Opinión

La grave crisis de confianza, credibilidad, de imagen y desprestigio por la que
atraviesa la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) desde hace muchos años,
refleja la gran debilidad institucional que afecta a este y otros órganos del sistema
nacional de control.

La CCRD es el órgano superior del sistema nacional de control de la fiscalización
externa y auditoria de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del
patrimonio del Estado. Sus miembros son escogidos por el senado de la República de las
ternas suministradas por la Cámara de Diputados, luego de ser evaluados y entrevistados
por una comisión escogida para estos fines. Es la única institución del sistema de
fiscalización facultada constitucionalmente para emitir una resolución que puede servir de
base para el sometimiento a la justicia a los funcionarios por distracción y malversación de
los recursos públicos.

El pleno de miembros de la actual CCRD, fruto de una serie de conflictos, irregularidades,
desaciertos, prudencia, falta de autoridad, de gerencia; enfrentamientos y acusaciones entre
ellos, ha sido objeto de fuertes críticas, interpelaciones y de una solicitud para un juicio
político por el Congreso Nacional. Para ello se requiere de las 2/3 partes de los miembros
de la matrícula de diputados, pero debido a que las bancadas de los partidos mayoritarios
allí presentes están muy divididas en torno a este propósito, difícilmente este juicio se
pueda realizar.

No obstante el Congreso Nacional, buscando una solución salomónica a la grave crisis por
la que atraviesa la CCRD, decidió prácticamente al vapor, sin ni siquiera estar
contemplado, conocer y aprobar en dos lecturas consecutivas las modificaciones a la Ley
10-04, que rige la actual Cámara de Cuentas de la República. Entre las modificaciones que
se le hicieron se encuentran: el presidente del órgano fiscalizador será escogido por cuatro
años en vez de dos; que las auditorías realizadas sean revisadas y autorizadas por un
organismo internacional, entre otras.

Como no habrá juicio alguno contra los miembros del pleno de la CCRD, estos continuarán
en sus funciones para las que fueron escogidos. Tal vez, el presidente de esta institución,
dado los conflictos que se han originado en torno a su figura, sea el único que sea removido
a otra posición, con lo que se demuestra una gran debilidad institucional en ese poder del
Estado dominicano.

Otro caso de una gran debilidad institucional, que tiene que ver con este órgano fiscalizador
de los recursos públicos, que aún permanece en vilo y en silencio, lo constituye la ejecución
del embargo forzoso que la Procuraduría General de la República realizó a la gestión de la
CCRD por el periodo 2016-2020, en el que se utilizó una parafernalia con la fuerza pública,
incautando equipos tecnológicos y documentos oficiales. En toda la historia republicana de
nuestro país, no se tenía un precedente de esta naturaleza, en que un poder del Estado,

como la Procuraduría General, utilizando la fuerza pública, actuara en contra de la
institución superior de la fiscalización externa de los recursos públicos.