades y funciones específicas. Un Jefe de Estado debe pensar muy bien cada palabra dirigida al país que dirige, al tiempo de procurar estar rodeado de un buen equipo de asesores en cada materia para no estar presumiendo de ignorante ante la ley o considerar que “la Constitución es un pedazo de papel” con el cual se puede hacer cualquier aseo personal.
“El Estado soy yo”, fue una frase pronunciada por el rey Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca. Se trata de la concepción del derecho divino de gobernar que el rey o monarca tenía de nacimiento, transmitido por herencia, lo que lo situaba por encima de la ley. Al parecer, y ojalá equivocarme, nos encontramos ante el surgimiento de un nuevo monarca del Siglo XXI: Luis “XV” Abinader Corona.
Anunciar al país que el actual presidente de la República va a recomendar miembros “independientes” para la Cámara de Cuentas, nos recuerda algunos nombramientos hechos por el mandatario, tales como: Milagros Germán, Juan Bolívar Díaz, Carlos Pimentel, Miriam Germán y Andrés L. Mateo, entre otros.
“Los enemigos de mi enemigo son mis amigos”, dice un proverbio árabe para justificar que dos partes que tienen un enemigo común se pueden unificar para perseguir juntos la misma meta. En este sentido, la sociedad dominicana está muy pendiente a las medidas y aprestos que se pudieran estar orquestando desde el gobierno de Luis Abinader y sus “independientes” preferidos, todos enemigos del PLD, sobre todo, de la pasada gestión de Danilo Medina.
“Nadie está por encima de la ley ni tampoco al margen de ella”, sobre todo cuando los ciudadanos que hoy ejercen funciones públicas, empezando por el primer ejecutivo de la nación, juraron cumplir y hacer cumplir las leyes del país.
Las retaliaciones políticas y los escándalos mediáticos nunca han sido legados trascendentes de la clase política en el poder. Solo las acciones concretas y los buenos resultados en la aplicación de políticas públicas coherentes y acertadas, se convierten en legados permanentes de quienes ejercen funciones públicas.
