Opinión

Una Transparencia Opaca

Recientemente el presidente Luis Abinader creó, mediante Decreto
76-25, la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción
(CPTA), con el objetivo de “integrar y coordinar las distintas estrategias
gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información
pública”.

Debemos resaltar que al igual que esa iniciativa que hoy se anuncia,
el gobierno central ha llevado a cabo múltiples acciones, y exhibe
supuestos avances en vastos anuncios pagados en los diferentes medios
de comunicación sobre transparencia, rendición de cuentas y apertura a la
información pública.

Sin embargo, nos surgen las preguntas, ¿Es algo cierto, o solo
mucha campaña mediática, demagogia publicitaria o populismo? ¿No
será que la creación de esa Comisión sea una señal de que las cosas no
andan muy bien en materia de transparencia en el gobierno?
Uno de los elementos que más identifica a un gobierno moderno es
la transparencia. Un gobierno transparente es aquel que proporciona
información rápida, oportuna, confiable y entendible sobre lo que está
haciendo el gobierno, sus acciones, ejecutorias y gastos.

Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, a veces la
denominada transparencia se torna opaca, su finalidad no es la de
generar espacios para que el ciudadano pueda conocer y controlar, sino
más bien, dar la imagen de que el gobierno se apertura y genera fácil
acceso, cuando en la práctica nos encontramos con una realidad que nos
conduce a pensar todo lo contrario.

En el país el gobierno ha mejorado en algo las informaciones, pero
sólo de cifras e informaciones generales y selectas. Hay entidades que
han mejorado considerablemente, y otras nada. La verdad es que aún
falta mucho por hacer público y transparentar.

A nivel de transparencia y rendición de cuentas, estamos aún muy
por debajo del promedio internacional sobre la materia. No existe
rendición de cuentas real ni transparencia comparable con países
organizados.

Los costos unitarios de las obras construidas (avenidas, escuelas,
iglesias, polideportivos, acueductos, bacheos de calles) no se conocen con
exactitud. No existen informes finales de costos de obras, ni cifras, ni
presupuestos detallados publicados en la página web de Presupuesto o de
la institución ejecutora.

Del manejo de los fondos públicos relacionados con el Programa
Supérate, el INTRANT, AERODOM, EDEs, Educación (concursos para
docentes), INAPA y los 140 millones de dólares en préstamos para
¨resolver¨ problemas del drenaje pluvial, se conocen también solo
datos e informaciones muy vagos y generales.

Debemos ver con un alto grado de preocupación los contratos
multimillonarios de alquiler realizados por la Oficina Gubernamental de
Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), y otras
instituciones públicas, con cifras que superan los 2,000 millones de pesos,
sin mostrar el más mínimo ejercicio de transparencia, acción que ha
desatado controversia y rechazo en todo el país.

Todo es un misterio. Solo se conocen cifras generales ofrecidas en
ruedas de prensas y “auditorias” de Contraloría que reflejan
superficialidades, así como breves discursos, pero nada formal por
escrito.

En general, para no entrar en más detalles, es obvio que en el país
no existe una real y moderna transparencia y rendición de cuentas. El
gobierno informa y exhibe lo mínimo con dato parciales. No hay
informaciones económicas relevantes, informes de ejecución de obras con
datos financieros y auditorías finales.

La ciudadanía y la sociedad demandan cada vez más una mayor
información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los
poderes públicos.

Debemos aspirar al libre uso de la información pública de una forma
fácil y accesible, procurando conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y
cuánto gastan los responsables en las diversas políticas que ejecutan.

El éxito de las políticas de transparencia depende de que la
información sea accesible y disponible para todos los usuarios. Una
política pública es transparente si es comprensible, si la información está
disponible y se garantiza el derecho de acceso a la información pública.
No basta con discursos bonitos y creación de nuevos órganos.

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